Aunque acabar con la corrupción no es sencillo, sí es posible minimizarla mediante herramientas eficaces orientadas a lograr el compromiso de los funcionarios de entidades, tanto públicas como privadas, para evitar que caigan en actos deshonestos, incentivando así la aplicación de herramientas de prevención, detección y gestión dentro de sus estructuras.
“Las actividades de gestión de riesgos, debida diligencia y verificación de financiamiento al terrorismo son de gran relevancia para la prevención de los crímenes de lavado de dinero y combate a la financiación al terrorismo, de manera que los órganos reguladores deberían establecer normativas y directrices sobre esos temas”, expone la abogada brasileña, socia en la oficina WFARIA y la LEC (Legal, Ethics & Compliance), Alessandra Gonsales.
Y es que estos son los encargados de emitir reglamentos, afianzar y dar seguimiento a las disposiciones normativas, ejerciendo una adecuada gestión de riesgos con miras a lograr una mayor estabilidad financiera en los mercados, para buscar reducir al mínimo posible los riesgos en un sector altamente regulado como el sistema financiero, y en otras industrias cuyas actividades ya han sido vulneradas por el lavado de dinero.
En Latinoamérica, por ejemplo, los resultados de las evaluaciones por parte de organismos internacionales demostraron que se ha trabajado y mejorado en muchos aspectos. Sin embargo, aún es necesario seguir trabajando en el desarrollo, fortalecimiento y establecimiento de normatividad específica de PLD/FT.
¿Cómo funcionan?
Cada país debe demostrar una aplicación real, práctica y efectiva de estas regulaciones. Tarea que resulta sumamente compleja, dado que varios estudios destacan que en la región existen altos índices de corrupción, amplia presencia de economías alternas o informales (piratería y contrabando), así como riesgos regionales por ser el paso de recursos ilícitos de otras naciones.
Incluso en la actualidad, a pesar de algunos avances evidentes a la hora de afrontar estos desafíos, los esfuerzos conjuntos de reguladores y sector privado parecen insuficientes ante la diversidad y evolución de los métodos utilizados por las redes globales de delincuencia para ocultar el origen de recursos.
De allí que cualquier entidad, financiera o no financiera, corra el riesgo de convertirse en encubridor involuntario de operaciones de lavado de dinero, que por lo regular forman parte de un entramado que dificulta su seguimiento y detección, y cuya prevención es un trabajo delicado.
Por ello, en relación a la gestión de riesgos, Gonsales asegura que los organismos reguladores deben establecer las operaciones de riesgo, valores y condiciones que deben ser monitoreadas por las organizaciones y comunicadas al propio órgano regulador.
“Con respecto a la debida diligencia, los órganos deben definir cuáles son las informaciones, documentos y verificaciones que las empresas deben realizar para asegurar que no va a ser utilizado para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Mientras que en relación con la financiación del terrorismo, los órganos reguladores deben estipular el concepto de terrorismo, los órganos/personas relacionadas con actividades terroristas (listas negras), definir los países que no poseen un sistema eficiente de prevención a esos crímenes, o establecer una lista ejemplar de operaciones de alto riesgo para la financiación del terrorismo”, detalla.
Gonsales aclara que los sectores obligados a cooperar con la prevención del lavado de dinero y la financiación al terrorismo deben respetar mínimamente las directrices establecidas por el regulador, pero también deben mantenerse atentas y cautelosas con las situaciones que huyen de lo común y no son vedadas por los reguladores, decisiones de negocios con la debida diligencia y evitando el riesgo de ser utilizadas como herramienta de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo.
En Brasil, por ejemplo, la actuación del órgano regulador con relación a la gestión de riesgos, debida diligencia y financiamiento al terrorismo se realiza de forma descentralizada.
“El órgano regulador para sectores no regulados especializado en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (COAF – Consejo de Control de Actividades Financieras) concentra sus esfuerzos en las actividades de inteligencia financiera, protegiendo a los sectores económicos de esos crímenes”, menciona el abogado brasileño en el WFaria Abogados, especializado en cumplimiento normativo e investigaciones internas, Albert Bayer.
