Una ONG nicaragüense de derechos humanos creada en Costa Rica señaló el viernes que en Nicaragua existen “al menos 167 personas presas políticas’, y que solo en el último año “se han documentado 115 testimonios de torturas” a reos de conciencia en cárceles y centros de detención clandestinos.
IDAED / AP News.
Así lo indicó Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, en un conversatorio con otros activistas realizado en la Universidad de Costa Rica, en San José, donde se presentó un informe que asegura que muchos prisioneros en Nicaragua están siendo víctimas de “maltrato y torturas”.
Carrión, exiliado en Costa Rica junto a otros defensores de derechos humanos que salieron de Nicaragua tras la crisis y protestas de 2018, dijo que su ONG dirige el llamado “Observatorio contra la Tortura”, el cual “ha documentado 115 testimonios en cárceles y centros clandestinos”.
También afirmó que la cifra de detenidos sería superior a 167 debido a que varias personas ligadas a la oposición fueron arrestadas en los días previos a las elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido por tercera vez para un cuarto mandato a partir de enero próximo.
Señaló que los “presos políticos” en Nicaragua “son sometidos a todo tipo de atropellos”, entre los que mencionó “incomunicación, aislamiento, agresiones físicas y psicológicas, violencia sexual y alimentación restringida”. Tampoco tienen “derecho a juicios públicos” en presencia de sus abogados y conforme el debido proceso, añadió.
“Nicaragua continúa ejerciendo la práctica de la tortura en perjuicio de las personas presas políticas, con la finalidad de castigarlas por su activismo en la defensa de los derechos humanos, su disidencia política, o su participación en acciones que reivindican el derecho a la verdad, la justicia y la democratización del país”, aseguró el informe de la ONG.
Según el mismo reporte, divulgado en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, los agentes del gobierno también son responsables de la “comisión de otro delito de orden internacional como es la desaparición forzada”, además de “malos tratos y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que se inició tras la revuelta social que estalló en abril de 2018 y fue reprimida por policías y paramilitares, cuya acción violenta dejó 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 103.000 exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno asegura que la cifra de muertos en las protestas sociales no sobrepasó los 200 y que los opositores presos no son líderes y activistas políticos, sino “terroristas” y “criminales” que intentaron un “golpe de Estado” para derrocar a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
En declaraciones a medios oficiales este mismo viernes, Murillo fustigó a las ONG defensoras de derechos humanos que han denunciado a su gobierno señalando que “pretenden ser santos o ángeles y son diablos”. “Los derechos humanos no están ahí, están en los hogares, en las familias y las comunidades de esta Nicaragua bendita”, afirmó.
