El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido este jueves aumentar levemente la presión sobre Filipinas por los excesos de su guerra contra las drogas y ha aprobado una resolución que encarga a la alta comisionada Michelle Bachelet que su oficina haga un seguimiento de la situación y prepare un informe al respecto.
La iniciativa ha sido de Islandia, a la que han secundado la Unión Europea y países latinoamericanos, todos ellos preocupados por la continuación de las ejecuciones extrajudiciales en redadas antidrogas y la impunidad que las rodea.
Filipinas ha reaccionado con agresividad a esta resolución, que considera «políticamente motivada» y basada en informaciones falsas, y que adelantó que la ignorará, aunque no dio el paso de abandonar el Consejo de Derechos Humanos como habría contemplado, según ha dado a entender su delegado.
«Una empresa de matar a gran escala»
La guerra contra las drogas continúa desangrando a Filipinas con total impunidad, con una media de 27 ejecuciones extrajudiciales al día y miles de «daños colaterales», que incluyen la muerte de un centenar de menores atrapados, por lo que el país se podría enfrentar a una investigación de la ONU.
Con más de 27.000 asesinatos en tres años -aunque la policía solo admite 6.600 muertos en operaciones antidroga-, todavía no ha habido «una rendición de cuentas significativa» por parte de funcionarios del gobierno, según denuncia Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre los abusos de esta letal campaña.
«La guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte sigue como una empresa de matar a gran escala», indicó el director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático, Nicholas Bequelin, en una videoconferencia en Manila.
