Funcionarios militares y policiales determinaron que muchos de estos delitos son dirigidos desde las prisiones; sin embargo, solo se limitan a hacerles recomendaciones a las víctimas para que no caigan en los engaños. El OVP informó el año pasado que presos manejan un negocio de cuatro millones de dólares anuales producto de actividades ilícitas.

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n diciembre del año pasado, jefes del Destacamento 343 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en el municipio Pedro Zaraza del estado Guárico, emitieron una alerta pública sobre una serie de engaños a los que eran sometidos habitantes de esta localidad.

A través de una llamada telefónica, les aseguraban que habían sido beneficiados con un combo de ocho electrodomésticos del plan Mi Casa Bien Equipada, luego se les hacía cancelar un monto en bolívares y los operadores telefónicos desaparecían.

Las víctimas acudieron a este puesto militar, a cargo en ese entonces del capitán Johan Sierra Sánchez, a poner las denuncias tras ser estafadas. El oficial les aseguró que las investigaciones que hicieron arrojaron que los mensajes y llamadas se realizaban desde el Centro Penitenciario Región Capital Yare II, en el estado Miranda.

Parte de estas acciones delictivas provienen de cárceles del país, como demuestran pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Guardia Nacional y Observatorio Venezolano de Prisiones, ONG que el año pasado informó que presos manejan cuatro millones de dólares anuales, producto de actividades ilícitas, entre ellas las estafas y extorsiones telefónicas.

Desde el año 2016, la Asamblea Nacional sancionó una ley que obligaba al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a instalar bloqueadores en las cárceles, pero esos equipos solo duraron tres meses, relató una fuente del sector a El Pitazo.

Sanciones para quien introduzca un teléfono a las cárceles

La Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios fue aprobada bajo la gestión del Parlamento con mayoría opositora y publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria número 6.240.

La norma estipula una pena de tres a cinco años para aquel que introduzca o facilite la introducción en penales de celulares o equipos con acceso a internet. De ser funcionario, los cargos aumentarían de cuatro a seis años.

“Durante la elaboración de esta ley se hicieron distintas consultas y en ese momento se determinó que 70 % de las extorsiones y delitos de estafas salían de las cárceles. Se presume que esta situación sigue igual en la actualidad, pero es difícil comprobar en un país sin instituciones como Venezuela”, detalló el experto en seguridad ciudadana y coautor de este estatuto, Luis Izquiel.

El entrevistado aseguró que una de las “estafas de moda” es que delincuentes se hacen pasar por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) o de alguna empresa telefónica y piden a sus víctimas, a través de llamadas telefónicas, que entreguen un código que acaba de llegarles con el presunto fin de actualizar el equipo a tecnología 5G o aportar otro beneficio. Al enviar la combinación a los estafadores, estos logran robar su dirección de WhatsApp y de allí en adelante usurpan su identidad.

Inhibidores de señal inutilizados en penales venezolanos

Un exmilitar entrevistado bajo reserva de su nombre, quien fue custodio en diferentes penales del país entre 2015 y 2020, declaró que en su primer año de funciones en estos centros, el Gobierno nacional instaló inhibidores de señal que inutilizaban teléfonos móviles y demás aparatos electrónicos. Detalló que su tiempo de duración fue de tres meses.

“Los aparatos fueron colocados en puntos estratégicos porque tienen un radio de frecuencia que distorsiona la señal en unos 20 y hasta 40 metros alrededor del área donde se encuentran ubicados. Esos equipos electrónicos son muy delicados y eran colocados sobre todo en el área de garitas y prevención. En principio fueron muy buenos porque no había señal para los privados de libertad, pero tampoco para las autoridades que estaban trabajando en ese sector: director del penal, subdirector y jefe de régimen”, explicó.

Debido a las dificultades de comunicación para la directiva, quitaron los artefactos de áreas estratégicas y los colocaron solo en garitas. “A partir de ese momento, el personal profesional se prestaba para dañar los equipos, picaban los cables, enchufaban y desenchufaban con la finalidad de dañar el aparato”, expresó la fuente.

