Hace siete años se creó el Consejo Superior de Letrados de las Comunidades Autónomas con el objetivo, por un lado, de defender los intereses profesionales y corporativos de los funcionarios de carrera de los diferentes Cuerpos de Letrados de los Gobiernos Autonómicos y, por otro, para  el estudio y la promoción científica de todas las disciplinas del Derecho.

Los letrados o abogados de las Comunidades Autónomas son funcionarios que realizan en exclusiva funciones de carácter contencioso, a través de la representación de la Comunidad Autónoma ante cualesquiera órganos jurisdiccionales y de naturaleza consultiva, mediante la emisión de dictámenes e informes.

El presidente del Consejo Superior de Letrados de las Comunidades Autónomas es Luis Moll Fernandez-Figares, director de los Servicios Jurídicos de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Durante su carrera profesional ha ocupado puestos de letrado jefe de distintas consejerías, ha dirigido el departamento de Derecho civil y penal de la Comunidad de Madrid o los servicios jurídicos del Instituto de la Vivienda.

Toca hacer balance, señor Moll. ¿Cuál es el suyo? 

El balance es extraordinariamente positivo, toda vez que nos ha permitido mantener una relación, cada vez mayor, con los distintos operadores que intervienen en el mundo del derecho, ya sean públicos o privados, incluidos universidades y organismos reguladores.

¿Cuáles han sido los principales logros y qué temas continuán pendientes?

Lo más importante es que el Consejo ha permitido aglutinar a la totalidad de letrados de las administraciones de las diferentes comunidades autónomas que forman parte de los correspondientes cuerpos y escalas administrativos.

A diferencia de otros cuerpos de funcionarios, al pertenecer a distintas Administraciones, no existía un órgano que nos aglutinara a nivel nacional.

Seguimos trabajando en trasladar con mayor precisión a la sociedad las características de nuestro perfil profesional, así como la importancia tanto de nuestra formación especializada, como de las funciones de asesoramiento y representación y defensa en juicio que realizamos para las Administraciones Públicas.

¿Quiénes son los profesionales que integran el Consejo?

El Consejo está integrado por los diferentes letrados de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, funcionarios de carrera por oposición, pertenecientes a los correspondientes cuerpos especiales o escalas, dentro de cada administración pública territorial.

Éstos han intervenido en asuntos tan importantes como el del Prestige, en Galicia, el del Algarrobico, en Andalucía, el de la obligación de los bancos de pagar el ITP en los préstamos con garantía hipotecaria, o en el caso De Diego Porras, en Madrid.

¿Qué formación tiene un letrado o abogado de una Comunidad Autónoma?

Se ha de superar la oposición, para licenciados o grado en Derecho, con un temario muy exigente. En Madrid, por un ejemplo, con más de 330 temas, que abarcan las distintas ramas del Derecho, que van desde el derecho privado (incluido derecho civil, mercantil o hipotecario) hasta el público (con Derecho Constitucional, tributario, penal, procesal…) sin olvidar el derecho de la Unión Europea.

La oposición consta de cinco exámenes, los dos primeros orales y públicos, un examen de idiomas y dos exámenes prácticos, cada uno de diez horas de duración.

Hemos hablado de los logros, pero ¿cuáles son los retos más inmediatos del Consejo Superior de Letrados?

Estamos muy ilusionados con el impulso de la Sección Académica del Consejo. Es un ambicioso proyecto, que preside nuestro compañero Pablo de la Cruz, y que integra a letrados y profesionales del entorno jurídico, pero también a expertos de campos muy diversos.

El enfoque temático camina desde el compliance a la tecnología, pasando por el arte o la cultura. El objetivo es atesorar conocimiento y criterio en áreas afectadas también por los preceptos propios del Derecho y en las que se presentan interesantes desafíos ligados al nuevo tiempo que vivimos.

Queremos que el fin último sea que la sociedad española se beneficie de todo este trabajo que hemos empezado a abordar.

