La detección de operaciones sospechosas pasa por el reconocimiento de los movimientos inusuales de un cliente. Es por ello que en la prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo, es esencial reconocer todas las transacciones de este tipo, es decir, aquellos movimientos que son incompatibles con las actividades regulares de un cliente.

El área de cumplimiento de los bancos es la responsable de monitorear todos los movimientos de sus usuarios, a fin de identificar aquellos que puedan estar incurriendo en el blanqueo de capitales, a través de procedimientos que señalen las transferencias que estén injustificadas, o los movimientos sospechosos que emitan señales de alerta temprana.

“Un adecuado sistema de prevención de lavado de dinero debe detectar las operaciones sospechosas con base en el registro de clientes, indicando si el cliente es una persona políticamente expuesta, si hubo un cambio atípico en el nombre del titular de la cuenta bancaria o si posee una cuenta en locales de frontera”, explica el abogado y asesor colombiano, especialista en prevención del lavado de dinero César Contreras.

Añade que una vez generada la alerta, el oficial de cumplimiento debe analizar más profundamente al cliente para confirmar la sospecha de blanqueo de capitales. Dicho análisis consistirá en la verificación de documentos, movimientos y datos contrastados con la información del sistema. “En este punto es útil emplear los datos recolectados en el proceso de conozca a su cliente”.

Posterior a este proceso deben tomarse diferentes acciones para prevenir el riesgo, como exigir la actualización del registro; pedirle aclaraciones al asesor que abrió la cuenta; y analizar posibles inconsistencias internas en cuanto al movimiento, o al archivo de la información.

“Si luego de haber hecho este análisis se confirma la sospecha, el oficial de cumplimiento deberá registrar el resultado en el histórico del usuario y enviar un reporte formal a la autoridad competente”, expuso el experto colombiano.

La importancia de los perfiles

Los perfiles de los clientes son clave para detectar el lavado de activos, en tanto en ellos reside el beneficio práctico de comparar las operaciones realizadas por el usuario del banco con una serie de reglas descriptivas que conforman su perfil.

De acuerdo con el abogado y magistrado, especialista en delincuencia organizada y autor del libro “Delincuencia Organizada Transnacional: El Gran Negocio”, Dr. Alejandro Rebolledo, de esta forma, la detección de operaciones inusuales no consiste en comparar lo que el cliente hace con todo lo que se sabe de él/ella (formatos, documentos soporte, contratos, entrevistas, etc.), “sino en realizar una serie de operaciones lógicas y matemáticas para verificar que las operaciones del cliente están dentro de su perfil”.

Las entidades financieras recaudan información sobre sus clientes y mediante un sistema de reglas o de expertos le asignan a cada cliente un cupo de endeudamiento que puede usar mediante su tarjeta de crédito. El sistema informático de la entidad está programado para no dejar que la persona gaste más de lo que su perfil le permite. Es decir, que no gaste más de lo que la entidad ha decidido que se enmarca dentro de su capacidad de pago, detalla el especialista.

“Por ejemplo, un cliente que tenga perfil de estudiante hará transacciones inferiores a un millón de dólares al mes, no hará operaciones internacionales y su frecuencia transaccional es baja. Con este perfil, la entidad financiera podrá comparar las operaciones efectivamente realizadas con el perfil del cliente y detectar inusualidad. En este caso, sería inusual que un cliente de perfil estudiante realizara operaciones mensuales por US$ 1.000.000”, menciona el Dr. Alejandro Rebolledo.

No  obstante, para que esto funcione, se deben sintetizar las características de cada cliente. Dado que varios clientes pueden compartir un perfil, se pueden agrupar en lo que comúnmente se denomina segmento de clientes, o un grupo de clientes que se deben comportar en forma similar.

Cada cliente de la entidad financiera tiene asignado un perfil, este describe lo que se espera que sea su transaccionalidad, expresado en términos objetivos, empleando variables como tipo de transacción, monto, frecuencia, ubicación, canal, volatilidad y crecimiento. El perfil puede comprender operaciones individuales o consolidadas en diferentes periodos.

“Una vez se le asigna un perfil al cliente se inicia lo que el supervisor financiero denomina seguimiento transaccional y consiste, entre otras cosas, en comparar las transacciones realizadas con el perfil asignado. Cuando la transaccionalidad se aleja del perfil estamos frente a lo que la ley denomina operación inusual, es entonces cuando un área especializada dentro de la entidad debe entrar a evaluar el caso, recolectar información y determinar si existen elementos para considerar la operación como sospechosa de lavado de activos o financiación del terrorismo”, resalta el especialista en crimen organizado.

