La organización Amnistía Internacional advirtió sobre un retroceso de Guatemala en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, debido a las acciones gubernamentales en contra de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIG).
«El acceso a la justicia está recibiendo fuertes golpes de los que Guatemala no podrá recuperarse si no se toman medidas ahora; es necesario detener inmediatamente las acciones impulsadas por las más altas autoridades del país y asegurar que cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos lleguen a la justicia», alertó la directora para Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
El informe «Última oportunidad para la justicia», publicado por la organización en su web oficial, reseña los riesgos inminentes para los derechos humanos en Guatemala debido a las medidas de la presidencia de Jimmy Morales, el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, el Organismo Judicial, y el Congreso de la República.Entre 2007 y 2018, la CICIG apoyó al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, y logró presentar más de 100 casos, varios de estos estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país.
Durante ese período, los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias contra ex comisionados militares, y miembros de la policía y el Ejército, incluyendo sus altos mandos, pero con la llegada de Morales al poder, en 2015, comenzó un cuestionamiento a la labor del mecanismo implementado con apoyo de Naciones Unidas.
El 31 de agosto de 2018, el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG, que terminará el próximo 3 de septiembre, y Porras tampoco adoptó las medidas para garantizar la continuidad de entes como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), lo cual amenaza más de 70 casos conjuntos.»La Fiscal General (Porras) no puede frenar el impulso que ha vuelto a dar esperanza a miles de personas en el país. Tiene la gran responsabilidad y obligación de evitar que los casos de violaciones de derechos humanos y de corrupción no queden en la impunidad», señaló Guevara.
Amnistía Internacional señala en su reporte que el Congreso de Guatemala impulsa propuestas legislativas regresivas que dejarían en la impunidad violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado (1960-1996) y ciertos actos de corrupción, amén de limitar el derecho de asociación.
«En los últimos 10 años, Guatemala avanzó en la consolidación de la justicia hasta llegar a ser un ejemplo en la región. Sin embargo, estos retrocesos nos están devolviendo al punto de partida, enfrentándonos a las mismas situaciones por las cuáles se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en primer lugar», agrega el informe.En el documento se pide a las autoridades guatemaltecas poner fin al uso indebido de los procesos penales para hostigar a los fiscales, jueces y defensores de derechos humanos, para que exista un ambiente propicio para el funcionamiento de la justicia.
Amnistía Internacional alertó que el cese de la CICIG y el debilitamiento de las instituciones de justicia y de derechos humanos permiten a las estructuras criminales continuar violando la ley en toda impunidad e incrementa el riesgo de ataques contra defensores de los derechos humanos.
