Un financista británico poco conocido ha estado seduciendo a funcionarios de Venezuela con un peculiar plan para liberar US$1.500 millones en oro venezolano retenidos en el Banco de Inglaterra, un indicio de los intentos del gobierno de Maduro por eludir las sanciones internacionales sobre sus reservas extranjeras.
Charles Vincent, de la firma Pipaud y Partners Saul, con sede en Ginebra, presentó la propuesta a funcionarios del Banco Central de Venezuela en el mes de agosto, según informó Bloomberg. El plan consistía en que la empresa presionaría al gobierno británico para que le vendiera el oro a un banco austriaco con un descuento del 30 por ciento sobre su valor de mercado —de cuya diferencia Vincent presumiblemente recibiría una parte—.
La propuesta de Vincent también contemplaba esquemas alternativos, como la emisión de un bono de US$5.000 millones suscrito por un banco de Singapur cuyos principales clientes son empresas de eliminación de desechos.
A pesar de que los analistas internacionales desestimaron las propuestas por considerarlas disparatadas, parece que los funcionarios del gobierno de Maduro siguen considerándola.
Maduro ha estado intentando repatriar US$550 millones en oro retenidos en el Banco de Inglaterra desde 2018, cuando las sanciones de Estados Unidos comenzaron a afectar el oro venezolano. Las participaciones británicas aumentaron a casi US$1.500 millones en enero de 2019, después de que Venezuela pagara un préstamo del Deutsche Bank que había utilizado el oro en Londres como garantía.
Tras las presiones del gobierno de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra se ha negado a devolver el oro, aduciendo que actúa de conformidad con las sanciones internacionales y que teme que los fondos puedan ser utilizados para financiar la corrupción.
El hecho de que el gobierno de Maduro esté dispuesto a considerar esquemas oportunistas como el de Vincent muestra la desesperación del régimen por dinero en efectivo para liberar sus activos en el extranjero.
Venezuela tiene una reserva extranjera estimada en US$8.000 millones, además de abundantes participaciones en cuentas externas que están actualmente congeladas por las sanciones internacionales. Esto incluye US$7.000 millones de activos de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, US$1.400 millones en la empresa belga de servicios financieros Euroclear, y US$1.200 millones en Novo Bank, de Portugal.
El plan de Vincent no representa la primera vez que los funcionarios venezolanos consideran maniobras no convencionales para acceder a estas participaciones extranjeras. En febrero de 2019, un plan para utilizar los bancos uruguayos con el fin de canalizar hacia Venezuela los US$1.200 millones de activos en poder de Novo Bank fue frustrado por la presión de la oposición venezolana.
Si bien Maduro afirma que se necesitan reservas extranjeras para comprar alimentos y medicamentos, la oposición insiste en que liberarlos facilitaría los sistemas de corrupción que apoyan la debilitada administración y drenaría los recursos estatales antes de una posible transición.
Maduro está particularmente interesado en acceder a las reservas de oro del país en el extranjero, dado que su administración requiere del metal precioso para mantener la liquidez después de que se aplicaron sanciones internacionales a PDVSA. El valor de las reservas de oro del Banco Central disminuyó en US$1.000 millones en los primeros 6 meses de 2019, siendo Turquía y los Emiratos Árabes Unidos los principales compradores internacionales.
Se estima que entre el 80 y el 90 por ciento del oro venezolano se produce ilegalmente, sobre todo en pequeñas minas controladas por grupos armados irregulares.
Sin embargo, es dudoso que la postura del Banco de Inglaterra impida la pérdida del oro venezolano. Tras la negativa del Reino Unido de liberar sus participaciones, incluidas las relacionadas con el canje del Deutsche Bank, Venezuela tiene menos motivación para pagar otros préstamos respaldados con oro. En el mes de marzo, Citigroup anunció su intención de vender más de US$1.300 millones de oro venezolano que se mantenía como garantía, después de que el país incumpliera con los reembolsos de préstamos.
