La recuperación de la Asamblea Nacional por parte del chavismo no ha puesto fin a la persecución contra los integrantes del anterior Parlamento electo en 2015. Por el contrario, los resultados de las cuestionadas elecciones legislativas de diciembre de 2020 -que el oficialismo ganó ampliamente con su sistema electoral a la medida- parecen haberle dado más bríos para arreciar en su persecución a la disidencia política.

RL / Idaed / CortesíaAccesoalajusticia

En las primeras semanas de 2021, Acceso a la Justicia ha registrado amenazas contra miembros del anterior Legislativo provenientes de sus sucesores, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y hasta de la Contraloría General de la República.

La nueva ola de medidas la inició el nuevo Parlamento dominado por el chavismo, el cual decidió conformar una comisión especial para investigar “los crímenes” cometidos por sus antecesores y que está presidida por el diputado José Brito.

Brito saltó a la palestra a finales de 2018, cuando una serie de investigaciones periodísticas revelaron que él, junto a otros legisladores opositores, viajó por varios países, para interceder ante distintas autoridades extranjeras a favor de empresarios vinculados con el ofialismo. Tras estos señalamientos, el parlamentario fue expulsado de Primero Justicia (PJ) y se acercó al Gobierno de Maduro, el cual le entregó temporalmente las riendas del partido opositor y facilitó su reelección en diciembre pasado.

El pasado día 28 de enero, Brito acudió al Ministerio Público para pedirle que dicte una medida de prohibición de salida del país contra algunos de sus otrora compañeros y colaboradores  de la oposición a la que él mismo representaba antes de su expulsión de PJ (Alejandro Hernández, Sergio Vergara, Javier Troconis, José Ignacio Hernández, Enrique Sánchez Falcón, Marco Aurelio Quiñones, Jorge Millán, Luis Carlos Padilla, Olivia Lozano, Macario González, Luis Silva, Tobías Bolívar, Eliezer Sirit, José Mendoza, Romel Guzamana, Julio Ygarza, Jony Rahal, Marianela Fernández, Alexis Paparoni, María Gabriela Hernández, Orlando Ávila y Romny Flores).

Asimismo anunció que citaría a comparecer a otros opositores más, comenzado por Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia, Ángel Palmieri, Luis Florido, Freddy Superlano, Edgar Zambrano, Williams Dávila, Carlos Paparoni, Enrique Márquez, Luis Stefanelli y Elías Matta, para hablar sobre las supuestas negociaciones para condonar la deuda a Paraguay.

Condena exprés

La Contraloría también se ha sumado a la arremetida, al exigirle a los legisladores electos en 2015 que presenten a la brevedad su declaración jurada de patrimonio definitiva, porque de lo contrario se arriesgan a ser inhabilitados por hasta 12 meses del ejercicio de cargos públicos o para presentarse como candidatos a futuras elecciones.

“Hago un llamado a los diputados salientes: procedan a realizar su Declaración Jurada de Patrimonio por el cese de sus funciones como parlamentarios (…) No vayan a decir que no tuvieron oportunidad y que no se les notificó (…) Aún hay un 95% de exparlamentarios que no la han hecho”, dijo Elvis Amoroso, quien, sin embargo, no precisó si había hecho la misma petición a los más de los 500 miembros de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente que dejó de existir en diciembre pasado.

Días después, el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, dejó en claro que considera que la mayoría opositora de la AN electa en 2015 debería terminar tras las rejas. “Aquellos que intentaron utilizar los espacios del Poder Legislativo para aniquilar la República y adueñarse del país deben ser sancionados conforme a la ley. Aquellos que se aliaron con naciones extranjeras para robarse los recursos de todos los venezolanos, bloquear las operaciones de Pdvsa y regalar Citgo encontrarán en cada juez del Poder Judicial un árbitro imparcial, pero implacable para juzgar sus acciones”, afirmó durante el acto de Apertura de Actividades Judiciales de este año.

Las palabras del funcionario van a contracorriente de lo dispuesto en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos sobre la presunción de inocencia. También, violan lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala:

“Los jueces deben abstenerse de expresar, y aun de insinuar privadamente, su opinión respecto de los negocios que por la Ley son llamados a fallar. Deben igualmente abstenerse de dar oído a todo alegato que las partes o terceras personas, a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerle fuera del tribunal”.

Y aunque, saltó la iniciativa del nuevo Parlamento de conformar una comisión de diálogo, Moreno advirtió que la misma no supondrá un “borrón y cuenta nueva”. “No puede haber reconciliación sin perdón y no existe el perdón sin justicia. El Poder Judicial juzgará con firmeza y establecerá las responsabilidades a las que haya lugar para todos aquellos que atentan contra la patria”, amenazó.

Con esposas y todo

La última amenaza la profirió la diputada Iris Varela, quien durante una entrevista en televisión preguntó: “¿Por qué motivo no hay en este momento una fuerza policial que vaya y los busque y los detenga?”, refiriéndose a Juan Guaidó y a los demás miembros de la Comisión Delegada de la AN de 2015, a los que acusó de “usurpadores”.

Tras su amenaza verbal, la diputada sacó de su cartera unas esposas, las cuales, dijo siempre lleva consigo para ponérselas a Guaidó, en caso de que se tope con él, sobre quien opinó que está cometiendo delito en flagrancia. “Estas esposas las cargo aquí para ponérselas a Juan Guaidó, donde lo vea se las pongo”, expresó, tras afirmar que “yo soy autoridad de la República”.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Las amenazas contra la AN electa de 2015 revelan que la polarización y crispación en Venezuela lejos de aminar tiende a aumentar, lo cual complica la posibilidad de cualquier acuerdo y salida política negociada a la actual crisis política, social, económica y humanitaria que atraviesa el país.

Asimismo, estos hechos revelan que el control que ejerce el chavismo sobre los demás poderes del Estado es total; y, por ello, ejercer derechos básicos en cualquier democracia como la libertad de expresión y asociación representan un riesgo para los ciudadanos.