Multas de 510 millones de euros para los cuatro tripulantes del velero interceptado en agosto de 2023 en aguas internacionales frente a la costa de Cantabria con más de 1,7 toneladas de cocaína.

En una sentencia dictada el pasado 17 de marzo, y que es firme tras haber manifestado las partes que no recurrirán, la Audiencia Nacional impone ocho años de prisión al único tripulante español del velero, natural de Bilbao, por un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y extrema gravedad. Además, le impone dos multas de 255 millones de euros, sumando un total de 510 millones.

A los otros tres tripulantes del velero, dos naturales de Venezuela y otro de Colombia, también como autores de los mismo delitos que el anterior, les condena a siete años de prisión e igualmente a sendas multas de 255 millones a cada uno, con lo que la totalidad de las cantidades económicas reclamadas a los cuatro procesados asciende a 2.040 millones de euros.

La AN impone una mayor pena de prisión al único acusado español al concurrir la agravante de reincidencia ya que, entre otras condenas anteriores, tiene una impuesta en abril de 2013 por la Audiencia Nacional de 13 años de prisión por los mismos delitos y por pertenencia a organización criminal y en la que también se le condenó a dos multas por importe total de 60 millones de euros.

El juicio contra los cuatro acusados se celebró el mismo 17 de marzo en la Audiencia Nacional, una vista en la que, según detalla la sentencia consultada por Europa Press, la defensa de los procesados expresó su conformidad con las penas solicitadas por la Fiscalía y todos los procesados admitieron los hechos en la vista.

Según los hechos probados, los cuatro condenados, de común acuerdo con terceras personas que no han podido ser identificadas y actuando en el marco de un entramado criminal transnacional, transportaron desde un punto geográfico de Sudamérica no determinado una importante cantidad de cocaína, más de 1,7 toneladas, a bordo de un velero para su introducción y distribución en la Unión Europea.

El velero en el que transportaban la droga, con bandera de Reino Unido y cuyo propietario había autorizado su uso al bilbaíno durante un periodo de ocho meses (de marzo a octubre de 2023), fue localizado gracias al intercambio de información policial entre autoridades británicas y españolas.

En base a esa información sobre la embarcación que podría transportar importantes cantidades de droga con destino a las costas españolas, el Servicio de Vigilancia Aduanera de Cantabria, de la Agencia Tributaria, recibió instrucciones el 1 de agosto de 2023 de salir en su busca hacia un punto a 45 millas al norte del cabo de Ajo.

A bordo del buque viajaban miembros de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Tributaria, del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Cantabria y funcionarios de la UDYCO y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que encontraron el velero a 26 millas al norte de la costa de Santander.

Los agentes accedieron al velero e identificaron y detuvieron a los cuatro tripulantes, naturales de Bilbao (Vizcaya), Venezuela y Colombia, y encontraron en una dependencia de la embarcación varios fardos que se utilizan habitualmente para el transporte de sustancias estupefacientes.

El velero fue remolcado hasta el puerto de Santander, donde al siguiente día, el 2 de abril de 2023, y con las diligencias judiciales pertinentes, fue registrado. En su interior se hallaron 92 fardos, con un peso aproximado de 2.200 kilos de sustancia estupefaciente.

Una vez analizada la sustancia, el peso total de la droga incautada ascendió a 1.766 kilos de cocaína, de tres tipos distintos y con diferentes grados de pureza, y que en el mercado ilícito hubiera alcanzado un valor de 85 millones de euros.

Los cuatro detenidos ingresaron en la cárcel el 4 de agosto de 2023 en donde han permanecido hasta la celebración del juicio en la Audiencia Nacional, que establece en la sentencia que, de las condenas impuestas, se les deberá restar el tiempo de prisión provisional ya cumplido.

Al ser firme la sentencia, se indica que se procederá a la destrucción definitiva de la totalidad de la sustancia estupefaciente intervenida en caso de que no se hubiese hecho aún.

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