La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado su preocupación por los efectos de la ley integral de amnistía presentada por el Gobierno de Nicaragua, que podría eximir a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el contexto de las protestas contra el Gobierno, que se iniciaron en abril de 2018.
El proyecto de ley, denuncia la oposición, se caracteriza por un lenguaje vago al conceder la amnistía a «las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley», recoge la iniciativa.
La amnistía se extendería «a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación» o en procesos penales y «en cumplimiento de ejecución de sentencias», afirma el texto legal.
Bachelet, en un comunicado, ha denunciado que el Gobierno del presidente Daniel Ortega no ha facilitado el texto del proyecto de ley con antelación, a pesar de las solicitudes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
«Mi oficina y los mecanismos regionales han expuesto las graves violaciones y abusos cometidos desde abril de 2018 en Nicaragua, en particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que, en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual, y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales con la aquiescencia de las autoridades», señaló Bachelet.
La alta comisionada ha recordado que «más de 300 personas resultaron muertas, 2.000 heridas, cientos de personas que se opusieron al Gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas, y el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas».
Conforme a la información disponible, solo se ha dictado una sentencia contra un elemento armado progubernamental y no se ha abierto ninguna investigación a miembros de las fuerzas de seguridad en relación con estos informes sobre violaciones de derechos humanos.
«Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones», ha subrayado Bachelet, quien ha recordado que «también pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad.
Bachelet también ha declarado su preocupación por la adopción, el 29 de mayo, de la ley sobre la atención integral a las víctimas, aprobada en menos de 48 horas, sin haber consultado a la sociedad civil o a las organizaciones de afectados.
Esta normativa, critica, «no establece medidas de indemnización adecuadas y proporcionadas», y da a entender que solo alcanza a las víctimas del «fallido golpe» contra el Gobierno, por lo que sugiere que las personas que se opusieron a Ortega durante las protestas de 2018 son vistas por las autoridades como perpetradores en lugar de víctimas.
