Desde su celda en la cárcel de Estremera (Madrid), donde permanece recluido tras su detención el pasado 9 de septiembre, el que fuera jefe de la contrainteligencia militar venezolana hasta 2014, Hugo Armando Carvajal, más conocido como El Pollo Carvajal, se revuelve para evitar que España lo entregue a las autoridades de EEUU, que lo reclaman para juzgarlo por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

RL / Idaed / Elpolitico

Carvajal tuvo alto cargo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y abrió hasta tres frentes en su intento por frustrar una extradición aprobada en 2020 tanto por la justicia española como por el Consejo de Ministros, y que entonces no se pudo materializar por una fuga a la que solo su reciente arresto puso fin.

Petición de asilo de El Pollo Carvajal

Carvajal entró en España el 18 de marzo de 2019 a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Procedente de la República Dominicana, para sortear los controles fronterizos exhibió un pasaporte venezolano a nombre de Adolfo José Mouriño Olsen.

Detenido semanas después en la puerta del domicilio de su hijo en Madrid e ingresó en prisión por primera vez en España. En junio de ese mismo año, el exmilitar presentó desde la cárcel una solicitud de protección ante la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio de Interior. Alegaba ser víctima de una supuesta persecución política.

Esa solicitud rechazada el 23 de septiembre siguiente e Interior envió su resolución a la cárcel, cuando Carvajal ya la había abandonado en libertad condicional mientras esperaba a que la Audiencia Nacional resolviera sobre su extradición.

Según fuentes de Interior, se hizo así porque en el expediente administrativo abierto por la solicitud no figuraba ningún domicilio a efectos de notificaciones. Sin embargo, María Dolores Argüelles, actual abogada del ex alto cargo chavista, asegura que este estaba plenamente localizable en aquella fecha, ya que tuvo que comunicar a la Audiencia Nacional, ante la que este tenía que comparecer entonces cada 15 días, una residencia en España.

Sumario reabierto

Tras su primera detención en abril de 2019, Carvajal anunció su intención de ofrecer a la justicia española información relevante sobre los supuestos vínculos del régimen chavista con el grupo terrorista libanés Hezbolá.

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que era quien inició la instrucción de la causa para su extradición, abrió una causa que declaró secreta y lo llamó a declarar. Sin embargo, el día del interrogatorio, en mayo de 2019, el general chavista decidió por sorpresa no hacerlo, lo que llevó al magistrado a archivar las diligencias.

Su negativa coincidió con un cambio de abogado tras asumir su defensa Antonio José García Cabrera, el mismo letrado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, con quien Carvajal había coincidido en la cárcel de Estremera. García Cabrera, que poco después dejó la defensa del exmilitar chavista, asegura que, en realidad, solo había pedido retrasar la declaración para prepararla al considerarla compleja.

De hecho, al día siguiente de aquel plantón al juez, el militar venezolano difundió un comunicado en el que insistía en su intención de facilitar información “sobre la estructura y los engranajes del funcionamiento criminal del gobierno usurpado” de Maduro.

Tribunal Supremo con decisión de El Pollo Carvajal

En su intento por frenar su entrega a Estados Unidos, Carvajal ha ido recurriendo todas las resoluciones que han recaído en su contra, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo.

El alto tribunal tiene previsto deliberar en las próximas semanas sobre la impugnación planteada por el exmilitar al acuerdo del Consejo de Ministros que, el 3 de marzo de 2020, aprobó su entrega para ser juzgado en el distrito sur de Nueva York. Mientras la Sala de lo Contencioso-administrativo decide si admite o no el recurso, Carvajal ha tratado, en dos ocasiones, de que los magistrados suspendan la entrega de forma cautelar.

En el primer escrito presentado ante el Supremo, el exmilitar amparó su petición en que la “única finalidad” de Estados Unidos al solicitar su extradición era someterle “a tortura” con el fin “de obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela”.

El tribunal rechazó la medida cautelar en mayo de 2020 remitiéndose a su propia jurisprudencia, que establece que no se puede suspender un acuerdo del Consejo Ministros cuando “simplemente se limita” a autorizar la entrega de personas sometidas a un procedimiento de extradición aprobado los tribunales del orden penal.