No es un secreto que lo que ocurre en un Estado afecta a sus naciones vecinas, y la delincuencia organizada no escapa de esta premisa.
Los grupos criminales pueden traspasar con facilidad las fronteras de los países, en una especie de efecto dominó. Esto, debido a que la gran cantidad de dinero que manejan, les ayuda a sobremanera en su desplazamiento intrarregional, en especial, cuando la persecución recrudece en su país de origen.
Tal es el caso, que la delincuencia organizada transnacional ha llegado a ser tachada como “el gran negocio” por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y los datos que maneja este organismo demuestran el porqué.
Solo en 2009 se estimó que generaba 870 mil millones de dólares anualmente, lo que equivale al 1,5% del PIB mundial.
Y es que la delincuencia organizada transnacional abarca prácticamente todos los actos delictivos graves de carácter internacional, perpetrados con fines de lucro y relacionados con más de un país.
Entre estas actividades se encuentran el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de armas de fuego, productos adulterados, flora y fauna silvestres y bienes culturales, e incluso algunos aspectos de la delincuencia cibernética.
De allí que esta problemática planteé una amenaza para la paz y la seguridad humana, en tanto da lugar a la violación de los derechos humanos y socava el desarrollo económico, social, cultural, político y civil de las sociedades de todo el mundo. Tomando en cuenta que, además, las ingentes cantidades de dinero que hay en juego pueden comprometer la economía legítima de los países y repercutir directamente en la gobernanza como resultado de la corrupción y la compra de votos.
El abogado y magistrado, especialista en delincuencia organizada, autor del libro “Así se lava el dinero en Venezuela”, Dr. Alejandro Rebolledo, advierte que una vez la delincuencia organizada “echa raíces” puede desestabilizar a naciones y regiones enteras, quebrantando la asistencia para el desarrollo en esos sectores.
“Los grupos delictivos organizados también pueden trabajar conjuntamente con delincuentes locales, lo que agrava fenómenos como la corrupción, la extorsión, la asociación ilícita y la violencia, así como una variedad de delitos más complejos a nivel local”, detalla.
Incluso, el abogado chileno, socio y fundador de la consultora Prelafit Compliance, Rodrigo Reyes, alerta que una organización criminal puede terminar “desafiando al Estado”, muchas veces, “a través del ejercicio de la violencia”.
Marcando territorios
Un claro ejemplo de cómo un grupo criminal puede poner en jaque a varias naciones puede verse en el colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ELN no se está expandiendo solo en su natal Colombia, sino que la vecina Venezuela, sumida en el colapso económico y la criminalidad extendida, se ha convertido en terreno fértil para la expansión de esta organización.
Una investigación de InSight Crime, que ha seguido la pista a la presencia del ELN en 12 de los 24 estados venezolanos, revela que muchos de ellos están lejos de la frontera con Colombia.
Y aunque la presencia del grupo terroristas en la nación vecina no es nueva, antes se había concentrado en tres estados fronterizos: Apure, Táchira y Zulia. Mientras que ahora los insurgentes colombianos tienen influencia en todo el país y parecen estar prestando especial atención al estado de Bolívar, rico en oro, imponiendo el orden e “impuestos” a la minería informal que se extiende por todo ese estado.
De hecho, una pesquisa realizada Antilavado de Dinero también demostró que este grupo explota el oro del Arco Minero del Orinoco.
Entonces, fue el diputado del estado Bolívar en Venezuela Américo de Grazia, quien señaló que en las zonas mineras opera este grupo terrorista colombiano.
“Al pequeño minero, el ELN le cobra el diezmo, que es un porcentaje de todo lo que este produce y el otro porcentaje se lo compran al precio que imponen los delincuentes o los guerrilleros y de ahí sube a los enchufados (personas cercanas al Ejecutivo venezolano). A estos últimos le corresponde la parte que le toca al Gobierno central y de ahí lo exportan a través del contrabando, que es lo que quiere fichar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, detalló.
Algo similar ocurre con el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC), la cual es la pandilla carcelaria más poderosa de Brasil.
Esta organización no solo ha sido capaz de azotar a la nación carioca, sino que extendió sus tentáculos hacia varios de los vecinos del gigante del sur, como Argentina, Colombia, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Venezuela. La participación de la pandilla en el negocio internacional de la cocaína también revela una capacidad para obtener mayores ganancias y expandirse por fuera de Suramérica.