Tal es la importancia que tiene este punto para la detección oportuna del lavado de dinero, que recientemente el Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) lo incluyó entre las medidas principales para evitar este delito.

De acuerdo con el diario El Financiero, Hacienda remarca la necesidad de fortalecer la política de identificación del cliente o usuario de la institución de crédito, con el fin de conocer con mayor precisión la información del ordenante y beneficiario de la transferencia para detectar y, en su caso, evitar la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Por ello, la dependencia remarca que es necesario que las instituciones de crédito identifiquen, con independencia del monto de la operación, a los clientes o usuarios que solicitan enviar las respectivas transferencias, así como a los beneficiarios, particularmente al emitir las respectivas órdenes de transferencia y, como en otros casos, mantengan dicha información en los plazos en los que se encuentran obligadas y a disposición de la autoridad competente.

Además, las disposiciones marcan la obligación de las entidades referidas a establecer criterios en sus respectivos manuales que les permitan fortalecer, con un enfoque basado en riesgos, su régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sobre esta materia.

No debe faltar el manual

El procedimiento para evaluar una operación inusual debe estar claramente consignado en el manual de prevención LA/FT de cada empresa. De esta manera, el oficial de cumplimiento adquirirá seguridad respecto de sus deberes y acerca de la forma de cumplirlos al momento de evaluar las inusualidades detectadas, como también ante el eventual requerimiento posterior de una autoridad penal o administrativa.

“Para hacer debidamente el análisis de las inusualidades, individualmente o con la instancia designada para el efecto, el oficial de cumplimiento debe atender, precisamente, políticas y criterios objetivos previamente definidos y contar con información acerca del cliente y de los mercados”, aclara Contreras.

Destaca que el análisis debe hacerse con soporte probatorio documental y que del mismo debe dejarse registro.

“Es oportuno recordar que, de acuerdo con la norma, la cooperativa debe conservar soporte en orden cronológico de cada una de las operaciones inusuales detectadas, acompañado de los resultados del análisis realizado y constancia de la persona responsable que ejecutó su estudio. De igual forma, debe conservar en forma centralizada y con las debidas seguridades todos los documentos que soportan la decisión de determinar una operación como sospechosa”, añade el especialista colombiano.

Y es que la importancia del reporte (alta, media o baja) está en función de “los hechos y su similitud con tipologías conocidas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Por lo que se deben considerar especialmente las tipologías identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. Esto, reitera, es parte fundamental de los pasos a seguir.

“Adicionalmente, dentro de los pasos a seguir debe evaluarse la aclaración que haya presentado el cliente sobre los hechos respectivos y si la operación sospechosa se relaciona con algún reporte realizado anteriormente por la compañía, o con otras operaciones”, menciona Contreras.

El especialista insiste en que de atenderse estos parámetros mínimos, la evaluación de las inusualidades será exitosa, no generará reproche de las autoridades y se propiciará un ambiente seguro en materia de prevención LA/FT en la firma.

La penetración del dinero sucio

Documentos secretos filtrados a Ojo-Publico.com, revelaron que más de US$ 2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero peruano, mediante clientes sospechosos, por sus vínculos con los delitos que más dinero mueven en dicho país: el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal de oro, la evasión tributaria y la corrupción, delitos que además provocan violencia e inseguridad ciudadana, contaminación ambiental y fuga de capitales a paraísos fiscales.

La investigación estableció la responsabilidad del sistema bancario en el lavado de dinero del crimen organizado y muestra múltiples casos de incumplimiento de las normas para luchar contra esta problematica; así como la inacción de su único órgano supervisor en el Estado: la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El proyecto, denominado “Dineroleaks”, tiene como antecedente más cercano un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en el 2016 hizo una advertencia poco usual sobre la penetración de dinero sucio en la banca durante los últimos años. El reporte, apenas conocido en el sistema judicial, establece que: “Las entidades financieras han sido utilizadas, de una u otra manera, para la comisión de estos delitos [lavado de dinero]”.

A partir de dicho informe, el mencionado medio accedió a documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pilar de la lucha contra el lavado de dinero y determinante en la investigación contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski por el Caso Lava Jato, con los que se determinó que US$2.200 millones de presunta procedencia ilegal ingresaron al circuito financiero, desde 1998 por lo menos.

