El diario venezolano El Nacional, creado en 1947, va a luchar contra los abusos cometidos por el régimen chavista en instancias internacionales.

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 El Nacional, encabezado por su presidente editor, Miguel Henrique Otero, buscará justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la ONU y en la Corte Penal de La Haya. El Tribunal Supremo chavista ordenó el embargo de la sede de este medio en mayo después de que el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, se querellara por una información de la que se hicieron eco y que relacionaba al dirigente con el cartel de los Soles.

La condena se eleva a 13 millones de dólares así que se ejecutó la incautación de la sede, valorada en 40 millones. «Desde entonces nuestro edificio está ocupado militarmente. Defendemos El Nacional porque defender El Nacional es defender la democracia en Venezuela», ha dicho Miguel Henrique Otero, en rueda de prensa en el despacho de Cremades Calvo Sotelo en Madrid.

«Como Diosdado Cabello controla Justicia hemos de pasar a las instancias internacionales. Hemos recibido muchas muestras de solidaridad: de Aznar, de González, de la federación de periodistas de España, y también de EEUU y América Latina», ha añadido Otero, a quien ha acompañado en la presentación de esas acciones el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

La supervivencia de El Nacional no está en cuestión porque desde hace tres años es exclusivamente digital, debido a que es imposible abastecerse de papel. «Vamos a seguir diciendo la verdad. Pero esta medida supone un daño gigantesco a nuestro patrimonio. No vamos a ceder. Vamos a luchar», ha explicado.

Venezuela, país sin ley

Llevará la causa de El Nacional el despacho Cremades Calvo Sotelo, el mismo que asesora a Leopoldo López en la respuesta a la demanda de extradición del régimen chavista. Javier Cremades, presidente y fundador del despacho, ha señalado que es necesario acudir a la justicia internacional porque en Venezuela «le ley es papel mojado, el poder trabaja desde la arbitrariedad».

Van a acudir a tres instancias: a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vía la Comisión Interamericana, con el fin de lograr la restitución del bien expropiado; a la ONU para lograr una declaración sobre los abusos cometidos en Venezuela; y a la Corte Penal Internacional para completar las causas ya iniciadas.

«El precedente es RCTV, el caso Granier, que se saldó con una condena rotunda del estado chavista pero no se ha ejecutado la sentencia porque en Venezuela no es posible. Evocamos el artículo 13 que trata sobre la libertad de expresión, el artículo 21 porque se trata de una propiedad. En este caso no hay injurias o calumnias, ya que el medio se limitó a reproducir una información de otros medios, que además fue confirmada», explica Javier Cremades. «Estoy convencido de que tendremos una sentencia justa». Sin embargo, el proceso puede demorarse años.

«También hablamos de un atropello a las garantías formales y procesales. En suma, son tres atropellos jurídicos: libertad de expresión, derechos a la propiedad privada de un bien adscrito a una función social, y las garantías procesales», añade Cremades. «Así lograremos que cuando vuelva la ley, el bien volverá a sus dueños».

En el caso de la ONU, interpelarán a la Relatoría de Libertad de Expresión y a la Comisionada de Derechos Humanos. «Queremos que se sepa lo que un Estado totalitario es capaz de hacer», ha apuntado el abogado.  

En la comparecencia, también ha intervenido Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, quien ha insistido en que esta causa «no solo afecta a El Nacional sino que es una causa contra la libertad de expresión en Venezuela».

Miguel Henrique Otero ha llamado la atención sobre el peligro que corre su abogado en Venezuela, Juan Garantón, así como sus tres hijas. Una de ellas vio cómo su oficina, alquilada en el mismo edificio, también era saqueada. Le preocupa también otro de sus hijos, Jorge, el gerente de El Nacional. «Es quien está dando la cara allá». Van a pedir medidas cautelares para ellos.

Con todas estas acciones, «el objetivo final es una sentencia condenatoria que incluya la restitución del bien y un pronunciamiento de la ONU para que se alerte sobre la violación de la libertad de expresión», en palabras de Javier Cremades.

Sobre el papel del gobierno español, se limitaría, debido a que Otero es español, a mostrar solidaridad, ya que es «un atentado a la democracia», en palabras del abogado.

En cuestión las negociaciones

Otra cuestión es la negociación política que pretende llevarse a cabo en Venezuela, alentada por la Unión Europea, y por España.

«Hacen creer que son más demócratas pero el caso de El Nacional es una prueba obvia de que no hay separación de poderes. Estados Unidos lo ha dejado claro. Queda que lo haga la Unión Europea», ha dicho Otero, quien se va a reunir de nuevo con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, para explicarle la relevancia de este caso.

«El régimen solo quiere que levanten sanciones, las sanciones personales. Les impiden gastar el dinero que han robado», ha añadido Otero, quien cree que Maduro y Cabello solo quieren ganar tiempo y marear a la comunidad internacional. No pretenden, a su juicio, celebrar elecciones libres y limpias en ningún caso, según prueba cómo han actuado con El Nacional.

El caso de El Nacional tiene similitudes con el encarcelamiento del periodista bielorruso Roman Protasevich en Minsk. Así funcional los regímenes totalitarios. Así mueren las democracias.