Sin embargo, su expansión en el exterior es más evidente en Paraguay. Desde su llegada a ese país, y la predisposición del grupo a actuar en abierto desafío ante cualquier respuesta paraguaya, se anunció con estilo cinematográfico en abril 2017 con un osado ataque a las oficinas principales de Prosegur, una firma de autos blindados en Ciudad del Este.
Con precisión militar, 60 hombres armados volaron las puertas de una bóveda, con toda tranquilidad sacaron US$ 11,7 millones, condujeron en una caravana de vehículos a prueba de balas hasta la frontera y fueron vistos por última vez en lanchas rápidas por el río Paraná, en dirección a Brasil.
Desde entonces, las raíces del PCC en Paraguay, principal país productor de marihuana de Suramérica y paraíso de contrabandistas, se han afianzado y propagado. Se cree que el grupo domina ahora la ciudad paraguaya fronteriza de Pedro Juan Caballero, donde ejerce un control total del negocio de la marihuana y la cocaína que pasan por esta ciudad.
Otro ejemplo del poder del crimen organizado para penetrar naciones se puede encontrar en el mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con el control de los puertos en ambas costas mexicanas, el único cartel que tiene una infraestructura de esa magnitud, el CJNG tiene extensas redes de exportaciones, que no solo van hacia Estados Unidos, donde según la Administración para el Control de Drogas (DEA) tiene redes de distribución consolidadas en Los Ángeles, Nueva York y Atlanta, sino también hacia Europa y Asia.
¿Cómo luchar contra este “gran negocio” transnacional?
El abogado Reyes asegura que la lucha contra el “gran negocio” de la delincuencia organizada debe hacerse en varios escenarios, como en la persecución penal de las personas naturales y las jurídicas, así como la educación, citando a la filósofa española Adela Cortina, para apoyar su tesis.
“Hay que ganar en músculo ético y eso se logra entrenando en integridad, en transparencia, en valores”, dice a la redacción de Antilavado de Dinero.
Además de lo anterior, agrega, es fundamental poner atención en la persecución del producto del delito y del lavado de activos del mismo, incautación de bienes, el decomiso y la cooperación internacional que se manifiesta incluso en la posibilidad de compartir fondos decomisados entre varios países. “Urge una mayor cooperación efectiva en esta materia”, asevera.
Por su parte, el también autor del libro “Delincuencia Organizada Transnacional: El Gran Negocio”, el Dr. Alejandro Rebolledo menciona que los esfuerzos para combatir a la delincuencia organizada no solo requieren de proyectos de reforma de leyes y más recursos, sino de nuevo enfoques jurídicos que involucre a los gobiernos y a toda la sociedad civil en una lucha de conciencia y esfuerzos por erradicarla.
El especialista en delincuencia organizada coloca como ejemplo a la región latinoamericana, donde “a pesar de los avances legislativos existentes, muchas veces la falta de uniformidad en dichas legislaciones, dificulta las posibilidades en lograr una buena interpretación judicial en algunos casos contra la delincuencia organizada”.
Aclara que en el mundo entero existe una preocupación latente por la multiplicidad y expansión de los métodos utilizados para el lavado de dinero y sus consecuencias, “por lo que muchos países han adoptado una serie de compromisos a partir de la ratificación de las convenciones internacionales que regulan dicha materia, para que los Estados actualicen su legislación de acuerdo con los preceptos contenidos en cada una de ellas”.
Rebolledo recuerda que la ONU fue la primera en establecer una base universal de acciones para combatir el lavado de dinero y los instrumentos jurídicos a través de los cuales se han iniciado muchas acciones.
“Igualmente la Convención de Viena, aprobada en 1988, en vigor desde 1990, que contó con la participación y firma de 169 países; y la Convención de Palermo, que amplía la gama de delitos subyacentes al lavado de activos. Entró en vigor en 2003, fue firmada por 147 países y ratificada por 82 naciones”.
El mayor reto a enfrentar
Para el experto chileno uno de los retos más importantes que enfrenta la lucha contra el crimen organizado transnacional es la ciberdelincuencia y los ataques no solo al sistema financiero, sino a los sistemas de información.
“En esto debe tener un papel clave la ciberseguridad de las redes y sistemas de información y en ello Latinoamérica debe seguir el camino de Europa, con una política general de lucha contra la ciberdelincuencia”, expone Rodrigo Reyes.
Las palabras del especialista podrían asociarse a un reciente informe de la firma de ciberseguridad McAfee, el cual menciona que el cibercrimen cuesta a las empresas de todo el mundo cerca de 510.000 millones de euros en pérdidas al año.