Por eso necesitamos seguir trabajando en las comisiones de la Sección Académica. Recientemente, por ejemplo, hemos alcanzado un acuerdo de colaboración con el Consejo General de los Colegios de Ingenieros Informáticos de España y que nos sitúa en una posición de privilegio para abordar desde el punto de vista del derecho cuestiones esenciales del inédito paradigma social que dibujan las TIC y otras áreas relacionadas con las nuevas tecnologías.

En su opinión, ¿cuáles son las mayores necesidades de las Comunidades Autónomas?

El reto para las Comunidades Autónomas sigue siendo, desde mi punto de vista, mantener un sistema de acceso a la función pública por oposición pública y libre, con exámenes públicos y de la mayor exigencia, como sistema estrictamente objetivo y que garantiza los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso, e independencia en el ejercicio de nuestras funciones.

¿Les preocupa su imagen ante los administrados teniendo en cuenta que ustedes defienden y representan a la administración?

La idea que creo que tenemos nosotros frente a los administrados es la de ser profesionales que se rigen, ante todo, por el principio de legalidad y que asesoran a la Administración (nuestros informes son de solicitud potestativa o preceptiva para el gestor público, según los casos y, en general, no vinculantes) para su actuación conforme a derecho, todo, en garantía de los derechos de los ciudadanos y del interés general.

“El reto para las Comunidades Autónomas sigue siendo mantener un sistema de acceso a la función pública por oposición pública y libre, con exámenes públicos y de la mayor exigencia, como sistema estrictamente objetivo”

La administración de justicia ha tenido sus más y sus menos con los “software” y medios electrónicos que emplea cada Comunidad Autónoma. ¿Tienen problemas con Lexnet?

Creo que Lexnet tuvo una fase de dificultades que se ha superado. La comunicación a través de los medios electrónicos resulta esencial hoy, no solo en el ámbito procesal sino también, por ejemplo, en las licitaciones públicas.

Actualmente existen multitud de plataformas y sistemas instalados en las administraciones públicas que hace que las empresas encuentren un sistema diferente cada vez que se relacionan con una administración distinta, quizás haya que detenerse en pensar esto, dentro claro, del respeto a las competencias de organización de cada una de ellas.

¿Qué opina sobre ‘machine learning’ aplicado a la justicia? ¿Cree que veremos algún día a un algoritmo dictar una sentencia?  

El machine learning aplicado al derecho es una cosa. En este caso creo que es útil y un modelo de servicios jurídicos que funciona para los conocidos pleitos en masa. También puede servir de ayuda en la toma de decisiones jurídicas en general, como herramienta.

Otra cosa es en la justicia o para dictar sentencias. Los jueces españoles se caracterizan por una extraordinaria cualificación jurídica que les proporciona la oposición y una gran profesionalidad.

Con independencia de qué herramientas tecnológicas se aplicasen, no creo que estas puedan suplir la inteligencia del derecho en multitud de cuestiones, por ejemplo, aquellas relacionadas con la interpretación normativa, como apreciar la analogía, los conceptos jurídicos indeterminados, el “non liquet”, o realizar la creación jurisprudencial.

Además, no debemos olvidar que el derecho no es un resultado matemático, sino que tiene la aspiración de la Justicia y que estamos ante una ciencia social. Así tenemos que la función del juez es insustituible. Igual que la de los Fiscales, Letrados de la Administración de justicia o Abogados. Además, los profesionales del derecho muy cualificados abundan en España, como corresponde a nuestra insuperable tradición jurídica.

Sigamos hablando de ‘Legaltech’. ¿Qué papel puede jugar la Inteligencia artificial y la tecnología en el mundo del derecho?

La inteligencia artificial y la tecnología, en general, aplicadas al mundo del derecho se están convirtiendo en herramientas esenciales en la práctica diaria.

Sobre todo en ordenamientos como el nuestro, de carácter extraordinariamente complejo, en el que existen normas procedentes del ámbito local, autonómico, estatal y comunitario con multitud de operadores jurídicos, no solo órganos judiciales, sino también tribunales de contratación, económico-administrativos, juntas consultivas, consejos consultivos y un largo etcétera.

