El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro figuras clave que han facilitado los esfuerzos del ilegítimo régimen de Maduro por socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela. Estas personas incluyen a David Eugenio De Lima Salas, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra.
Sus acciones son parte de un esquema de interferencia electoral más amplio para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre de 2020 mediante la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y el control de la riqueza y los activos del estado para fines del régimen a través del Fiscal General.
“El corrupto régimen de Maduro está intentando tomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela a través de una elección fraudulenta”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela y esta Administración sigue comprometida con atacar al régimen ilegítimo de Maduro y sus partidarios mientras buscan fortalecer su control sobre el poder”.
Estas personas están siendo designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13692, del Departamento del Tesorosegún enmendada.
LOS INTENTOS DE MADURO POR CONSOLIDAR EL PODER
Sobre la base de sus esfuerzos fraudulentos en diciembre de 2019 y enero de 2020 para socavar la Asamblea Nacional de Venezuela, la Corte Suprema de Justicia (Tribunal Supremo de Justicia), controlada por funcionarios amigos del régimen ilegítimo de Maduro, emitió fallos legales dudosos en la primavera de 2020 en apoyo a la selección de funcionarios de Maduro para puestos clave del gobierno, que supervisan la riqueza y los activos nacionales de Venezuela y los procesos electorales. La Asamblea Nacional, elegida democráticamente, aprobó resoluciones en las que denunciaba estos fallos como maniobras corruptas para socavar el estado de derecho en Venezuela.
En abril de 2020, luego de atender una solicitud de interpretación constitucional sobre la selección del Procurador General, la Corte Suprema de Justicia alineada con Maduro dictaminó que Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza(Muñoz Pedroza) es el Procurador General de la República y tiene todas las funciones de representar al Estado venezolano ante terceros nacionales e internacionales en materia de patrimonio y patrimonio del país.
La Asamblea Nacional rechazó esta decisión y la usurpación de ese cargo por Muñoz Pedroza, y posteriormente instó a los tribunales extranjeros, tribunales de arbitraje internacional y otras autoridades extranjeras a no aceptar la representación de Muñoz Pedroza o abogados designados por él como representantes del gobierno venezolano. La Asamblea Nacional también instó a las autoridades extranjeras competentes a sancionar a Muñoz Pedroza y a los abogados nombrados por él por su colaboración política con el régimen ilegítimo de Maduro, que obstaculiza la legítima defensa de los intereses venezolanos y la transición de la nación a la democracia.
En junio de 2020, la Corte Suprema de Justicia alineada con el régimen de Maduro nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral alineado con el régimen (Consejo Nacional Electoral), subvirtiendo un poder otorgado a la Asamblea Nacional bajo la Constitución de Venezuela. Dos de los nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral alineados con el régimen son Indira Maira Alfonso Izaguirre y José Luis Gutiérrez Parra . Este movimiento es parte de la constelación de esfuerzos que Maduro ha realizado para garantizar una farsa electoral parlamentaria el 6 de diciembre de 2020.
Hoy, Indira Maira Alfonzo Izaguirre, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y ahora Rectora Titular y Presidenta del Consejo Nacional Electoral; José Luis Gutiérrez Parra, rector titular del Consejo Nacional Electoral; y Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, el supuesto Procurador General, están siendo designados de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela.
CORRUPCIÓN PÚBLICA
Desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020, el ex gobernador venezolano David Eugenio De Lima Salas (De Lima Salas) – trabajando con el exvicepresidente ejecutivo y ministro de Industria y actual ministro de Petróleo Tareck El Aissami (El Aissami) y el blanqueador de dinero colombiano Alex Saab (Saab) ) – fue el líder de dos esquemas de corrupción de compra de votos conocidos como “Operación Maletín Verde” ( Operación Maletín Verde ) y “Operación Escorpión” ( Operación Alacrán) .
De Lima Salas todavía juega un papel fundamental en socavar la democracia venezolana y manipular las próximas elecciones parlamentarias de 2020. A través de la Operación Escorpión, De Lima Salas, junto con la Corte Suprema de Justicia alineada con el régimen de Maduro y miembros del Consejo Nacional Electoral alineados con Maduro, ha buscado despojar a los partidos políticos de oposición de su capacidad para operar al permitir que miembros corruptos del Asamblea Nacional para cooptar las marcas, logotipos, símbolos y tarjetas de propiedad de los partidos legítimos de oposición, con el objetivo de destruir a los partidos legítimos de oposición, reprimir votos e inclinar futuras elecciones a favor del régimen de Maduro.
De Lima Salas, exdiputado de la Asamblea Nacional y exgobernador, está siendo designado de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser responsable o cómplice o responsable de ordenar, controlar o dirigir o haber participado en, directamente o indirectamente, corrupción pública por parte de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela.
ANTECEDENTES DE EL AISSAMI Y SAAB
La OFAC designó a El Aissami el 13 de febrero de 2017 como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras de Narcóticos (Ley Kingpin) por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de narcóticos. Al momento de su designación, El Aissami era el Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. El 8 de marzo de 2019, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusó a El Aissami de violaciones penales de la Ley Kingpin. El 26 de marzo de 2020, el Secretario de Estado Pompeo anunció una oferta del Programa de Recompensas por Narcóticos de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de El Aissami. En la misma fecha,
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La OFAC designó a Saab el 25 de julio de 2019, de conformidad con la EO 13850, según enmendada, por ser responsable o cómplice de, o por participar directa o indirectamente en, una transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas y corrupción y el Gobierno de Venezuela o programas administrados por el Gobierno de Venezuela y para operar en el sector del oro de la economía venezolana. Saab se beneficia de la orquestación de vastas redes de corrupción que le han permitido a Maduro y sus compinches beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. A través de una sofisticada red de empresas fantasmas, socios comerciales y miembros de la familia, Saab ha lavado cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo.
El 25 de julio de 2019, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida acusó a Saab de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero por su presunto papel en el lavado de activos de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con un plan para pagar sobornos. La acusación también alega y busca la confiscación de más de $ 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en las violaciones.
ACCIÓN DE HOY
Con la acción de hoy, Estados Unidos sincroniza sus esfuerzos con los del Gobierno de Canadá, que colocó a Muñoz Pedroza y Alfonzo Izaguirre en su Lista Consolidada de Sanciones Autónomas Canadienses en 2018 y 2019, haciendo que estas dos personas estén sujetas a sanciones bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales de Canadá. y Ley de justicia para las víctimas de funcionarios extranjeros corruptos.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las personas designadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o de personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Las sanciones estadounidenses no tienen por qué ser permanentes; las sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que la eliminación de las sanciones puede estar disponible para las personas y entidades designadas de conformidad con la EO 13692, según enmendada, que tomen acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático, se nieguen a participar en abusos de derechos humanos, se pronuncien en contra abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro, o combatir la corrupción en Venezuela.