“Otro de los aspectos importantes es lo que propone la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: establecer la responsabilidad de las personas jurídicas o empresas por participación en delitos graves vinculados a corrupción. En ello la labor preventiva de las empresas que desarrollan programas eficaces de compliance o cumplimiento legal es vital. En la lucha contra la delincuencia organizada le cabe un papel fundamental a la sociedad civil y a las empresas en general, no solo a las del ámbito financiero”, menciona el abogado.
No obstante, “si hay ceguera voluntaria y doble moral”, no es imposible combatir a la delincuencia organizada, alerta Alejandro Rebolledo. “Simplemente con inteligencia financiera, estaríamos al tanto de saber hacia dónde va el dinero y cómo se mueve ese dinero producto de actividades ilícitas que acaba con la socioeconomía de un país”.
A ello se une el reto de poder evitar la expansión de estos grupos criminales de una frontera a otra. En tanto, en ocasiones, podrían estar beneficiando económicamente a ciertas naciones.
“En muchas casos la delincuencia organizada está beneficiando directamente al sistema financiero de los países e incluso a través de ciertos paraísos off shore”, revela el Dr. Rebolledo.
Después de todo, una de las características más importantes de la delincuencia organizada es su capacidad de adaptación extraterritorial, que le permite residir en un país, operar en otro y lavar dinero en un paraíso fiscal.
No obstante, el especialista en delincuencia organizada, recalca que debido a los complejos y estrictos controles internacionales y nacionales, que terminan aumentando el riesgo y la exposición de estas organizaciones, es probable que el dinero ilegal proveniente de dicha actividad penetre en aquellas áreas de la economía de algún país poco regulado y de difícil control.
“Es decir, estos grupos ponen en marcha una verdadera estrategia de diversificación del riesgo para así evitar el estancamiento estructural de su mercado. Es muy factible que la economía ilegal proveniente, por ejemplo del narcotráfico, trata de personas, contrabando, proliferación de armas de destrucción masiva y otras actividades criminales, termine beneficiándose de las facilidades que dan la evasión y el fraude fiscal para ocultar sus actividades, proteger su dinero y reproducir sus ganancias”, enfatizó.
Aún falta camino
Todos estos aspectos dificulta a sobre manera la lucha contra el crimen organizado transnacional, por lo que, a juicio de los especialistas, aún “falta mucho por hacer” en esta área.
“Se echa de menos investigaciones conjuntas de varios países y premios que permitan desbaratar organizaciones criminales. Los países deberían estar ocupados seriamente no solo en la mitigación de la pena a los que cooperen con la investigación, sino también en conceder inmunidad judicial a los que cooperan sustancialmente ya sea para identificar los partícipes o al producto de los delitos”, enfatiza Reyes.
Por su lado, Alejandro Rebolledo coincide en que también “es necesario el rescate de instrumentos jurídicos como la denuncia de actos de delincuencia organizada y el sistema de protección del denunciante, para recuperar y estimular esa útil y eficiente fuente de información”. E insiste en que la falta de denuncia solo ha servido para favorecer la actuación de las organizaciones delictivas, incitando muchas veces a la migración de bandas criminales.
“En algunos países se cuenta con técnicas especiales y muy adecuadas para la investigación y persecución de este tipo de delitos. También con normativas para evitar el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Pero el hecho de que cierto tipo de legislación exista sólo en unos países y en otros no, representa tal vez la mayor dificultad en los esfuerzos para hacer eficiente y eficaz la lucha contra la delincuencia organizada en la región”, explica.
Aún así, el especialista chileno expresa que la región debe de estar siempre lista para combatir contra la delincuencia organizada.
“En Latinoamérica encontramos habitualmente un respeto retórico por la ley, pero de todos los continentes es uno de los más corruptos, sin duda. Si queremos vivir en un continente desarrollado, esto debe cambiar. Todo esfuerzo encaminado a hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia organizada en esta región, debe ser destacado”, dice.
De igual forma, Rebolledo concluye que “sabemos que enfrentar al crimen organizado no es nada fácil, ya que se trata de redes criminales con muchísimo poder económico, político y social, pero no por ello se debe dejar de luchar y de investigar. El trabajo es arduo, pero con perseverancia, con un compromiso común internacional y con buenas técnicas de investigación empleadas eficazmente, podremos continuar enfrentándolo”.
ALD / Luis Mendoza
