El Fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), que pretende instrumentalizar justicia penal con fines políticos, de desestimar la apelación de Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto denominado “Caso Venezuela I”.
“Como Ministerio Público (MP) rechazamos esta decisión, que insiste en el camino de la instrumentalización de la justicia penal internacional con fines políticos”, expresó el Fiscal general, al tiempo que reiteró la postura firme y apegada a derecho ante la decisión de la CPI de desestimar la apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.
Saab, reveló que la estrategia de acusar a Venezuela en la CPI “fue coordinada entre (el secretario general de la OEA) Luis Almagro y el Grupo de Lima para lograr lo que por otras vías no han logrado”. Denunció asimismo que para “aupar este caso se ha utilizado todo un arsenal de medios de comunicación, redes sociales, organizaciones y figuras públicas a los fines de construir una realidad paralela”.
El Fiscal general en ese sentido, reiteró que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad, y que el MP junto con los órganos auxiliares de justicia ha investigado y sigue investigando cada caso de presuntas violaciones a derechos humanos del que ha tenido conocimiento.
“Aún en los contextos más difíciles de violencia insurreccional llamadas “guarimbas” y de acciones violentas”, dijo.
Puntualizó que, los crimenes de lesa humanidad, en los términos previstos en el Estatuto de Roma, consiste en una serie de delitos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, por lo que citó el caso de Israel contra Palestina.
El titular del MP se preguntó, ¿qué significa genocidio? “Es el exterminio sistematizado de una población civil. Vean cómo era el mapa de Palestina en 1948, y ahora pretender reducirlo a nada”.
“Me hago una pregunta con las cifras que vamos a transmitir, porque adrede se oculta información. ¿Qué sentido tiene que en Venezuela se aplique el Estatuto de Roma cuando el Estado está actuando?”, inquirió ante los medios de comunicación.
Cifras del MP
Desde “nuestra llegada en agosto de 2017”, recalcó, se han imputado 2.313 personas por violaciones a derechos humanos. Han sido acusados 2.658 involucrados; 993 han sido privados de libertad y “hemos logrado 555 personas condenadas”.
Prosiguió preguntándose “¿Qué hizo la anterior gestión al respecto? Recibimos una bodega, un antro porque el esposo de la anterior Fiscal General y ella misma son prófugos de la justicia”.
Resaltó como desde el año 2018 hasta el año 2023 las denuncias de estos casos disminuyeron en un 36 por ciento. “Este esfuerzo sostenido se ha reflejado en una disminución significativa de las denuncias de violaciones a los derechos humanos”.
Recordó que Venezuela es Estado Parte del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, desde el 7 de junio de 2000, al tiempo que destacó que el Estado venezolano ha apoyado el mandato dado por los estados partes a la CPI desde su creación. “En ese sentido, Venezuela ha colaborado y seguirá colaborando con la CPI porque somos respetuosos de la verdadera justicia internacional”.
Detalló que el Estado venezolano desde el inicio del proceso que se lleva a cabo ante este organismo han consignado 14 extensos informes ante la Fiscalía de la CPI, que van desde un informe inicial; 4 informes ampliados de toda la información de casos objeto de estudio y avances estadísticos.
“Venezuela presentó ante la Fiscalía de la CPI un compendio de 300 fichas o minutas que señalan los avances significativos de cada caso en particular, que fueron ofrecidos como muestra a la Fiscalía de la CPI”, agregó. Sin embargo, reveló que Venezuela conoció que la Sala de Cuestiones Preliminares apenas revisó el 20 por ciento de la información suministrada. “¿Para qué se hace un Estado parte del Estatuto de Roma? Es una ofensa a ese memorándum firmado”, dijo.
Un sesgo mediático
Reiteró la medida tomada por la CPI es una evidencia más de los sesgos y la intención de tutelar a todo el sistema de justicia venezolano; al estilo del colonialismo jurídico de quienes “están interesados a destruir la democracia venezolana”.
“Desde noviembre de 2020, cuando visitamos a la fiscal Bensouda en La Haya, hemos venido señalando que Venezuela no ha recibido el mismo trato que otros países en este proceso, y hoy lo volvemos a reiterar”, comentó.
Recordó que desde el país vecino, Colombia, “Uribe lo convirtió en un camposanto. La CPI abrió una investigación y luego fue cerrada. Mismo caso en Reino Unido”, también mencionó al acuerdo de cese al fuego en Palestina, “la propuesta se veta y no llega a nada”.
“Contra Venezuela se busca tutelar y colonizar jurídicamente a nuestra nación; mientras Palestina literalmente está desapareciendo de la faz de la tierra”, reflexionó.
“Se estima que en marzo se instalará la CPI en Cisjordania. Vamos a ver si eso pasa”, finalizó.
