El 8 de mayo se cumplieron cuatro meses de la denominada “Masacre de la Vega” realizada por la fuerza pública de Maduro en la Parroquia La Vega, Caracas. Un operativo policial donde 23 personas fueron asesinadas. Ninguna autoridad se pronunció, ni siquiera los nombres de las personas asesinadas fueron indicados. Los familiares de las víctimas exigen justicia.

RL / Idaed / Provea.org

Los acontecimientos de La Vega es otra de las masacres realizadas por el gobierno de Maduro en los últimos años, como resultado de una política de exterminio que da luz verde a los funcionarios policiales para detener y ejecutar. Una política de “disparen a matar” donde el derecho a la vida no importa, sino mostrar estadísticas de presuntos delincuentes “dados de baja”

Política sistemática de abusos y violaciones

Maduro y su cúpula argumentan que en Venezuela se respetan los derechos humanos, un insulto a miles de víctimas de ejecuciones, de detenciones arbitrarias, torturas y discriminación. Todo en un marco de impunidad ante un sistema de justicia de espalda a la verdad y la justicia. 

El creciente número de asesinatos causados durante acciones policiales altamente violentas en el aspecto político y social, revela características de una situación sistemática y estructural de violaciones a los derechos humanos, donde participan funcionarios policiales y militares que violan el derecho a la vida y traspasan la justicia a la que todos deben estar sometidos.

En 2020 unas 2853 personas fueron víctimas de esta letalidad policial en Venezuela. Las altas cifras de víctimas mortales en operativos policiales, realizados en sectores populares, evidencian el menosprecio de los organismos de seguridad por el respeto a la vida.

Desde 2010 hasta el 2020, unas 27.000 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad pública; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), figuran como los organismos con mayor nivel de responsabilidad de muertes. según investigaciones realizadas por Provea.

En la masacre de La Vega, ocurrida el 8 de enero de 2021, fueron asesinadas aproximadamente 23 personas, entre ellas 3 adolescentes de 16 y 17 años. Esta cifra, hasta los momentos, es considerada la más alta de víctimas en un operativo policial de “seguridad ciudadana” en Venezuela. 

Silencio ante la masacre

Aún ante la gravedad de los hechos y los 4 meses transcurridos desde las ejecuciones, ni el Fiscal General de la República del gobierno de facto, Tarek William Saab, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, ni otro vocero del gobierno de Maduro se han pronunciado sobre las investigaciones ni han respondido a los familiares sobre estas muertes.

El 8 de enero de 2021 se realizó un operativo donde participaron funcionarios del FAES; la Dirección de Investigaciones Penales, (DIP) y la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales, (UOTE) también de la PNB, para, supuestamente, enfrentar a integrantes de la mega banda de “El Coqui”, grupo delictivo que según mantiene el control territorial de la Cota 905, zona vecina a La Vega y que, según se informó días antes, habían tomado varios sectores de la parroquia caraqueña con el propósito de extender su dominio.

De acuerdo a los argumentos de las autoridades “las muertes de esas 23 personas habían ocurrido en enfrentamientos con los cuerpos de élite policiales”, sin embargo, los familiares de las víctimas negaron esa versión de los hechos y aseguraron que lo ocurrido en La Vega “fue una masacre ocasionada por la violencia policial”. Los testimonios dados a los medios de comunicación y luego a organizaciones de derechos humanos, indican que se repitió el patrón de detener, asesinar y luego presentar como enfrentamiento.

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU denunció que se trató de una de las operaciones policiales “más letales” realizadas hasta la fecha, donde según las propias fuentes oficiales, se desplegaron 650 agentes. Esta Misión Internacional aseveró que, de acuerdo a sus investigaciones preliminares, “algunas personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”. 

Además señalaron: “hemos recibido informes que funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuenta por ejecuciones ilegales y que pueden revictimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos; esto incluye no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias, entregar los cuerpos en ataúdes cerrados, con la instrucción de que no se abran”.

