En su comparecencia ante diputados, Rosa Icela Rodríguez dijo que el impacto de esos delitos hace necesario que sean incluidos en la lista de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
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La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pidió ante el Congreso catalogar como delitos graves la extorsión y la tala clandestina, lo que implicaría imponer prisión preventiva oficiosa y sanciones más severas en contra de las personas que cometan estos ilícitos.
Así lo dijo durante su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, ante cuyos integrantes solicitó “tratar de sacar lo más pronto posible” una reforma que contemple estas modificaciones.
“Por lo que hace a los retos, sería conveniente que la tala clandestina y la extorsión sean catalogados como delitos graves, lo que implicaría sanciones más severas para desalentar estas prácticas lesivas”, dijo.
Para argumentar su petición la secretaria señaló que policías y Fuerzas Armadas detienen a diario a extorsionadores, pero estos salen libres “porque no está tipificado como un delito grave”.
En 2019, la administración del recién llegado presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de reformas para modificar el artículo 19 constitucional para ampliar la lista de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con esas reformas, se determinó que una veintena de delitos correspondan a esa categoría, más del doble de los que se permitían antes.
Una investigación realizada por Animal Político reveló que, como consecuencia de estas reformas, fueron detenidas más de 130 mil personas inocentes ante la ley en tan solo dos años, quienes en su mayoría eran de escasos recursos o miembros de grupos minoritarios que hoy en día siguen esperando un juicio.
A raíz de estas reformas, hace tan solo dos semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió un proyecto que proponía limitar la prisión preventiva oficiosa al considerarla inconvencional —es decir, violatoria de tratados internacionales en materia de derechos humanos—. Finalmente, solo se invalidó la aplicación de esa medida cautelar para dos delitos fiscales.
