La semana pasada se registró un nuevo acto de criminalización de activistas de Derechos Humanos en Venezuela con el proceso judicial impulsado por el gobernador de Carabobo, Rafael Lavaca, contra Marino Alvarado, coordinador de Legal de Provea, y el padre Alfredo Infante, director de DD.HH. del Centro Gumilla.

Idaed / Elcarabobeño

Según reseño Transparencia Venezuela, el uso del Poder Judicial y organismos de seguridad del Estado para amedrentar a defensores, así como a representantes de las organizaciones no gubernamentales ha sido denunciado como uno de los patrones de la política represiva en Venezuela, lo que dificulta el respeto a los DD.HH. y significa un riesgo para quienes los defienden.

Más episodios de represiones contra activistas

En enero de 2020 fue objeto de un allanamiento la sede de Prepara Familia, y en septiembre del mismo año un procedimiento similar fue practicado en la sede de Acción Solidaria, con la retención de sus miembros durante unas horas.

El 25 de noviembre de 2020 la sede de Alimenta La Solidaridad fue requisada por agentes de seguridad, así como la residencia del director de esa organización y Roberto Patiño. Las cuentas bancarias de la organización también fueron congeladas.

El 15 de diciembre de 2020 fue allanada por funcionarios de la FAES la oficina de la organización Convite, ubicada al este de la capital, por orden del Tribunal 4to de control de Caracas y fueron detenidos por unas horas su director general Luis Francisco Cabezas y la activista Patrizzia Latini.

El 12 de enero de 2021, la organización Azul Positivo fue objeto de un procedimiento en el que participaron al menos 15 efectivos de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM). Hubo 6 detenidos: el director de Azul Positivo, Johán León Reyes; Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Miguel Guerra Raydan, y Luis Ferrebuz, fue detenido en su casa. Guerra fue puesto en libertad posteriormente. Fueron incriminados por programa de transferencias monetarias (cash transfers) que adelantaban en favor de familias más desfavorecidas en el municipio San Francisco del estado Zulia.

Se trata de uno de los episodios más graves de amedrentamiento a trabajadores humanitarios en Venezuela. El procedimiento fue ordenado por la justicia militar, pero luego un tribunal civil decretó su detención por los delitos de adquisición ilegítima de bienes y servicios, blanqueo de dinero y asociación para delinquir. La DGCIM decomisó 3 equipos de computación, 12 tarjetas de beneficios del programa humanitario, el banco de datos de los beneficiarios y 5 equipos telefónicos.

El 2 de julio de 2021 fueron detenidos integrantes de Fundaredes en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, a raíz de las denuncias hechas por la organización en relación con el conflicto armado en el fronterizo estado Apure. Inicialmente fueron aprehendidos Javier Tarazona, director de esta organización y los activistas Omar de Dios García y Rafael Tarazona.

Eliminación de las ONG en Venezuela

De acuerdo con Transparencia Venezuela, la Asamblea Nacional electa en 2020 retomo las discusiones sobre el cuestionado proyecto de Ley de Cooperación Internacional que, pese a ser similar al establecido en 2006, ahora contiene una nueva disposición que daría a las autoridades la potestad de prohibir e incluso eliminar a las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles.

Esto es lo que establece el artículo 26 del borrador que transcendió públicamente a principios de mayo:

“Serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”.

¿Es o no es una amenaza a las ONG?

La iniciativa de impulsar la Ley de Cooperación Internacional ha sido duramente criticada desde el movimiento de Derechos Humanos.

“Creemos que lo que se intenta es promover obstáculos para nuestro trabajo y al mismo tiempo generar divisiones y fragmentaciones entre el movimiento de derechos humanos y la sociedad civil, porque mientras el Gobierno de Nicolás Maduro tiende puentes con algunos sectores, avanza con este tipo de medidas contra otros”, denunció Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien dijo que el texto es similar a uno que rige en Nicaragua, donde decenas de agrupaciones civiles ya han sido ilegalizadas.

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Timoteo Zambrano, negó que el propósito del Parlamento dominado por el oficialismo sea acabar con las ONG y calificó este señalamiento como una “leyenda negra”.

“El proyecto de ley lo recibimos al llegar a la comisión, ya estaba, y apenas estamos empezando a discutirlo, es un proyecto al que le falta mucho camino por recorrer y que seguramente experimentará muchos cambios al momento de que sea llevado a la cámara. No quiero adelantar nada, pero el objetivo de la ley es buscar la transparencia en la cooperación internacional, nada más”, dijo el legislador en una reciente entrevista a Crónica Uno.

El diputado Timoteo Zambrano parece olvidar que instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han cuestionado el texto de la Ley de Cooperación Internacional, por considerarlo un riesgo para el derecho la asociación y a la participación en los asuntos públicos.

Las palabras de Zambrano contrastan con las sucesivas amenazas de voceros del chavismo contra las ONG en los últimos años.

“Vamos revisar las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países (…) Vamos aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda, a aquellos que reciban financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. ¡Ya basta pues!”, soltó en 2020 el entonces presidente de la extinta Constituyente, Diosdado Cabello.

Violaciones de derechos políticos

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizará las irregularidades ocurridas en las elecciones presidenciales celebradas en 2013, haciendo énfasis en la manera cómo las autoridades despacharon las denuncias de la oposición.

Según informó la Corte IDH en un comunicado de prensa, el caso de los comicios celebrados a raíz del deceso de Hugo Chávez, y que oficialmente ganó Nicolás Maduro con una ventaja de 1,49% de los votos, fue llevado ante la Corte IDH, con sede en San José Costa Rica, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que dio por válidas las denuncias formuladas por el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski.

La CIDH acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de violar al entonces candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en sus derechos elegir y ser electo, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y la protección judicial efectiva, todos ellos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Capriles no es el primero

El caso de Capriles no es el primero que relacionado con la presunta violación de derechos políticos en Venezuela que la CIDH analizará.

En 2011, el tribunal regional condenó al Estado venezolano por violar sus derechos a elegir y ser electo al también dirigente opositor Leopoldo López, quien fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por la Contraloría General de la República.

Semanas atrás la CIDH emitió otro comunicado instando a las autoridades a derogar la figura de las “inhabilitaciones administrativas” que puede imponer la Contraloría.

La organización Acceso a la Justicia, denunció en un análisis que solo entre 2002 y 2015, esta instancia sancionó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre los cuales destacan López y el propio Capriles, así como disidentes del chavismo como el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.