«Nuevo». El diccionario de la Real Academia Española señala que este adjetivo se utiliza para identificar a algo como «recién hecho o fabricado», «que se percibe o se experimenta por primera vez» o que es «distinto o diferente de lo que antes había». Ninguna de las definiciones anteriores se le puede aplicar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la Asamblea Nacional (AN) oficialista designó este 26 de abril, pues el 60% de sus miembros principales ya ocupaban sillas en el máximo juzgado.

Idaed / Accesoalajusticia

Gladys Gutiérrez, Lourdes Suárez Anderson, Calixto Ortega, Luis Damiani; todo ellos miembros de la Sala Constitucional; Bárbara César y Malaquías Gil, de la Sala Político Administrativa; Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, de la Sala Electoral; Carmen Alves de la Sala de Casación Civil; Elsa Gómez y Maikel Moreno, de la Sala de Casación Penal; y Edgar Gavidia, de la Sala de Casación Social son los magistrados a quienes los diputados reeligieron, de manera casi unánime, en clara contravención a lo dispuesto en la Constitución.

Pese a que el artículo 264 de la carta magna señala claramente que «Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años», el Parlamento en la reforma que en enero pasado hizo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) abrió las puertas para que los funcionarios en ejercicio se pudieran postular para un nuevo período, al establecer tal posibilidad en la disposición transitoria segunda.

La decisión del Legislativo permitirá que al menos un magistrado (Malaquías Gil) pasen veinticuatro años en el máximo juzgado, mientras que una magistrada (Gladys Gutiérrez) estará más de veinte.

Los anterior es solo una de las muchas irregularidades que empañaron este proceso, las cuales alcanzaron su clímax con la propia designación, que se produjo un mes después de lo establecido en la ley recién modificada. Los nombramientos se han debido realizar a finales de marzo. El día 25 de ese mes se celebró una sesión para tal fin, pero el punto fue diferido y los diputados decidieron darse «unas horas» para analizar el asunto. Horas que se transformaron en días y en semanas, sin que se ofreciera explicación alguna por la demora.

Alineado con el Gobierno

El «nuevo» TSJ, como su antecesor, está claramente identificado con el Gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de dos de los magistrados designados, Elías Bittar (Sala de Casación Social) y José Luis Gutiérrez Parra (Sala de Casación Civil), no han ocupado cargos en la administración actual o en la previa de Hugo Chávez ni han militado en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Sin embargo, en el caso de Gutiérrez Parra no se puede olvidar que es hermano del secretario general de Acción Democrática impuesto por el TSJ, Bernabé Gutiérrez, quien participó en las cuestionadas elecciones parlamentarias de 2020 y mantiene relaciones y llega a acuerdos con el Gobierno de Maduro, al tiempo que ataca a la oposición tradicional y sin votar en contra de alguna de las iniciativas del PSUV en la AN. Además, el actual magistrado fue parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), nombrado temporalmente por el TSJ en 2020 para llevar a cabo las elecciones parlamentarias.

Entre los ocho nuevos magistrados figuran personalidades con fuertes nexos con el oficialismo, tales como Tania D’Amelio en la Sala Constitucional; los presidentes de las salas Civil y Electoral, Henry Timaure y Caryslia Beatriz Rodríguez; y el integrante de la Político Administrativa, Juan Carlos Hidalgo.

D’Amelio se desempeñó por casi trece años como rectora del CNE y antes de eso fue por ocho años diputada por el extinto Movimiento Quinta República y luego por su sucesor, el PSUV. Por su parte, Timaure e Hidalgo provienen de las filas militares. Ambos son generales en reserva activa y el primero se desempeñó como presidente de la Corte Marcial, mientras que el segundo fue comandante del Batallón Caracas y fiscal general militar. 

Por último, la magistrada Rodríguez asumió en agosto de 2021 el cargo de alcaldesa encargada e Caracas tras la renuncia de su entonces titular, Erika Farías, y luego de las elecciones regionales se desempeñó como concejal de Caracas por el PSUV, llegando más adelante a ser presidenta de esa instancia.

Carlos Catillo Ascanio ha sido funcionario de alto rango a nivel ministerial y Carmen Marisela Castro Gilly se desempeñaba como máxima autoridad de la Defensa Pública a partir de 2019, nombrada como tal por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), presidida por Diosdado Cabello.

Estos nombramientos no deberían sorprender, pues como ya advertimos desde Acceso a la Justicia, en la reforma de la LOTSJ, violando el artículo 270 de la Constitución, se mantenían abiertas las puertas para que el chavismo reforzara el control político del máximo juzgado, al asegurarse el control del Comité de Postulaciones Judiciales con más diputados que en la ley anterior y en un número superior a los supuestos miembros de la sociedad civil.

Por la misma senda

El regreso de Gutiérrez al máximo juzgado, y en particular a su presidencia, a la que vuelve tras pasar unos meses en el Consejo Nacional Electoral (CNE), primero; y luego en la embajada de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos), es otro motivo para no esperar que el Poder Judicial deje de comportarse como el brazo represor del Gobierno. No se puede olvidar que durante el tiempo que Gutiérrez fue presidenta de la Sala Constitucional y del TSJ (2013-2017) el organismo levantó el cerco contra la AN electa en 2015, no ofreció amparo a los ciudadanos que, por ejercer su derecho a la protesta, fueron víctimas de ataques por parte de los cuerpos policiales, y además sentó las bases para el encarcelamiento de alcaldes opositores.

La actual presidenta del TSJ, como su antecesor, Maikel Moreno, ha sido sancionada por gobiernos extranjeros por su actuación jurisdiccional contraria a la democracia y los derechos humanos. También lo han sido los demás magistrados que repiten período en el TSJ, salvo por Elsa Gómez, Carmen Alves y Edgar Gavidia. Sin embargo, este último fue noticia en marzo de 2018 por presuntamente cometer un delito, pero no fue investigado ni juzgado frente a esa situación. Asimismo, han sido sancionados por su actuación en el CNE Tania D´Amelio y José Luis Gutiérrez Parra.

Otro motivo de preocupación son las palabras del primer vicepresidente del PSUV, diputado Diosdado Cabello, nada más presentarse la lista de candidatos. «Los que han pedido invasiones, los que se han robado los recursos de Venezuela, les llegará la justicia pronto, muy pronto (…) Esperamos que esta nueva magistratura garantice a los venezolanos una gestión inmediata, oportuna y justa», declaró.

El resultado de la remodelación del TSJ, la sexta que sufre el organismo desde el año 2000, confirma los temores que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habían formulado semanas atrás. «Diferentes medidas probablemente habrían asegurado la independencia en la selección de los magistrados, algo que hemos señalado como fundamental para la independencia de todo el sistema, por la importancia del TSJ en el resto del Poder Judicial», afirmó la presidenta de la instancia, Marta Valiñas, cuando en un evento en Washington (EE. UU.) se le preguntó su opinión sobre el proceso ahora concluido.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La AN electa en 2020 desperdició la oportunidad de sentar las bases de un Poder Judicial verdaderamente autónomo, independiente, confiable, creíble y eficiente. En su lugar, optó por realizar unos pequeños retoques que claramente serán insuficientes para atacar los problemas que padece la justicia venezolana, muchos de los cuales, por cierto, son producto de las decisiones u omisiones de quienes hoy nuevamente ocupan los cargos de magistrados.

Saludamos el hecho de que la bancada del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que en otras ocasiones ha respaldado nombramientos como estos, se haya abstenido, por considerarlos inconstitucionales y que esté acogiendo las opiniones de juristas y del movimiento de derechos humanos.