“En la experiencia brasileña, es común que las directrices de gestión de riesgos, debida diligencia y prevención, y que, a la financiación del terrorismo sean establecidas por los órganos reguladores. De esta forma, estas premisas son establecidas por los órganos sectoriales específicos (por ejemplo: bancario, valores, seguros, etc.) de acuerdo con las peculiaridades, riesgos, perfil de clientes, operaciones, participantes en el mercado, países que los negocios se realizan y, principalmente, las directrices del COAF”, añade.
Al final, todas las organizaciones de los sectores obligados deben informar las operaciones sospechosas de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo al COAF, que analizará las informaciones y emitirá un informe de inteligencia, encaminando a las autoridades policiales, de combate a la criminalidad y/o los órganos reguladores los eventuales apuntes, menciona Bayer.
La prevención es clave
Debido a que el dinero puede “comprarlo casi todo”, resulta muy difícil poner freno al blanqueo de capitales procedente de la delincuencia organizada dentro de un país que no tenga controles preventivos.
Las actividades de lavado de activos, han demostrado el desarrollo de estrategias muy ingeniosas que día a día van evolucionando con el fin de evadir los controles que se interponen en la consecución de sus objetivos. Estos esquemas de colocación pueden ser casas de cambio, testaferros, juegos de azar, empresas de fachada, mediante el pitufeo, negocios ficticios, compraventa de bienes, productos de seguros.
De allí que los sistemas de prevención –y su constante actualización- sean tan importantes.
“Para evitar todos estos riesgos que implican el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo tiene que haber prevención”, asevera el abogado y magistrado, especialista en delincuencia organizada y autor del libro “Delincuencia Organizada Transnacional: El Gran Negocio”, Dr. Alejandro Rebolledo.
Alega que estos sistemas buscan, mediante actualización y capacitación, ser la herramienta más contundente contra estos delitos.
Estudios recientes realizados por diferentes organizaciones extranjeras sobre este tema reflejan que más del 90% de las operaciones de legitimación que han sido descubiertas en el mundo, deben su detección a los oportunos reportes y comunicaciones que hicieron los bancos a las autoridades de control, evidenciando el gran papel que representan los programas preventivos para evitar mayores delitos financieros.
España es un ejemplo de ello. Desde 2012 y hasta finales de 2017, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) incrementó en 55% el número de casos abiertos por indicio de delitos detectados a través de entidades financieras y profesionales liberales, de acuerdo con el diario español El País.
Además, en el informe sobre Medidas Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo que publicó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en diciembre de 2014, se valoraban positivamente los avances de la nación europea en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, resaltando que dicha nación cuenta con una adecuada legislación y normativa al respecto, así como con instituciones sólidas y un elevado nivel de conocimiento de los riesgos de blanqueo.
“Son muchas la naciones que en sus legislaciones internas han adoptado medidas para la prevención y punición de conductas de lavado de dinero. Pero fue a partir de la década del 70 cuando las reglas en la materia comenzaron a cambiar. Aun entendiendo que la sanción penal es la última medida de una sociedad en su lucha contra las conductas criminales, en muchos sectores explican que poner énfasis en la prevención supone capacitar a los agentes que intervienen en la actividad económica, mantenerlos informados y constantemente actualizados sobre las tareas específicas a asumir para frustrar la posibilidad de concentración de esas conductas criminales”, resalta el Dr. Alejandro Rebolledo.
Y es que de no aplicarse estas medidas para evitar estos crímenes seguirán surgiendo más delitos y de mayores impactos negativos, tal como lo menciona el Fondo Monetario Internacional: “El lavado de dinero puede tener graves consecuencias macroeconómicas para un país, como por ejemplo variaciones impredecibles en la demanda de dinero, riesgo para la solidez de las instituciones financieras y efecto de contaminación sobre transacciones financieras legales”.
“El resultado de tomar conciencia sobre la importancia de la lucha financiera para prevenir el crimen organizado se ha traducido, a nivel internacional, en convenios internacionales o regionales, recomendaciones, compromisos y acuerdos de cooperación, siendo los más relevantes”, dice Rebolledo.
Alude a la creación del GAFI, especialmente encargado de formular normas universalmente aceptadas para la prevención y represión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la expedición de cuarenta recomendaciones, además de nueve recomendaciones especiales sobre el patrocinio a células terroristas.