El entrevistado aseguró que al verse sin señal, los privados de libertad buscaban teléfonos analógicos para comunicarse. “Los inhibidores fueron quedando obsoletos y solo eran colocados cuando alguna autoridad ministerial visitaba un penal. También cuando había rumores de planes desestabilizadores. El último de estos aparatos que colocaron, según recuerdo, fue en 2020, en la cárcel militar de Ramo Verde por rumores de un alzamiento en los cuarteles”, puntualizó.

Engaños a la orden del día

Luis Torreia es propietario de una agencia de cambio virtual que funciona en la Gran Caracas. El comerciante relató que las transacciones a través de Zelle se han convertido en un riesgo, por lo que deben verificar varias veces antes de hacer alguna entrega en efectivo o transferencia bancaria.

“En una oportunidad me escribió alguien que representa a una carnicería. Se identificó, pude ver su cuenta en Instagram con miles de seguidores, me pasó su cédula de identidad, es decir, que pasó todas las pruebas de seguridad. Le transferí una cantidad de bolívares para comprar dólares a esa persona y nunca me los envió por Zelle”, afirmó el comerciante.

Ante este tipo de eventos, expertos del Cicpc explican que este es el fin de delincuentes que roban cuentas de particulares o empresas, pues luego usurpan su perfil para aprovecharse de sus contactos.

“A veces los estafadores envían correos electrónicos haciéndose pasar por el Bank of America. Son transacciones que revisamos con mucho ojo”, detalló Torreia.

“También conocí la estafa nigeriana –apuntó el comerciante–. Según este procedimiento, te escribe una persona desde el exterior haciéndose pasar por una empresa de inversionistas y te muestran unos planes de inversión. Te darás cuenta de que hay muchas fallas porque se habla de una cantidad exorbitante de dinero que ganarás con una mínima inversión”, alertó Torreia.

Investigaciones que no avanzan

La periodista y experta en crimen organizado Ronna Rísquez opinó que más allá de la colocación de inhibidores de señal en las prisiones, queda por resolver cómo entran los celulares y quién investiga las estafas.

“El Cicpc identificó las conexiones y orígenes de estas estafas y también las cárceles en las que se cometen estos delitos. Si ya se sabe, entonces cuál es el siguiente paso y por qué no se termina de dar”, cuestionó.

Respecto a las triangulaciones hechas por la policía científica y que confirman que las llamadas y mensajes provienen de los centros penitenciarios, la investigadora aseguró que las personas que establecen las comunicaciones extorsivas también están identificadas.

“En las cárceles de Trujillo, El Dorado y Santa Ana, entre otras, se han identificado las llamadas extorsivas. Es evidente que hay medidas que no se están tomando, pero el problema es que lo demás no debería existir para llegar al uso del inhibidor de señal, y si se llegó a este punto es porque hay un montón de pasos que no se están cumpliendo”, explicó Rísquez.

La experta en crimen organizado comparó la inversión que será necesaria para colocar nuevamente estos artefactos con el control que se puede realizar para impedir el ingreso. “Limitar el acceso es una medida que no cuesta dinero y que debe aplicarse”, puntualizó.

Autoridades militares y policiales están al tanto de esta situación, y desde que se incrementaron los engaños a través de ofertas falsas y usurpación de perfiles de redes sociales y servicios de mensajería se limitan a advertir a la ciudadanía de que parte de este modus operandi viene de las prisiones. Pero hasta la fecha siguen sin elaborar un plan para combatir estas mafias carcelarias.

La respuesta para las víctimas que acuden a las diferentes instancias para denunciar las estafas se limita únicamente a instarlas a estar alertas para no volver a caer en las trampas.

El Pitazo escribió al correo denunciafamilia2021@gmail.com, dispuesto en su página web para “atender inmediatamente a los familiares de privados de libertad y al público en general, brindando respuesta directa a las solicitudes correspondientes”, con el fin de recibir una respuesta oficial sobre las estafas carcelarias y la ausencia de inhibidores de señales. Hasta la fecha de publicación de este trabajo aún esperamos.