Es además un sistema de ingente producción normativa. Puede verse, a título de ejemplo, el brillante y minucioso informe presentado por el prestigioso jurista, y economista del Banco de España, Don Juan Mora Sanguinetti, donde expone cómo en un año en España se llegan a aprobar 12.000 normas legales.

¿Piensa que la inteligencia artificial en relación con el mundo de la justicia se implantará en las administraciones?

Ya hemos visto las virtudes de la tecnología también aplicada al mundo del derecho. Sin embargo, no debemos olvidar que la tecnología no lo alcanza todo.

Pongamos el “blockchain”, una tecnología que sin duda podrá usarse, y de hecho se usa con eficacia en el mundo del derecho.

Ahora bien, pretender que una tecnología sustituya, por ejemplo, la extraordinaria labor que hacen nuestros notarios y registradores es desconocer, por completo, nuestro sistema jurídico y las fantásticas garantías no sólo jurídicas, sino económicas que suponen para los ciudadanos, derivadas de su trabajo.

No solo proporcionan fe pública, sino que realizan la identificación de las partes, el juicio de capacidad y legalidad en los negocios jurídicos.

Esta idea sobre la suplantación de sus funciones por la mera tecnología, quizá esté influenciada por el sistema anglosajón, evidentemente inferior al nuestro en esto y que tiene que sustituir esas garantías por otras herramientas, como los seguros de título, a cargo del ciudadano y a riesgo suyo de que el negocio no esté bien constituido.

Ahora bien, lo que sí está claro es que tales tecnologías pueden complementar esta labor, en la que seguirá siendo esencial la intervención de fedatarios públicos, sobre esto ya se han pronunciado reputados juristas de la talla de Manuel González-Meneses al hablar sobre la identidad digital.

“Pretender que una tecnología sustituya, por ejemplo, la extraordinaria labor que hacen nuestros notarios y registradores es desconocer, por completo, nuestro sistema jurídico”

Otra figura clave de los últimos años para acá es el cumplimento normativo. ¿Es comparable este concepto para el sector público y para el privado? ¿Qué características propias tiene?

Yo creo que no es igual. Partiendo de que las obligaciones que impone el Código Penal no son las mismas para los entes públicos en esta materia y pasando por que los riesgos son también distintos y su identificación exige un gran conocimiento de las estructuras administrativas y, en definitiva, el entendimiento del sistema continental de función pública, que es radicalmente diferente del de otros estados, como USA o UK.

Eso sí, merece la pena pensar como debe ser este “Compliance” y cómo aplicarlo. El Consejo cuenta con una magnífica sección de “Compliance” en el sector público presidida por nuestra compañera Belén López Donaire, que es una reconocida experta en la materia.

El arbitraje va ganando terreno para la resolución de ciertos conflictos. ¿Cree que sería beneficioso promoverlo en el ámbito público?

Los medios de solución de controversias extrajudiciales han ido ganando terreno en la Administración y son útiles para determinadas materias.

En otras resulta más complicado, pues en el ámbito público no nos encontramos, en general, ante dos personas enfrentadas en sus intereses patrimoniales, sino que la actuación pública debe perseguir el interés general.

¿Qué necesita la Justicia para ser más rápida y por tanto más justa? ¿Medios, personal, o algo más?

Medios, personal y quizás las tecnologías ayuden. Yo no me sé la receta de la que se ocupan otras instancias del Estado para las que seguro es una prioridad siempre mejorar.

En todo caso, debemos recordar que en España la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional, para todos los ciudadanos, que asegura que, al final, la garantía de nuestros derechos esté en manos de un juez, más allá de las previas resoluciones administrativas, del tipo que sean.

Por último, pida un deseo para la década que comienza.

Conseguir trasladar a la sociedad con mayor acierto y eficacia la posición de los funcionarios públicos, como garantía de los ciudadanos, a través de la persecución del principio de legalidad, igualdad y demás que establece nuestra Constitución.

Idaed