Familiares de las víctimas denunciaron en algunos medios que funcionarios de la morgue de Bello Monte les dijeron que “los muertos no podían tener actos velatorios, sino que serían llevados directamente al cementerio”.

Testigos insisten en que no hubo enfrentamientos, “fueron ellos quienes se metieron a matar en las casas” señalando como los responsables a funcionarios de las FAES.

Provea obtuvo el testimonio de familiares de varias víctimas, quienes indicaron que los funcionarios policiales ingresaron a las viviendas, detuvieron a sus familiares y fueron asesinados dentro de sus viviendas, después de obligar a salir al resto de presentes, algunos fueron ejecutados a pocos metros de sus casas.

También se pudo conocer cómo se apropiaron de bienes de las familias y en un caso particular amenazaron a los familiares en caso de que llegaran a denunciar. Además de ejecutar a algunas personas en sus casas en las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas, también asesinaron a personas mientras caminaban por las vías de la Vega.

Asimismo, denunciaron que, desde la noche anterior a los sucesos, vieron en la parroquia supuestos miembros de colectivos armados (grupos afectos al gobierno), “vestidos de negro, con armas largas que dispararon contra algunas personas”.

Entre las víctimas de la masacre de La Vega identificadas a través de los medios de comunicación y denuncias recibidas por organizaciones de derechos humanos, se encuentran:  Richard Alejandro Chile Cabello, de 20 años, empleado de un autolavado; Julio Alexander Pino Moreno de 23 años y Yeferson José Moreno Plazola, de 28 años, ambos trabajadores del mercado alimenticio de Coche; Jhonatan Useche de 17 años, trabajador de una carnicería y a Nelson Enrique Villalta Talima, profesor de música y vigilante de 49 años.

A Alejandro Ramírez lo mataron cuando se encontraba en la casa de un amigo, según relató una tía, quien acotó que su sobrino “salió de la casa en short y sin camisa a comprar un cigarro para su abuela y cuando conversaba con un amigo en la casa de éste, escucharon tiros y decidieron entrar a la vivienda y cerrar la puerta. La policía se metió en la casa y luego se escucharon unos tiros”.

“A mi sobrino lo mataron los policías y le cambiaron la ropa. Los policías alegan un enfrentamiento, pero, ¿cómo es que hubo un tiroteo en una casa pequeña y el único muerto fue mi sobrino?” Se preguntó este familiar al informar sobre lo sucedido. 

Completan esta lamentable lista de víctimas Yenkson José García Duarte de 32 años. Ángel Jesús Palma Martínez de 27 años, Guiovani Daboín Palma Martínez de 32 años, Raúl Antonio Lira Sánchez de 25 años, Néstor Duarte, Eliezer Rafael Martínez Rojas, Richard Alfonso Francia, Wilfredo José Naranjo Roca de 39 años, Luis Alejandro Ramírez Muñoz, Carlos Alfredo Hernández Hurtado de 16 años y Efraín Durán de 17 años. 

De acuerdo a Monitor de Víctimas, en la parroquia La Vega ocurrieron 182 homicidios de los cuales 74, el 40 %, fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, sólo desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2020. Las FAES son el grupo policial que ha dejado más muertes en la parroquia. A manos de estos funcionarios han muerto 38 personas, solo durante el período citado.

La Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, identificó más de 200 asesinatos cometidos por fuerzas policiales desde el comienzo de año 2021 en su actualización de marzo del presente año, con ejecuciones extrajudiciales, consideradas como delitos de lesa humanidad.

La versión oficial, generalmente, es de enfrentamientos, pero hasta las estadísticas lo desmienten: “muy pocos funcionarios policiales resultan heridos o muertos en éstos operativos que se realizan en los sectores populares. Ya han sido muchas las denuncias sobre detenciones y luego asesinatos” se reitera en las investigaciones de diversas instancias.

