En 2018 presencié la audiencia donde el ex tesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, se declaró culpable de recibir sobornos por $1,000 millones. Mucho más que el caso de Odebrecht en toda Latinoamérica ($800 millones). Al final del juicio me acerqué a la fiscal y le pregunté: ¿A dónde va ese dinero? Me contestó: al Tesoro. ¿Y por qué no se preserva para los venezolanos? No califican como víctimas, respondió.

RL / Idaed / Elnuevoherald

Desde ese entonces hemos insistido en la categorización de víctima del pueblo venezolano, e impulsado la idea de crear un fondo con los bienes recuperados de la corrupción. Es hora de que Estados Unidos pueda crear ese fondo y utilizar esos recursos para aliviar la tragedia humanitaria que vive Venezuela.

Venezuela atraviesa la crisis más grave de su historia moderna. La contracción económica más grande en un país sin guerra, la inflación más alta del planeta y el país más pobre de la región según su ingreso per cápita. En buena medida, esa tragedia es consecuencia directa de la corrupción endémica del régimen de Nicolás Maduro, que ha producido el saqueo más grande de la historia.

Según la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, la dictadura de Maduro saqueó entre $350,000 millones y $4000,00 millones, corrupción confirmada por ex ministros del régimen de Chávez. Ese saqueo contribuyó a sumir al país en la hecatombe. Hoy no hay un sistema de salud fuerte o servicios básicos, en parte, porque ese dinero en lugar de llegar a los hospitales o al servicio eléctrico terminó llegando a cuentas bancarias en Andorra o en otras partes del mundo a nombre de los hombres y familiares de Maduro.

La corrupción no solo roba dinero, también roba derechos. Y roba el futuro de los venezolanos. Los países que tienen altas tasas de corrupción son también países deficientes en protección de los derechos humanos. Venezuela está entre los cinco países más corruptos del mundo, tiene una de las capitales más violentas del planeta, con escasez de comida y medicinas, la segunda crisis internacional de refugiados más grande, el ecocidio del Arco Minero con la extracción de oro ilegal, y las peores fallas en el suministro de electricidad y de provisión de servicios de salud del continente. ¿Es que acaso no calificamos como víctimas?

Venezuela ha sido sin lugar a duda el país de la región donde más duro ha golpeado esta pandemia. De hecho, Venezuela posee el número más alto de personal de salud fallecido por COVID-19 en la región. Los médicos están siendo coaccionados para no revelar las cifras de contagio y los periodistas han sido detenidos por reportar la realidad de los hospitales, imposibilitando la adecuada respuesta.

La necesidad de recuperar el dinero de la corrupción y utilizar parte de este para resarcir y ayudar a las víctimas de Nicolás Maduro es ahora más urgente que nunca. En particular para comprar vacunas para el COVID.

Según la ONG Transparencia Venezuela, en los tribunales de Florida hay al menos 84 personas y empresas sobre las que recaen acusaciones penales y civiles, que representan 53% del total de los acusados en todo EEUU con cargos vinculados con corrupción proveniente de Venezuela.

Estos casos presentados por el Departamento de Justicia ofrecen claros ejemplos del saqueo. En el caso de Raúl Gorrín la justicia de Estados Unidos busca confiscar 24 propiedades, incluyendo un penthouse de $18 millones en Manhattan. Mientras que el ex guardaespaldas presidencial y tesorero nacional Alejandro Andrade, quien residía en la Florida, confesó culpabilidad por haber recibido más de $1,000 millones en sobornos.

Tal vez el caso más emblemático es el de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, por sobornos junto a los hijastros de Nicolás Maduro y explotar contratos sin licitación, con ganancias de al menos $350,000,000. Se aprovecharon de la hambruna en Venezuela y hoy son acusados de conspirar para lavar dinero a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos.

Si significamos ese impacto desde la perspectiva de la pandemia, según expertos “solo con el dinero confiscado a Andrade (parte de la corrupción de la PDVSA ‘roja’), se podrían pagar vacunas COVID-19 para 50 millones de personas”.

Esos activos confiscados en Estados Unidos, producto de la corrupción podrían ser destinados para ayudar a solventar la gravísima emergencia humanitaria que atraviesa el país.

Para lograrlo, debe crearse “ASAP” (tan pronto sea posible) un fondo con los bienes recuperados. Dicho fondo debe ser manejado, controlado y supervisado por Estados Unidos y coordinado con el Gobierno Interino del Presidente Juan Guaidó. En lugar de depender de la generosa ayuda de nuestros socios, buscamos mitigar la carga financiera obteniendo acceso a los recursos que el régimen robó a Venezuela. En muchos casos, las personas que han ido a juicio se han declarado culpables y las autoridades ya han incautado sus bienes ubicados en Estados Unidos.

Adicionalmente, contamos con el marco jurídico para implementar dicho fondo. La Ley Verdad (VERDAD ACT) que promovimos junto a congresistas demócratas y republicanos, aprobada al final del año 2019, contempla la posibilidad de crear un fondo como el que proponemos.

Igualmente permitiría construir una narrativa política que pondría el foco en la corrupción de Maduro, generando mayor presión a su entorno, y al mismo tiempo una respuesta humanitaria para resarcir a sus víctimas. Es la oportunidad de hacer justicia efectiva, devolviéndole a las víctimas lo robado por la dictadura corrupta y violadora de derechos humanos.

Finalmente, con esta acción, Estados Unidos, estaría liderando con “el poder de su ejemplo”, sentando un precedente para que otras naciones en las que también existen activos robados a la nación establezcan similar mecanismo. Estados Unidos y el mundo deben ponerse del lado de las víctimas venezolanas de la corrupción.