Así como a los convenios internacionales de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las directivas de la Unión Europea que integran en sus compromisos aspectos relacionados con la prevención estos crímenes.
“Si bien a través del impulso de las organizaciones internacionales, más y más países en el mundo han adoptado e implementado medidas y sistemas operativos recomendados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y a pesar de resultados significativos en términos de prevenir el poder financiero del crimen organizado, debemos sin embargo considerar que, aún queda mucho por hacer”, añade.
Acciones para el 2019
La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento (OCIE) de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció días atrás sus prioridades en los exámenes de 2019. Este año, se hará especial hincapié en los activos digitales, la ciberseguridad y los asuntos de importancia para los inversores minoristas, incluyendo comisiones, gastos y conflictos de intereses.
Estas prioridades prácticamente reflejan las mismas del 2018, con leves ajustes hacia arriba y hacia abajo, con la diferencia principal que fue la adición de “activos digitales” o criptomonedas, ya que la SEC supervisa además la intersección del mundo de monedas y valores virtuales con la inclusión de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), algunas de las cuales son iniciativas claramente fraudulentas dirigidas por estafadores que intentan aprovechar la exuberancia menguante de Bitcoin.
“OCIE continúa enfocándose cuidadosamente en sus exámenes, aprovechando la tecnología y la experiencia del personal de la SEC”, dijo el Presidente de la SEC, Jay Clayton.
Este 2019, las prioridades de los exámenes de OCIE se dividen en seis categorías: cumplimiento y riesgo en la infraestructura crítica para el mercado; asuntos de importancia para los inversionistas minoristas; activos digitales; la ciberseguridad; programas antilavado de dinero; y FINRA y MSRB
Para el primero, OCIE continuará examinando las entidades que brindan servicios clave para el buen funcionamiento de los mercados de capital, llevando a cabo exámenes de estas firmas que incluyen, entre otras, agencias de compensación, bolsas de valores nacionales y agentes de transferencia, centrándose en ciertos aspectos de sus operaciones y en el cumplimiento de las normas vigentes recientemente.
Mientras que para el segundo punto, centrará los exámenes en la divulgación y el cálculo de las comisiones, los gastos y otros cargos que pagan los inversionistas, la supervisión de los representantes que venden productos y servicios a inversionistas, corredores de bolsa a los que se confían activos de clientes y gestión y negociación de cartera.
Además, cada uno de los programas de examen de OCIE dará prioridad a la ciberseguridad con un énfasis en la configuración adecuada de los dispositivos de almacenamiento en red, gobierno internos de la seguridad de la información y las políticas y procedimientos relacionados con la seguridad de la información del comercio minorista.
Al tiempo que los examinadores revisarán el cumplimiento de las obligaciones ALD, incluso si las empresas están adaptando adecuadamente sus programas de antilavado de dinero para cumplir con sus obligaciones normativas.
OCIE continuará su supervisión de FINRA (Financial Industry Regulatory Authority es una organización regulatoria encargada de gobernar y gestionar la actividad entre brokers, dealers y el público inversor) enfocando los exámenes en las operaciones y los programas reguladores de FINRA y la calidad de los exámenes de FINRA a corredores de bolsa y asesores municipales.
También examinará MSRB (la Junta Municipal de Reglamentación de Valores establece normas de protección al inversor y otras normas que regulan a los corredores de bolsa y bancos en el mercado de valores municipales) para evaluar la efectividad de las operaciones de selección y las políticas internas, procedimientos y controles.
Las prioridades publicadas para 2019 no son exhaustivas y no serán las únicas cuestiones que aborda OCIE en sus exámenes, alertas de riesgo y en general en sus supervisiones. Si bien las prioridades impulsan los exámenes de OCIE, el alcance de cualquier examen se determina a través de un enfoque basado en el riesgo que incluye el análisis de las operaciones del registrante, los productos ofrecidos y otros factores.
Más allá de cómo será este año o el próximo en temas de regulación, lo que no debe variar es el perfil del regulador en las áreas de gestión de riesgos, debida diligencia y financiación al terrorismo.
“Debe ser independiente, técnico y tener una buena comunicación. El regulador debe mantenerse independiente frente a las presiones sectoriales y a momentos políticos/económicos, garantizando que las decisiones tomadas no sean influenciadas por criterios no técnicos”, indica la abogada brasileña Gonsales.
