El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció acciones contra la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que reiteró sus denuncias sobre violación de las garantías políticas ese país, especialmente con miras a las próximas elecciones regionales.

EB / Idaed / semana

Tras los cuestionamientos hechos por la directora de esa oficina, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la Administración venezolana rechazó esas declaraciones en un comunicado y advirtió que tomará medidas por lo que consideró que es un reporte “desbalanceado” y cargado de “afirmaciones sesgadas”.

“El Gobierno someterá a revisión la relación con la Oficina (…) y la próxima renovación” de la carta de compromiso que suscribieron las partes en 2019 y que fue renovada este año, informó la Cancillería.

El documento oficial señaló que “es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores antivenezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos”, se indica en el comunicado oficial venezolano.

El informe de Michelle Bachelet presentaba 66 casos de intimidación a periodistas y opositores.

El gobierno Maduro indicó que “lamenta y rechaza las desacertadas declaraciones” por lo que anunció que revisará la relación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) “con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo”.

“Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el Gobierno de Estados Unidos (…) en clara violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos”, enfatizó el documento.

Aseguró que Venezuela “aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos técnicos”, pues considera que los señalamientos de Bachelet son “infundados”.

“A pesar de la presencia de su oficina en el terreno y de los fluidos mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano (…) la información que maneja la alta comisionada no dista mucho de la que difunden los gobiernos y medios que aspiran a un escenario de violencia en Venezuela”, insistió.

El panorama venezolano

En una presentación sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet sacó a relucir las represalias que toma el Ejecutivo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales, incluso si se trata de la ONU.

La alta comisionada aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurren en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.

Alerta sobre nuevos abusos

Una misión de la ONU que denunció en septiembre de 2020 crímenes de lesa humanidad en Venezuela alertó sobre nuevas “detenciones arbitrarias”, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.

Marta Valiñas, presidenta de la la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en ese país.

La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, esperando presentar “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.

Este grupo, constituido en 2019, determinó en septiembre pasado que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas incurrieron desde 2014 en graves violaciones de los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.

El presidente Nicolás Maduro, que tachó entonces el informe como “plagado de falsedades”, expresó el miércoles su “más firme rechazo a las falsas acusaciones” de la misión.

“Una vez más se vierten señalamientos carentes del más mínimo sustento, a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país”, fustigó el texto difundido por la Cancillería, en el que “reitera su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos”.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, denunció más temprano un “circo mediático que pretende hacer de los derechos humanos un arma para continuar agrediendo el nombre de Venezuela en el mundo”.

Valiñas señaló que su equipo entró “en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno”.

Y destacó que la misión busca “información relacionada con los esfuerzos del Gobierno para prevenir y remediar las violaciones, y para investigar y sancionar a los y las responsables de los abusos”.

“Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas”, indicó.

“Represión continúa”

No obstante, Valiñas indicó que la “represión continúa (…) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al Gobierno”, alertando de “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.

“Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al Gobierno y a personas relacionadas con él”, subrayó.

Dijo que investigarán “denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que se han recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas”.

Señaló, además, que han “identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”, la mayoría por la fuerza élite de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, que ya fue tachado de escuadrón de exterminio.

“También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos”.

Valiñas alertó sobre nueve detenciones que “afectaron a periodistas”, incluido Roland Carreño, preso en octubre pasado y acusado de “conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra”.

Los periodistas en Venezuela, denunció, “han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados”. “Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas”.

“Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central”, indicó Valiñas. “Mientras lo hacía, él y su Gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión”, puntualizó.