La directora de investigaciones de Amnistía Internacional (AI), Carolina Jiménez, declaró sobre el caso de La Vega, que “de las 14 evidencias fotográficas a las que tuvimos acceso, al menos nueve tienen heridas de bala torácicas, cercanas al corazón, y dos heridas en la cabeza. Lejos de tratarse de ráfagas pudiéramos estar hablando de disparos muy cercanos, muy dirigidos…y los enfrentamientos, usualmente, implican pérdidas de ambos bandos, porque a quienes se están enfrentando, están devolviendo fuego y, hasta el momento no hay informe oficial sobre algún policía herido”.

Ante lo que considera un patrón de ejecuciones extrajudiciales sistemático, Jiménez cree que este tipo de hechos debe formar parte del expediente de la Corte Penal Internacionales (CPI), contra el Estado venezolano.

Provea puedo acceder a varias actas de defunción y en ellas comprobar que, de acuerdo a las autopsias realizadas, las personas fueron asesinadas con disparos en el pecho.  

La promesa de la policía respetuosa de los derechos que nunca se cumplió

Hace 15 años se creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial, la CONAREPOL, que según el gobierno de Hugo Chávez lograría una transformación profunda del modelo policial en Venezuela, en el ámbito municipal, estadal y nacional. Se pretendía un modelo policial integrado y coordinado, con una policía civil que actuase conforme a los derechos humanos, enfocado a la prevención del delito.

La realidad y las averiguaciones han demostrado que, contradictoriamente a lo buscado y anunciado, las violaciones de derechos humanos perpetradas por los cuerpos policiales en el país se han incrementado, especialmente a partir de 2015 cuando se realizaron los llamados Operativos de Liberación del Pueblo (OLP).

Las fuerzas de seguridad ahora son más represivas, más alejadas de lo civil y menos respetuosas de los derechos humanos, como sucede con las FAES.  

Una investigación realizada por PROVEA y el centro Gumilla determinó que en 2020 las policías y militares en el país asesinaron a 2853 personas. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fue el cuerpo policial más letal. La PNB fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55% del total. 

Comisiones, expertos, investigadores, defensores de derechos humanos, han recomendado el desmantelamiento de las FAES, así como de otros cuerpos de seguridad involucrados en detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y crímenes cometidos por diversos motivos, incluyendo lo político. El gobierno ha hecho caso omiso a las investigaciones y peticiones a propósito de esos delitos.

A todo esto, se le suma la presunción que las bandas delictivas organizadas y muy bien armadas, cohabitan con las fuerzas de seguridad del Estado, atentando contra todos los derechos y la gobernabilidad en Venezuela.

Impunidad tras las muertes

En una entrevista ofrecida al canal de televisión venezolano, VTV, el Fiscal al servicio del gobierno de facto, Tarek William Saab, enfatizó que “no toleraría más violaciones de derechos humanos por ese cuerpo élite de la PNB”, refiriéndose a las FAES, pero este cuerpo policial continúa violando el derecho a la vida, como se ha denunciado en reiteradas oportunidades y más recientemente con el caso de La Vega.

A 4 meses de la masacre de La Vega, familiares de las víctimas y el país entero aún esperan conocer el pronunciamiento y actuaciones del Fiscal y Defensor del Pueblo, sobre el hecho ocurrido en esa zona caraqueña.

Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos han exigido al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo que informen sobre las investigaciones que se hayan adelantado.  A la fecha, no han emitido ningún pronunciamiento lo cual demuestra que existe la intención de garantizar impunidad en esta nueva masacre realizada por organismos policiales. 

A pesar que familiares de las víctimas han acudido tanto a la Defensoría como a la Fiscalía a dar testimonios, cuatro meses después es absoluto el silencio de estas dos instituciones. Estos entes deben proteger a testigos y familiares de las víctimas, protección que han solicitado algunos familiares.

El silencio, la falta de castigo, la no aplicación de la justicia, la ausencia de voluntad política y el mutismo del gobierno, que ignora y parece complaciente ante los excesos y abusos de los cuerpos de seguridad, sirven de estímulo, de aliento, para que continúe el efecto multiplicador de estas tenebrosas prácticas contra la vida humana, que constituirían crímenes de lesa humanidad y que menoscaban gravemente el estado de derecho, la composición y dinámica social.