Por su parte, el especialista Bayer agrega que el regulador también debe tener una formación sólida de los principales conceptos, estar preparado para lidiar con crímenes económicos, mantenerse constantemente actualizados de la forma de operación y adaptación de actividades criminales y directrices globales de prevención a estos crímenes.
“Finalmente, el regulador debe ser capaz de involucrar diversos sectores, coordinar actividades de inteligencia involucrando múltiples agentes y comunicarse con diversos públicos, privados o públicos”, resalta.
Gestión de riesgos y debida diligencia
La gestión de riesgos consiste en asignar esfuerzos y recursos en actividades que representan mayores riesgos, en consecuencia, los clientes y operaciones clasificados como de medio y alto riesgo deben ser sometidas a diligencia más profunda que los clientes clasificados como de bajo riesgo.
“Para fines de clasificación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, no debe ser considerado únicamente el criterio financiero, sino también quién es el cliente, si es agente público o es persona relacionada, qué países y localidades que la operación se realizará, si la forma que la operación es estructurada sigue los patrones de mercado, si la operación involucra algún recurso público, se involucra localidad con conocidas actividades terroristas o personas relacionadas con el terrorismo, si el tercero tiene relación con alguna actividad criminal (por ejemplo, tráfico de drogas, tráfico de personas, armas u otros crímenes) y otro criterio en el que la operación se considere atípica y pueda presentar otros riesgos de lavado de dinero y de financiación al terrorismo”, aclara Gonsales.
Asimismo, Bayer menciona que la debida diligencia no debe restringirse a encuestas online, o solo al inicio de la relación con la empresa, las compañías deben solicitar documentos, firma de términos, auditorías e incluso visitas in situ para identificar eventuales riesgos, el proceso no debe ser mecánico u operativo, pero involucrar inteligencia y conocimiento de riesgos y fraudes usualmente cometidos por los criminales.
“Es importante considerar también que la diligencia debe ser realizada durante toda la relación con el cliente, la base de clientes debe ser periódicamente revisada/actualizada y la compañía debe mantener alertas automáticas para operaciones clasificadas de medio y alto riesgo”, insiste.
Por su lado, el Dr. Alejandro Rebolledo enfatiza que resulta importante que el propio sistema financiero detecte métodos como la utilización de los bancos pantalla, que como su propio nombre indica, son meros instrumentos para facilitar la legitimación de activos.
En ese sentido, iniciativas como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en Estados Unidos, resaltan la importancia de contar con procedimientos adecuados de Conocimiento del Cliente (KYC, por sus siglas en inglés), como pilar básico de todo sistema de prevención de lavado de activos.
Debido a que, desde el punto de vista profesional, la prevención del blanqueo se ha convertido en una materia transversal, en tanto hay otras regulaciones que afectan los controles internos de las compañías en términos de la prevención de diversos delitos, con un enfoque más complejo y global que se extiende a cuestiones jurídicas, operacionales, financieras, entre otros.
Es así como la administración de bancos y de otras instituciones financieras, entre otros, han otorgado mayor atención a las exigencias y desafíos que representa la prevención del lavado de activos.
Y es que, pese a los avances evidentes que han tenido los bancos y entidades financieras en el mundo, para enfrentar los desafíos que suscitan las amenazas del blanqueo, aún hay temas pendientes por abordar como los delitos tributarios y su relación con el lavado de activos, el secreto bancario y las sanciones reales aplicables a quienes se ven envueltos en estos ílicitos.
Por ello, de acuerdo con Rebolledo, enfrentar al crimen organizado no es nada fácil, ya que se trata de redes criminales con muchísimo poder económico, político y social, “pero no por ello se debe dejar de luchar y de investigar”.
“No puede pretenderse creer que se está con conocimiento actualizado si no se practica a diario, por eso se hacen cursos seminarios, talleres y programas por la permanente actualización”, menciona.
Y concluye que “el trabajo es arduo pero con perseverancia, con un compromiso común internacional y con buenas técnicas de investigación empleadas eficazmente, podremos continuar enfrentándolo”.
ALD/Luis Mendoza
