Las ya deterioradas relaciones entre Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela caerán varios peldaños más de llegar a concretarse, como todo lo indica, la venta de la filial de Pdvsa, Citgo, cuyo saldo será realmente perjudicial para la Patria de Bolívar, pero más cruento todavía para la voraz e insaciable nación del norte.
En resumidas cuentas: al pueblo de Venezuela le serán arrebatadas tres refinerías con una capacidad de refinación de 807.000 barriles por día, 38 terminales, 6 oleoductos y 4.200 estaciones de servicios, todo valorado entre 11.000 y 13.000 millones de dólares.
Pero EEUU sumará a su prontuario otra estruendosa bofetada a la confianza de los inversionistas internacionales en ese país, por haber roto y violado el siempre respetado velo corporativo, que protege(gía) a toda empresa de ser expropiada por el impago de una deuda contraída por su dueño, es decir, otra persona, en este caso, el gobierno de Venezuela.
Y además de la trompada a la confianza de los inversionistas internacionales, de ejecutarse la venta, toda relación y acuerdo con Venezuela estarán marcados por el antecedente de haberse robado Citgo, un acto delictual que estará siempre latente, por encima y por debajo de la mesa, elevando los costos de cualquier negociación bilateral, sin menoscabo de las acciones legales que acometerá Venezuela ante los organismos jurídicos mundiales para recuperar su activo.
Un análisis hecho por Pdvsa del entramado político violatorio del orden legal del mismo EEUU y de la Organización Mundial del Comercio, de llegar a efectuarse la subasta de Citgo Petroleum Corporation, relata que desde 2018 el gobierno estadounidense realiza maniobras contrarias al comercio internacional con la clara intención de arrebatarle el control de la empresa Citgo al Estado venezolano.
“Estas acciones quedan de manifiesto cuando a los pocos días de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y su reconocimiento por las autoridades norteamericanas, el autoproclamado y su equipo planearon cuidadosamente todas las acciones y tramas tendentes a lograr la expropiación de las operaciones de Citgo”.
El documento apunta que estas medidas son una clara violación de las normativas y cláusulas establecidas en la Organización Mundial de Comercio, siendo ésta la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países y cuya principal función es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertades posibles.
Explica que el partido político Voluntad Popular, en connivencia con representantes del gobierno estadounidense, instruyeron a sus partidarios de la Asamblea Nacional para nombrar una nueva junta directiva de Citgo y PDV Holding, rebasando todo el marco jurídico existente. Dicha junta fue encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, ambos ligados al sector financiero y petrolero estadounidense.
Inmediato a este nombramiento, en marzo de 2019, Carlos Vecchio, emisario de Guaidó en los Estados Unidos, realizó una visita a la empresa Citgo para dejar por sentado que el gobierno interino tenía el control efectivo de la empresa.
En agosto de 2018 se inició la ofensiva legal de la empresa canadiense Crystallex (de la cual el abogado José Ignacio Hernández, futuro “procurador” de Guaidó, formó parte en su equipo jurídico), para conquistar una posición de fuerza en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark.
El juez, con el argumento de que el control accionario de Pdvsa sobre Citgo la convertía en un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, procedió a favorecer el reclamo de Crystallex, a pesar de que en enero de 2018 una Corte de los EEUU desestimaba la demanda porque la acción de Crystallex es con la República Bolivariana de Venezuela y no contra Citgo.
La disputa entre Crystallex y el Estado Venezolano se remonta a 2008, cuando el presidente Hugo Chávez Frías llevó a cabo la nacionalización que desencadenó una demanda internacional por parte de la compañía, al considerar que había sido despojada de los derechos a explotar la mina de oro Las Cristinas, ubicada en el estado Bolívar.
En 2014 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dictaminó que Venezuela le debía pagar a Crystallex la suma de 1.400 millones de dólares luego del proceso de arbitraje, monto que incluía los intereses generados.
“En 2017 Crystallex introdujo una demanda contra Pdvsa para que pagara por la expropiación de 2008. En octubre de 2018 la República Bolivariana de Venezuela retomó el caso, sin aclarar el cambio de decisión y sin incluir a Pdvsa, llegó a un primer acuerdo con Crystallex para un pago de 425 millones de dólares”.
En el periódico The Wall Street Journal se mencionó que el CEO de Crystallex, Robert Fung, dijo que Venezuela pagó 500 millones de dólares en efectivo e instrumentos líquidos.
