El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes que puso fin a la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela y le comunicó que tiene un mes, hasta el 3 de abril, para terminar sus operaciones en el país suramericano.
Chevron solo tendrá un mes, en lugar del habitual periodo de seis meses que suele otorgarse en estos casos, para cesar sus operaciones en Venezuela, según una actualización de la licencia que EE.UU. concedió a la empresa en 2022 y que fue publicada este martes por el Departamento del Tesoro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) había mantenido la continuidad de la Licencia General 41 hasta el próximo 20 de septiembre de este año. Esta licencia autoriza “ciertas transacciones” relacionadas con los negocios conjuntos de la empresa petrolera norteamericana Chevron Corporation en Venezuela, la cual fue emitida por primera vez el pasado 26 de noviembre de 2022, producto de la mesa de diálogo desarrollada en México.
Sin embargo, el hecho de que se aplicara el mecanismo automático de renovación no impidió que el presidente de EEUU, Donald Trump, modificara la disposición para cumplir con su amenaza de suspender las “facilidades” que Estados Unidos ha dado a Venezuela para la producción y exportación de hidrocarburos.
El ataque no es un hecho aislado
Pese a que Venezuela ha cumplido los compromisos acordados luego de la visita del enviado estadounidense Richard Grenell a Miraflores, el gobierno de Trump procedió a aplicar nuevas sanciones contra el país, lo que, lejos de ser un elemento que despierte extrañeza, confirma las denuncias de Caracas sobre la influencia de la ultraderecha venezolana en la imposición de medidas coercitivas.
Luego de que se anunciara la continuidad de las operaciones de Chevron en Venezuela, el lobby venezolano en Miami, Madrid y Caracas, impulsaron estrategias para hacer cambiar esta decisión. Fue de esta manera que el 25 de febrero, durante el debate sobre una resolución presupuestaria clave para la administración Trump, varios congresistas republicanos amenazaron con bloquear la votación si no se revocaban las licencias petroleras de Chevron.
Finalmente, la resolución fue aprobada por un margen estrecho, lo que confirma que la presión ejercida fue determinante. Entre los congresistas implicados se encuentran María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, quienes habrían condicionado su voto.
Por años, se dijo que las sanciones eran decisión de EEUU y no de la oposición. Pero si es cierto que tres legisladores de distritos con fuerte voto venezolano presionaron a Trump para reimponerlas, queda claro que la diáspora juega un rol importante en la política de sanciones. https://t.co/oDrlmirEh7— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) March 4, 2025
El analista venezolano de oposición, Francisco Rodríguez, quien vive en Estados Unidos, confirmó con su opinión en las redes sociales que en el giro en la política de Washington hacia Caracas, tuvo mucho que ver la ultraderecha venezolana.
“Por años, se dijo que las sanciones eran decisión de EEUU y no de la oposición. Pero si es cierto que tres legisladores de distritos con fuerte voto venezolano presionaron a Trump para reimponerlas, queda claro que la diáspora juega un rol importante en la política de sanciones”, escribió Rodríguez en su cuenta de la red social X.
También se pronunció el periodista opositor radicado en Miami, Eugenio Martínez, quien ratificó que la acción tiene que ver con la imposición de la línea de Marco Rubio y el lobby venezolano en Florida, para hacer girar la postura de la Casa Blanca.
La decisión de la OFAC sobre la LG41 es sumamente restrictiva, reduciendo el wind-down de 180 a solo 30 días. Esto confirma que se impuso la visión del Secretario de Estado Marco Rubio y el sector político del Sur de la Florida en relación con la estrategia de máxima presión https://t.co/MB6MbvC808— Eugenio G. Martínez (@puzkas) March 4, 2025
«La decisión de la OFAC sobre la LG41 es sumamente restrictiva, reduciendo el wind-down de 180 a solo 30 días. Esto confirma que se impuso la visión del Secretario de Estado Marco Rubio y el sector político del Sur de la Florida en relación con la estrategia de máxima presión», escribió en X.
El economista venezolano Manuel Palmieri dijo a Últimas Noticias que quienes han pedido medidas sancionatorias contra el país son los mismos que se han beneficiado de ellas.
“El acoso ha sido permanente, consecuente y dirigido directamente a destruir las bases económicas del país. Sobre el país pesan 1.027 medidas coercitivas unilaterales y 53 en apenas dos meses del año”, dijo.
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