Son motivos concretos para que continúe avanzando la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad que se comenten en el país. 

La sanción a los responsables de la masacre de La vega debe abarcar no solo a los autores materiales sino a toda la cadena de mando que intervino de manera directa o indirecta en dicho operativo policial de conformidad con el artículo 25 del Estatuto de Roma de toda la cadena jerarquizada de mando, como lo indican los artículos 27 y 28 del mismo Estatuto

¿Enfrentamientos o teatro? Una población en el medio

Para el sacerdote de la parroquia La Vega, Alfredo Infante, ya existe una estructura de impunidad sistémica.

“Justamente el hecho de que la Fiscalía no haya anunciado que se ha abierto alguna investigación y que la Defensoría, a éstas alturas, no haya implementado ninguna estrategia de acompañamiento a los familiares de las víctimas de los sucesos de La Vega, es señal que hoy estamos en una situación de impunidad, donde los familiares de las víctimas se encuentran totalmente desamparados” asegura.

Del mismo modo, no deja de causar suspicacia que justamente entre fin de año de 2020 y enero de 2021, siendo un período significativo de protestas sociales en La Vega, por servicios públicos como el agua y gas, seguidamente se registra un acontecimiento sangriento entre funcionarios y una banda delictiva.

Como revelan los estudios, en Venezuela existen factores ideológicos que subyacen en la dinámica de control social, “ejercidos desde el Estado a través de sus agentes y con el argumento de seguridad ciudadana, actúan para acallar la inconformidad social y, entonces, la impunidad prevalece como mal necesario”.

Al respecto, el párroco de La Vega advierte que: “Lo que uno no sabe es lo que hay detrás de esas acciones; si realmente son enfrentamientos o teatros, porque, ciertamente ocurren los denominados enfrentamientos en momentos en que la gente está en proceso de movilización por los servicios públicos o por otros aspectos que mueven a la población”. 

“Pero yo sí creo que hay una estrategia de amedrentamiento, porque éstos sucesos generan mucho ruido entre la gente, la inmoviliza y, en ese sentido creo que esto pudiera ser así, aunque no lo afirmo sin una investigación. Esto es lo que justamente debe hacer la Fiscalía, investigar, tanto los crímenes y todas las acciones para que se revele la verdad y también saber ¿qué hay detrás de todo esto?”

Los vecinos de los sectores más afectados por la violencia en La Vega y que, curiosamente, están más cercanos a las zonas con mayor presencia policial, como las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas, escenarios de la masacre, están entre dos aguas. Revela el sacerdote.

“Porque, por un lado, están las bandas delictivas que quieren expandir y controlar territorios, y por otro lado está la policía que cuando hace operativos, dispara a diestra y siniestra en esos sectores”

El padre Infante agrega que “además de tener que lidiar a diario con la crisis, el quiebre de servicios públicos que genera un gran deterioro en las condiciones de vida, ese tipo de violencia sirve para amedrentar, generar miedo, inseguridad incertidumbre, produce una sensación de desamparo que paraliza a la población”. 

Aunque reconoce que a pesar de todo esto, “la Vega seguirá protestando por una mejor calidad de vida”. El padre espera que se acelere el proceso de investigación, “porque queremos saber la verdad”.

La verdad que todo merecemos saber, los ciudadanos no quieren seguir en medio de la perturbación política y social, en medio de la tribulación e incertidumbre y menos con un Estado que se resiste a brindar a los venezolanos garantías individuales y sociales como el respeto a la vida. Por ello, la sociedad venezolana exige el cese de la impunidad.

Hechos como la llamada masacre de La Vega, demandan con urgencia que se activen mecanismos internacionales de manera expedita, contundente y efectiva, ante la ausencia de voluntad de las autoridades en nuestro país, para investigar y sancionar a los autores.

Se deben implementar medidas que eviten que esas acciones criminales se repliquen y menos bajo el amparo de autoridades con el argumento de una supuesta seguridad ciudadana, enfrentamientos y legítima defensa.