Adicionalmente, “Venezuela tiene que entregar un colateral (garantía), antes del 10 de enero de 2019, para asegurar el pago del saldo que debe”, manifestó Fung. Igualmente, se mencionó que Venezuela acordó cancelar el resto del monto adeudado en cuotas pagaderas hasta comienzos de 2021. Pero las medidas coercitivas unilaterales impedían todo tipo de pago a la República Bolivariana de Venezuela. Es así como de acuerdo a Crystallex, el gobierno bolivariano no cumplió con esa deuda y llevó el caso a una corte civil en Delaware (en este estado está incorporada PDV Holding Inc., la casa matriz de Citgo). El fallo determinó que Pdvsa funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela” y, por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria Citgo para satisfacer la deuda.
Pero el escenario geopolítico cambió. Crece la consolidación y el creciente reconocimiento del gobierno bolivariano por países en instancias internacionales. El 28 de agosto de 2020 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta un documento complementario en apoyo de la declaración de interés de los Estados Unidos en el procedimiento de embargo de Crystallex.
En este documento, Estados Unidos admite que proceder hacia una venta forzosa de las acciones de PDV Holding en ese momento “podía generar un daño significativo a la política exterior de Estados Unidos”.
Aun así, en enero 2021, el juez estadounidense Leonard Stark, adscrito a un tribunal del estado de Delaware, en Estados Unidos, autorizó a Crystallex para seguir adelante con la venta de acciones de la referida filial de Pdvsa y hacer cumplir a su favor una adjudicación de 1.400 millones de dólares.
En abril de 2023, la junta ad-hoc de Citgo se preparó para apelar la decisión de embargar las acciones por deudas por parte de cinco empresas; una de ellas es la minera canadiense Crystallex por 970 millones de dólares desde 2007. Las otras cuatro empresas son O-I Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL1 Investments y Rusoro Mining, que recibieron la aprobación del tribunal tras demostrar que la petrolera estatal Pdvsa es el “alter ego”.
Recién, el medio alineado a la política de comunicación del gobierno de EEUU, la Voz de América, informa que un tribunal estadounidense aprobó este 14 de junio reclamos de 17 acreedores vinculados a Venezuela, incluidos Conoco Phillips, Rusoro Mining y Koch Industries, para obtener ganancias de una próxima subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum.
La lista, que redujo el alcance de las reclamaciones a 20.800 millones de dólares de los 24.000 millones de dólares solicitados por los acreedores, se produce después de que un funcionario judicial excluyó laudos arbitrales y fallos judiciales que no habían cumplido a tiempo los requisitos del tribunal.
“Los acreedores han acudido en masa a un tribunal estadounidense en Delaware para presentar reclamaciones que casi duplican el valor de Citgo entre 11.000 y 13.000 millones de dólares”, dice.
Las primeras ofertas por las acciones vencen el lunes 17 de junio y una segunda ronda de ofertas tendrá lugar a finales de este año. Aún faltan meses para una decisión final sobre los ganadores y las adjudicaciones requieren la aprobación del Departamento del Tesoro de EEUU, que ha protegido a Citgo de los acreedores desde 2019.
La subasta, que podría dar lugar a una de las mayores ventas judiciales en la historia de Estados Unidos, fue lanzada en octubre de 2023 por el juez estadounidense Leonard Stark tras recibir luz verde del Tesoro.
Después de que la Corte Suprema de EEUU rechazó en enero la petición de apelación de Venezuela, Stark permitió que más acreedores se unieran a la subasta. La mayoría de ellos, incluidos Contrarian Capital Management y los fondos Pharo Gaia y Gramercy, fueron autorizados por el tribunal el viernes a participar.
La Voz de América dice que una venta para compensar a los acreedores enfrenta una feroz oposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha descrito la acción judicial como un robo, y de la oposición venezolana, que luchó contra el fallo de que Citgo es responsable de las deudas de Venezuela hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
“La posible pérdida de Citgo también podría verse como un revés para Washington, que ha tratado de mejorar las relaciones con Venezuela para fomentar elecciones justas en el país”, dice el medio.
El tribunal contrató al banco de inversión Evercore Group para tasar las acciones y ejecutar el proceso de comercialización, que recibió autorización previa del Tesoro de Estados Unidos. Evercore no ha revelado públicamente detalles de la valoración y el proceso de licitación podría permanecer en gran medida confidencial.
