El secuestro de 11 vehículos cargados de productos de contrabando por parte de disidentes de las FARC en la frontera con Ecuador puso en evidencia una nueva modalidad de financiamiento criminal, y dejó al descubierto la falta de controles efectivos en la zona.
De acuerdo a las declaraciones oficiales del comandante Oswaldo Forero, el 8 de mayo un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestró casi una docena de camiones que transportaban productos de contrabando en varios puntos de la frontera entre Carchi, Ecuador, y Nariño, Colombia.
Los disidentes exigían el pago de una extorsión de entre US$ 3.000 y US$ 5.000 para permitir el paso de los vehículos, según informó el comandante a cargo de la operación, Oswaldo Forero.
El paso entre Carchi y Nariño es extremadamente poroso. Se estima que hay más de 70 puntos que pueden ser utilizados para distintas actividades ilegales, entre ellas el contrabando de productos como cigarrillos, ropa, electrodomésticos, gasolina y, en algunos casos, drogas.
El contrabando en el área ha crecido exponencialmente en los últimos años. Pasó de US$ 3,9 millones en 2016 a US$ 8,8 millones en 2017, según información de la aduana de Ecuador.
Se cree que varios grupos ilegales controlan el contrabando en esta zona de frontera. En Nariño, un grupo disidente de las FARC está al frente de las extorsiones a contrabandistas. En Carchi también hay presencia de miembros de la ya desmovilizada guerrilla.
La evidencia del uso de esta modalidad de extorsión por parte de disidentes de la FARC en la frontera entre Colombia y Ecuador muestra su capacidad de adaptación para buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Esto es particularmente relevante porque las autoridades de Colombia se han centrado en la lucha contra el narcotráfico, una de las principales fuentes de ingresos de las ex-FARC. En los primeros cuatro meses del 2019 se incautaron 192 toneladas de drogas, 11 por ciento más que en 2018, según un informe reportado por Blu Radio.
Por otro lado, las disidencias de las FARC conocen la zona, donde tenían presencia antes de la firma de los acuerdos de paz en 2016.
Pero las extorsiones también se llevan a cabo en el lado ecuatoriano de la frontera, presuntamente por grupos ilegales subcontratados por la disidencia.
Durante el trabajo de campo que InSight Crime realizó en Ecuador, la Defensoría del Pueblo de Manta dijo que “Se conoce el caso de vehículos que tienen valores de hasta US$12.000 y por los que se cobra US$4.000 de extorsión”.
Las autoridades de Colombia y Ecuador se han comprometido, en numerosas oportunidades, a tomar más acciones para garantizar la seguridad en la frontera. Sin embargo, la porosidad y extensión del área, combinada con la fortaleza histórica de los grupos criminales que allí operan, hacen que hasta el momento aquellos compromisos no estén dando los resultados deseados.
