Dos de las críticas más fuertes del chavismo contra el pasado político del país, cuando estuvo en manos de los partidos Acción Democrática y Copei, tiene que ver con las denuncias de desapariciones, torturas y asesinatos.
Hoy en día solo algunos muy cínicos de la revolución bolivariana siguen mencionando, luego de que en los últimos años se han repetido idénticos vicios, como lo demuestra la tortura y asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo, la extraña muerte desde el piso 10 del SEBIN del concejal Fernando Albán y otros casos, así como la desaparición forzosa de Luis Alcedo Mora Carrero, un dirigente de la izquierda.
“Batería”, como lo llaman sus amigos, es un militante histórico del partido de la revolución de Venezuela y secretario político de Ruptura en el estado Mérida. Estuvo militando, por más de 40 años, junto a viejos dirigentes de la izquierda, tales como Douglas Bravo y Prada Barazarte “El Flaco”, pues perteneció al aparato político militar PRV/FALN/Ruptura.
En la época que el chavismo ha dado en llamar Cuarta República, al referirse a los años de democracia desde la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958 hasta que Hugo Chávez llega al poder en 1998, Alcedo estuvo detenido, durante seis meses en la DISIP (hoy Sebin), dejándolo sin dientes producto de las torturas.
Después que hubo la pacificación de la guerrilla de los ’60, en el primer Gobierno del entonces presidente Rafael Caldera, Alcedo Mora se suma a la organización de Ruptura/Tercer Camino, más como agrupación de base en defensa de conquistas sociales.
Estaba investigando
Por su trabajo en las bases populares, es contratado en Desarrollo Social en la gobernación de Mérida, cuando Marcos Díaz Orellana gana la Gobernación. Quienes lo conocen dice que actuaría en ese cargo coherentemente con su forma de ser. Por ello hace seguimiento a la penetración de grupos paramilitares colombianos y su relación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Darío Manuel Gómez Suárez es su amigo y una de las personas que más ha insistido en que su desaparición no pase al olvido. “’Batería’ se da cuenta que hay altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) involucrados en el contrabando de gasolina. Así como la expansión del paramilitarismo colombiano en la carretera Panamericana, que comunica a Táchira con Mérida”.
No se quedaba quieto, siempre estaba activo investigando. Así se dedica a denunciar la Masacre de Onia en Mérida, cuyos responsables resultaron ser policías y funcionarios de inteligencia que habían conformado un grupo exterminio.
Otro de los casos que lo hicieron visible fue la denuncia de la desaparición forzada por parte de militares de campesinos del estado Mérida. Y los muertos, heridos y detenidos por la represión por parte del gobierno chavista con la organización estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA) Mérida y el tecnológico de Mérida.
“Meses antes de su desaparición, Alcedo nos había dicho que tenía dos líneas de investigación dentro de la contraloría social y las dos tenían coincidencia con un narco paramilitar llamado John Jairo, financista en esa época de un candidato de la oposición venezolana. El narco era protegido por un ex ministro de interior y ex Gobernador del chavismo”. La otra investigación en la que andaba era en la del tráfico de gasolina hacia Colombia.
Su hijo Luis Mora relata para Infobae que “mi papá desde el 2013 ya venía denunciando hechos de corrupción. Le pasa una carta a Rafael Ramírez, entonces ministro y presidente de PDVSA diciéndole que le había dejado unas copias de hechos de corrupción para que lo hiciera público. Ramírez no hizo nada. Mi papá continúa haciendo contraloría social en Mérida”.
“El Gobierno ha dicho que mi papá nunca hizo la denuncia y que por lo tanto no hubo procedimiento. Pero sí denunció, lo hizo en el 2015 y formalmente ante la Fiscalía y lo dijo públicamente. También lo hizo ante el Gobernador Alexis Ramírez. Mi papá era el asistente del entonces secretario general de Gobierno Luis Martínez. Desde ahí empiezan las amenazas contra él y la persecución”.
Narra Luis Mora que al salir de una reunión que Alcedo Mora tuvo en la Gobernación, el 27 de febrero, le dice a su hijo Simón que si le llega a pasar algo llame a una lista de personas cuyos números de teléfonos le da. “Mi papá le dice que puede ser que lo metan preso, que lo maten o lo desaparezcan”. El 3 de marzo hacen la denuncia de su desaparición. “Desde ese momento empezamos a ser acosados y a sufrir persecución por parte del SEBIN y CICPC”.
El día que desapareció
Alcedo le presenta la denuncia al entonces gobernador de Mérida Alexis Ramírez y al secretario de gobierno. “Vinieron las amenazas contra él. Luis Martínez le dijo que tenía una denuncia en el Sebin. ‘Batería’ le dijo que no tenía nada que ocultar y que se presentaría”, relata Darío Gómez. “Su hijo Luis le dijo que no lo hiciera que eso era solo un rumor. Después lo mandaron a la población de Jají a una labor comunitaria y de ahí desapareció”.
El 25 de febrero de 2015, Alcedo Mora le había enviado mensajes a varios amigos diciéndoles que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo estaba buscando para involucrarlo en un secuestro, por hacer denuncias sobre la estatal petrolera PDVSA.
Cuando Alcedo desaparece, la familia y amigos hacen la denuncia ante el Ministerio Público, aunque inicialmente la Fiscalía se niega a tomar la de su hijo Simón Mora.
Hay mucho ruido a través de las redes sociales, lo que obliga a la Fiscalía a recibirla. “Tareck William Saab, quien se proclamaba como amigo de ‘Batería’ ya que fue su jefe político en 1980, tomó la denuncia como Defensor del Pueblo que era en ese momento. Después reconoció en un programa televisivo que Alcedo sí era un desaparecido forzado”.
Darío Gómez dice con indignación: “Fuimos a la Defensoría del Pueblo, también a la Fiscalía General cuando su titular era Luisa Ortega Díaz, pero no hizo nada; también acudimos ante el vicepresidente de la República y la Asamblea Nacional”.
Incluso Johana Rojas Mora, sobrina de Alcedo Mora, tuvo un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, pero los diputados no se pronunciaron. La ONG Provea, encabezada con el abogado Marino Alvarado, asesoró a los dolientes de Alcedo, quienes llevaron el caso a la ONU, al Comité de Torturas y Desaparecidos Forzados.
Desde ahí se conforma el Comité Internacional de Perseguidos Obreros Venezolanos, que la integran Razón y Revolución Argentina con Nicolás Grimaldi, Fabián Harari, y Eduardo Sartelli, Federación de trabajadores de Brasil, que con amigos de México han tomado en protesta a las embajadas, pero sin respuesta favorable de parte del cuerpo diplomático.
Lo irónico es que a Alcedo lo apresó y torturó la Cuarta República, lo que sin duda fue insumo para que ayudara a que la revolución llegara al poder. Esa revolución lo desapareció.
