El Centro de Comunicación Nacional -oficina que maneja las comunicaciones de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela– denunció la mañana de este lunes 5 de enero la presencia de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cerca de la residencia del parlamentario, ubicada en Santa Fe, municipio Baruta.

Idaed / RL / TalCual

La aparición del contingente de agentes de estos cuerpos de seguridad ocurre a tan solo horas de la instalación de la Asamblea Nacional que será controlada por la administración de Nicolás Maduro y cuyo presidente sería el exministro Jorge Rodríguez-.

A través de mensajes en Twitter, Guaidó reprochó la presencia de la Dgcim cerca de su residencia al decir que es un método usado por el Ejecutivo para «intentar generar terror», mientras se instala el parlamento del gobierno interino que preside.

Recordó que la continuidad constitucional «responde a la situación atípica que vivimos, en dictadura», por lo que no se puede permitir que exista un «vacío de poder» al no haber diputados que fueran elegidos en unos comicios legítimos.

«Dejar al país sin el único órgano electo legítimo sería contrario al restablecimiento del orden constitucional y nos alejaría de la posibilidad de soluciones a la crisis, que pasa por elecciones presidenciales y parlamentarias libres», escribió

La aparición de los cuerpos de inteligencia en las adyacencias de la residencia donde vive Juan Guaidó estaría relacionada con la decisión de los diputados de la Asamblea Nacional que preside el también reconocido como presidente encargado del país aprobaron en sesión de la comisión delegada -celebrada el 2 de enero- el acuerdo impulsado por la sociedad civil sobre el rescate de la democracia en Venezuela y lograr el cumplimiento del mandato producto de la consulta popular realizada el pasado diciembre.

Entonces, Guaidó señaló que con este acuerdo se rechaza también el «fraude perpetrado» por la administración de Nicolás Maduro el pasado 6 de diciembre cuando se llevó a cabo la elección de un nuevo parlamento. Este evento electoral ha sido rechazado por varias gobiernos, entre ellos, Estados Unidos, los cuales advirtieron que no se contaba con las garantías necesarias para su ejecución.

Además, la Asamblea Nacional aprobó su «continuidad constitucional» al sancionar el sábado 26 de diciembre la reforma al Estatuto de Transición, que garantiza que el parlamento presidido por Juan Guaidó pueda mantenerse en ejercicio hasta el 5 de enero de 2022, o hasta conseguir elecciones libres.

Desde el inicio de la campaña electoral de cara a las parlamentarias convocadas por el chavismo para el 6 de diciembre, el mandatario venezolano dio instrucciones a los candidatos del Gran Polo Patriótico (GPP) de iniciar la nueva administración de la Asamblea Nacional con un objetivo claro: hacer justicia por los cinco años de «ataques» de la gestión opositora en el Parlamento.

Maduro insistió el 21 de diciembre en que el nuevo período legislativo debe iniciar con la creación de una comisión que estudie la administración anterior e inste al Poder Judicial a «hacer justicia» por los presuntos crímenes cometidos por la gestión opositora, encabezada por Juan Guaidó, Julio Borges y Henry Ramos Allup, los tres líderes señalados por el oficialismo como responsables de la crisis venezolana.

También, la presencia de la Dgcim cerca de la casa de Juan Guaidó se registra luego que la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunciara vía Twitter un nuevo supuesto ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional en vísperas de la instalación del nuevo Poder Legislativo.