Familiares de detenidos en Apure exigiendo su liberación. Una solicitud única pero decisiva fue realizada por la coordinadora de FundaRedes en Apure al Ministerio Público y es que se involucren en el conocimiento e investigación de la “violaciónes de derechos humanos que ocurrieron en medio de enfrentamientos de carácter bélico entre las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y un sector disidente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), o derivados de esos enfrentamientos o incluso utilizando esos enfrentamientos como fachada que había un impacto significativo en la población que vive en el escenario del conflicto ”.
RL / Idaed / newsbeezer.
Entonces él le hizo saber Juan Francisco García Escalona, coordinador en el estado Apure de la ONG FundaRedes, a la Fiscalía Superior de Apure, respecto a lo que ocurre en la frontera, desde el domingo 21 de marzo de 2021, en el marco de la operación Escudo Bolivariano 2021, con las acciones del Comando Operativo Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) contra grupos armados irregulares de origen colombiano.
Se destaca en la misiva que según el comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, de fecha 27 de marzo de 2021, hasta esa fecha el Estado venezolano reportaba como balance general ‘seis terroristas neutralizados, veintisiete sospechosos colocados en la orden del Juzgado Militar 14 de Control, otros doce detenidos el 30 de marzo y la incautación de armas, granadas, municiones, explosivos, indumentaria militar, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relacionada con sus actividades.
Pero el punto central del pedido de Fundaredes se basa en el hecho de que “más allá del informe de guerra emitido por el Ministerio de Defensa, como consecuencia de esta acción, Se han hecho víctimas a quienes han visto violados sus derechos humanos, ya sea por acción, omisión, imprudencia o negligencia del Estado venezolano.”.
Las victimas
Es importante señalar que al momento en que García Escalona presentó la solicitud a la Fiscalía, solo habían fallecido los dos primeros soldados de los ocho, quienes en total se han sumado como bajas de la institución militar, como consecuencia de ese operativo en la parroquia Urdaneta del estado Date prisa.
Destaca en los puntos que describe la muerte de “Edward Ramón Cobo Segovia, del Batallón Fuerzas Especiales 911, el Teniente Coronel Eliezer Otaiza, y el Primer Teniente Yonathan Duarte, ambos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.
“Además, 11 soldados resultaron heridos por minas antipersonal supuestamente instaladas por el Frente Décimo de las FARC, que a lo largo de los años venía realizando extorsión, narcotráfico, secuestro y reclutamiento de menores en este territorio. sin que el Estado venezolano realizara acciones tendientes a preservar la soberanía nacional, e incluso por denuncias de muchos habitantes del sector, en algunos casos dando apoyo a grupos irregulares”.
Menciona el caso de los cuatro miembros de la familia Ramírez Remolina: “Luz Dey Remolina (40 años), ama de casa; Emilio Ramírez (41 años), quien se dedicó al campo; y los jóvenes Ehiner Yafran Anzola Villamizar (20 años) y Jeferson Uriel Ramírez (19 años), presuntamente ejecutados, según testimonios obtenidos por sus familiares, quienes denuncian que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana creó un falso positivo para justificar que los muertos eran presuntos guerrilleros ”.
“Los familiares aseguraron que los ciudadanos no eran terroristas, como dijeron los organismos de seguridad en un minuto, en el que se indicó que el trámite formaba parte del Escudo Bolivariano Lanceros de Apure ”.
Agregado a la lista es desplazamiento forzado de 4.741 personas, “Según la actualización del 28 de marzo realizada por Etelivar Torres, primera autoridad del municipio de Arauquita en la República de Colombia, quien informó el ingreso de 4.741 personas, distribuidas en 1.427 núcleos familiares dentro de ellos, contando 1.164 mujeres, 1.441 hombres, 578 niños menores de 5 años, 1.209 niños mayores de 5 años, 213 adultos mayores de 60 años, 17 embarazadas y 119 lactantes ”.
“Según testimonios de habitantes de la zona, Los soldados venezolanos llegan a las casas, registran y sacan a las familias, se las llevan y las devuelven. Al llegar a sus propiedades las encuentran destruidas, siendo víctimas de saqueos en sus bodegas o pequeños negocios”.
“Familias venezolanas denunciaron que sus viviendas en Apure fueron quemados por grupos armados irregulares de origen colombiano. El Defensor del Pueblo del vecino país, Carlos Camargo, afirmó que las familias ‘dejaron su lugar de residencia, quemaron sus casas’.
La advertencia fue ignorada
El coordinador de Fundaredes en Apure cita en la carta, como fundamento de su solicitud, el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), relativo a la “el derecho a la vida es inviolable”. Asimismo, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: “el derecho a la vida es inherente a la persona humana”.
Según ellos, le dice al titular de la Fiscalía que “acudimos a sus buenos oficios a fin de solicitar que urjan a las autoridades competentes a implementar medidas preventivas, evitando que se siga propagando esta ola de violencia indiscriminada, y de esta manera en cuanto a garantizar lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos ”.
Destaca el artículo 55 de la CRBV, a la derecha que tienen las personas “protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el goce de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
Finalmente, García Escalona destaca que “la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en este caso el Frente X, comandado por alias Ferley Gonzales, confirma las denuncias que desde 2002 FundaRedes viene realizando y advirtiendo sobre la presencia y acciones de grupos armados irregulares en territorio venezolano, ejerciendo dominio territorial y sometimiento poblacional a los habitantes de varios estados del suroeste venezolano y otros territorios, lesionando la soberanía nacional ”.
