Exrectores del CNE. Un grupo de exautoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), del extinto Consejo Supremo Electoral, (CSE) introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo para pedir la suspensión de las normativas que aprobó el Poder Electoral para que rijan las elecciones del 6 de diciembre de 2020.

¿Las razones? Consideran que la convocatoria, tal como está planteada, vulnera los derechos ciudadanos y viola varios artículos de la Constitución. 

Los solicitantes son Andrés Caleca, Eduardo Roche Lander, Ildemaro Martínez, Rafael Lander y Egleé González Lobato. 

“Interponemos el ejercicio de amparo en forma conjunta con la acción popular de inconstitucionalidad, que permite que el derecho al sufragio, en sus dos acepciones, no se encuentre vulnerado, impedido o amenazado su ejercicio, por las violaciones que atenten contra las normas constitucionales y legales que rigen a los procesos electorales que se realicen en nuestro país, como así ocurre actualmente para la elección parlamentaria de la Asamblea Nacional”, se lee en parte del documento que los magistrados de la Sala Constitucional recibieron este miércoles, 29 de julio, en la noche. 

Celiz Mendoza, el abogado que asistió a las exautoridades electorales, precisó a El Pitazo que las normativas que rigen el proceso violan los artículos 73, 77, 186, 292, 293 y 298 de la Constitución.

“Pedimos suspender los efectos de las disposiciones de la convocatoria electoral hasta que se resuelva el recurso principal. Esas normativas, las que establecen el voto subrogado de los indígenas, la creación de un sistema electoral que no es el establecido en la Carta Magna, y el aumento de diputados sin considerar la base poblacional, tienen que suspenderse porque no brindan la confiabilidad a los ciudadanos en el proceso y porque ¿cómo se puede participar en un proceso con todas estas irregularidades?.

La gente entonces, por omisión, termina siendo cómplice. Hay una cantidad de vicios”, afirmó el jurista. 

Para Mendoza, uno de los puntos centrales del amparo es que los principios de transparencia e igualdad tienen que ejercerse simultáneamente.

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