En base a los documentos de la UIF, y a diversos atestados de la Policía Antidrogas, se creó un primer registro de clientes bancarios con operaciones sospechosas. En esta lista destacan operadores y compañías que llegaron a ser incluidas por el Departamento de Justicia y del Tesoro de EE.UU. en sus denuncias ante los tribunales de dicho país o en la llamada Foreign Narcotics Kingpin Designation Act por conspiración para el lavado de la minería ilegal de oro o tráfico de drogas, respectivamente.

Luego del análisis del perfil de más de 400 clientes y de sus transacciones señaladas como sospechosas, la investigación se centró en los dos mayores bancos del país: el Banco de Crédito del Perú (BCP), la segunda compañía nacional más importante por ingresos, considerada en el top20 de mayores instituciones de su tipo en América Latina y cuya matriz está en el top 1000 Forbes de las empresas con mayor patrimonio del mundo; así como en el BBVA Continental (BBVA). Además, se detectaron casos específicos sobre los bancos Interbank y Scotiabank.

En las últimas décadas, el gobierno de EE.UU. y diversas entidades reguladoras en Europa han interpuesto cargos penales o millonarias sanciones a bancos por asociarse con grupos criminales para lavar dinero o por violar prácticas antilavado. Desde el Bank of Credit and Commerce International (BCCI) en los ‘80, pasando por el escándalo del 2008 que involucró al HSBC por blanquear dinero de cárteles mexicanos; hasta el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) y el Meinl Bank, usados por Odebrecht para pagar sobornos en Latinoamérica.

En Perú, el Estado –a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)– tiene un paquete de normas para castigar irregularidades en temas de prevención de blanqueo de dinero. Dicha legislación, exige una conducta intachable de los empleados bancarios, diligencia en la identificación de conductas ilícitas y la obligación de conocer las actividades financieras de sus clientes al punto de saber si tienen vínculos públicos o no con una organización criminal.

Los casos revelados permitieron una mirada inédita sobre el tipo de cliente que acepta el sistema financiero peurano, sobre todo el BCP y el BBVA; las operaciones presuntamente ilícitas que aquellos realizan, así como las deficiencias antilavado del sistema, entre ellas no conocer el alto perfil de riesgo de sus clientes, no detectar la penetración de dinero sucio, y las acusaciones de nexos de algunos de sus funcionarios con grupos delictivos.

En la lista de clientes bancarios registrados por operaciones inusuales dentro del BCP y del BBVA figuran personajes prominentes del narcotráfico local e internacional en Latinoamérica; así como sus presuntos operadores del lavado de dinero sucio en compañías inmobiliarias, de transporte aéreo y casas de cambio en Lima.

Temas pendientes

El Dr. Alejandro Rebolledo enfatiza que resulta importante que el propio sistema financiero detecte métodos como la utilización de los bancos pantalla, que como su propio nombre indica, son meros instrumentos para facilitar la legitimación de activos.

En ese sentido, iniciativas como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en Estados Unidos, resaltan la importancia de contar con procedimientos adecuados de Conocimiento del Cliente (KYC, por sus siglas en inglés), como pilar básico de todo sistema de prevención de lavado de activos.

Debido a que, desde el punto de vista profesional, la prevención del blanqueo se ha convertido en una materia transversal, en tanto hay otras regulaciones que afectan los controles internos de las compañías en términos de la prevención de diversos delitos, con un enfoque más complejo y global que se extiende a cuestiones jurídicas, operacionales, financieras, entre otros.

Es así como la administración de bancos y de otras instituciones financieras, entre otros, han otorgado mayor atención a las exigencias y desafíos que representa la prevención del lavado de activos.

Y es que, pese a los avances evidentes que han tenido los bancos y entidades financieras en el mundo, para enfrentar los desafíos que suscitan las amenazas del blanqueo, aún hay temas pendientes por abordar como los delitos tributarios y su relación con el lavado de activos, el secreto bancario y las sanciones reales aplicables a quienes se ven envueltos en estos ílicitos.

Por ello, de acuerdo con Rebolledo, enfrentar al crimen organizado no es nada fácil, ya que se trata de redes criminales con muchísimo poder económico, político y social, “pero no por ello se debe dejar de luchar y de investigar”.

“No puede pretenderse creer que se está con conocimiento actualizado si no se practica a diario, por eso se hacen cursos seminarios, talleres y programas por la permanente actualización”, menciona.

Y concluye que “el trabajo es arduo pero con perseverancia, con un compromiso común internacional y con buenas técnicas de investigación empleadas eficazmente, podremos continuar enfrentándolo”.

ALD