Reuters investigó 20 asesinatos cometidos por una fuerza policial cada vez más conocida por ejecuciones sumarias en barrios pobres de Venezuela. Abundan las disparidades entre las versiones de la policía y las de los testigos, las familias de las víctimas y los certificados de defunción.
Antes del amanecer del 8 de enero, varias decenas de policías se desplegaron por las calles del Barrio Kennedy, una empobrecida zona situada en una ladera que rodea la violenta capital de Venezuela.
Algunos agentes fueron recibidos a tiros por delincuentes. Respondieron al fuego, hiriendo a cinco jóvenes. Los cinco fueron llevados al hospital, pero terminaron falleciendo por la gravedad de sus heridas.
Esa fue, al menos, la versión oficial detallada al día siguiente en un comunicado de la unidad de élite que realizó la operación, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela.
La versión del comando difiere de la de cinco testigos reunidos por Reuters. Los testimonios aseguran que la policía mató a una de las víctimas, pero no en una balacera en la calle, sino dentro de su casa.
La versión oficial también se contradice con un video de esa víctima, unas imágenes a las que tuvo acceso Reuters y que son reportadas aquí por primera vez. El material fue obtenido por investigadores de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana.
La grabación de 82 segundos muestra a un hombre sin camisa y desarmado en un depósito dentro de su casa, al tiempo que es interrogado por los policías sobre el robo de un auto en las cercanías, mientras suplica por su vida.
“Hermano”, dice José Arévalo, de 29 años, trabajador de una tienda que cumplió una condena por robo a mediados de esta década y desde entonces evitó más problemas. “No me vayas a matar”.
ÚLTIMOS MOMENTOS: Un extracto del video del interrogatorio de José Arévalo justo antes de su muerte. A pedido de su familia, Reuters ha silenciado el audio, en el que se le escucha suplicando por su vida. REUTERS
“Si tú colaboras, te vas a ir”, responde un agente no identificado, de uniforme negro y pasamontañas. “Si no, te vas a morir”.
El video fue grabado en los últimos minutos de vida de Arévalo, dijo su novia a Reuters.
Según afirmó, la pareja estaba en casa con sus dos hijos cuando irrumpieron unos 15 uniformados y una persona no identificada con ropa civil.
A ella la sacaron de la casa con los niños. Hablando bajo condición de anonimato, la novia de Arévalo dijo creer que el video fue filmado por una de esas personas, todas desconocidas para ella, una vez que estuvo afuera de la casa.
Desde la calle escuchó cómo Arévalo era golpeado, señaló. Minutos después, escuchó disparos. Vio a los agentes sacar a Arévalo de la casa, aparentemente muerto y completamente vestido.
Luego, la policía acribilló a balazos las paredes de la casa, haciendo parecer que se había producido un tiroteo. Justo antes de partir, robaron un cartón de huevos y la bicicleta de sus hijos, indicó.
“Si mi hijo había cometido algún delito, ellos tenían que llevarlo a un tribunal e imputarle”, dijo Zuleica Pérez, la madre de Arévalo y encargada de identificar más tarde el cadáver en la morgue. “En cambio, decidieron ajusticiarlo”.
El relato que hizo la novia fue corroborado por otros cuatro testigos que estaban en el lugar de los hechos. El caso es uno de los 20 que Reuters documentó en todo el país y en los que testigos han descrito ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales o FAES, como es conocida por sus siglas en español.
El comisionado jefe de FAES, José Domínguez, se negó a hablar sobre la muerte de Arévalo y los otros casos mencionados en esta historia. Ni el Ministerio del Interior ni el de Información respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las detalladas descripciones de los hallazgos de este artículo.
El grupo FAES ha sido acusado por la oposición política, las Naciones Unidas y venezolanos de clase trabajadora de realizar ejecuciones extrajudiciales en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En julio, un informe de la ONU denunció las “ejecuciones” del escuadrón FAES y pidió a Maduro que disolviera el grupo. El informe no detalla casos específicos de abuso ni identifica a ninguna de las personas asesinadas.
Maduro calificó el informe de “parcial” y en un discurso televisado a nivel nacional gritó desafiante: “¡Que viva el FAES!”.
Durante meses, Reuters, otros medios, agencias internacionales y grupos de derechos humanos han informado sobre acusaciones en torno al grupo FAES.
Ahora, después de una investigación de cuatro meses, Reuters contrasta los relatos de decenas de testigos, familiares de los fallecidos y documentos oficiales relacionados con las muertes con las afirmaciones del escuadrón de que sus oficiales dispararon sólo después de ser atacados.
La investigación proporciona el más amplio recuento hasta la fecha sobre los métodos utilizados por esa fuerza especial para eliminar cualquier amenaza que el gobierno de Maduro perciba.
Este retrato del grupo FAES, una fuerza de unos 1.500 agentes, complementa reportes anteriores en los que Reuters examinó otros contundentes mecanismos utilizados por Maduro para controlar a su empobrecida población: desde un abultado cuadro de fieles militares de alto rango hasta un servicio de inteligencia especial creado con la ayuda de asesores de seguridad importados de Cuba.
El grupo FAES es una herramienta diseñada por el propio Maduro.
La creó en julio de 2017, cuando enfrentó un aumento de una delincuencia violenta por el colapso de la economía petrolera de Venezuela. La fuerza fue promocionada por las autoridades como un medio para detener la ola de criminalidad.
En cambio, según políticos de la oposición y expartidarios de Maduro, el escuadrón FAES se convirtió en un medio de control social en los barrios pobres del país, sacudidos por una crisis alimentaria y el desempleo, donde las redes criminales podrían provocar agitación y amenazar la hegemonía del gobierno.
El objetivo, en palabras de un exmiembro del gobierno de Maduro, es infundir miedo y evitar que las calles de Venezuela engendren una nueva oposición política.
“Maduro lo usa cuando necesita un cuerpo que esté a su orden totalmente y que ejerza cualquier atropello, cualquier barbaridad o abuso”, dijo Zair Mundaray, ex asistente de la Fiscalía General, quien abandonó Venezuela después de haberse distanciado de Maduro hace dos años.
