Durante la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y del Consumidor, que tuvo lugar en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en Panamá, se abordaron temas medulares para el hemisferio como el desarrollo de las telecomunicaciones y el acceso a internet de los sectores más vulnerables.
Así lo informó el presidente de dicha comisión, el diputado venezolano Luis Augusto Romero, quien recalcó que los parlamentarios de los 23 países miembros del Parlatino coincidieron en que todos los habitantes de Latinoamérica y el Caribe, sin menoscabo de las características socioculturales y económicas, deben tener acceso a internet.
Romero señaló que otro de los temas que debatieron en esta reunión tiene que ver con los delitos cibernéticos y la necesidad de que los países del Parlatino creen políticas públicas para mitigar este flagelo.
“Tenemos claridad en que se deben construir bases sólidas con leyes que prevengan y castiguen la estafa, el bullying, el acoso y todas las demás formas de delitos que se promueven en las redes sociales”, puntualizó.
Romero detalló que en la reunión también debatieron sobre la Inteligencia Artificial (IA). Al respecto, dijo que coincidieron al estimar que los países del hemisferio deben preparar y actualizar sus leyes y crear políticas públicas que permitan estar preparados para enfrentar, asertivamente, los nuevos retos que se avecinan.
Por otra parte, informó que durante la reunión que sostuvo la instancia a su cargo con la Comisión de Medio Ambiente y Turismo; se acordó solicitar la elaboración de una Constitución Ambiental Unificada para América Latina, con la finalidad de avanzar en la creación de una ley modelo que garantice la preservación de los ecosistemas fronterizos, la protección del ambiente y las especies migrantes, especialmente en los límites de las naciones.
“Teniendo en cuenta que el medio ambiente no conoce fronteras y que la protección de este es un derecho humano, se pretende presentar un estudio jurídico sobre la protección de los recursos naturales. Incluso, estamos estudiando la posibilidad de constituir un Tribunal Ambiental Constitucional, para que proceda contra este tipo de delitos”, explicó.
Para finalizar, el parlamentario recordó que la protección ambiental, además de ser un deber, es un derecho que tiene que asumirse como una obligación individual y colectiva. “Los países de nuestra región tienen que ocuparse de este tema con entereza y seriedad, por el bienestar de todos los habitantes de las naciones latinoamericanas y caribeñas”, concluyó Romero.
