23 noviembre, 2024 11:32 am

Denuncian criminalización a abogados y defensores de derechos humanos

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Para la Alianza Cívica, la criminalización hacia los abogados evidencia una “nueva etapa de represión”  desde que iniciaron las protestas en Nicaragua.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos y los abogados por parte del régimen de Daniel Ortega, lo que constituye «una flagrante violación al derecho constitucional al trabajo».

Por medio de un comunicado, la Alianza resaltó la labor de estos profesionales durante la crisis que estalló en abril de 2018, luego estos han sufrido “asedios, amenazas de muerte, agresiones físicas, exilio, detenciones arbitrarias y más recientemente, sujeto de procesos penales injustos y arbitrarios”.

El ejemplo más reciente de la criminalización de los abogados es el caso de María Oviedo, a quien el régimen le abrió un proceso judicial por el delito de obstrucción de funciones cuando el pasado 27 de julio fue detenida en la delegación policial de Masaya y posteriormente trasladada a la cárcel El Chipote, en Managua. En Masaya la abogada fue agredida física y verbalmente por un oficial.

Nueva etapa de la represión

Para la Alianza Cívica, la criminalización hacia los abogados evidencia una «nueva etapa de represión» en el país desde que iniciaron las protestas que dejaron más de 300 muertos, cientos de presos políticos y miles de exiliados.

Asimismo le recordó al régimen de Daniel Ortega que muchos de los defensores asediados, entre los que se encuentra Oviedo, gozan de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El trabajo de la defensoría de derechos humanos, regido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de vital importancia, especialmente en situaciones como las que se viven en Nicaragua”, expuso la Alianza.

El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Daniel Ortega, retiró la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y a otra serie de organizaciones que trabajaban de cerca en la defensa de derechos humanos de los nicaragüenses.

Laprensa

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