Para el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, la invitación que hizo Venezuela al actual Alto Comisionado para los Derechos Humanos (DD. HH.) de la ONU, Volker Türk, hizo visible los daños e impactos negativos que han provocado las criminales medidas coercitivas unilaterales del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) en la vida de los venezolanos y venezolanas.

Idaed / Vtv

Ruíz recordó durante una entrevista en el programa 360º transmitido por Venezolana de Televisión que ante situaciones muy fuertes provocadas por los daños de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela le instó a erradicar esas sanciones y es que la anterior Alta Comisionada, Michelle Bachellet, nunca se pronunció ni condenó abiertamente esas estrategias aplicadas contra Venezuela y otros países.

“Bachellet nunca se pronunció con una condena tan explícita como fue la del nuevo Alto Comisionado, quien dijo que todas las medidas coercitivas unilaterales contra todos los países tienen un impacto en la vida de las personas y sus derechos humanos y por tanto son ilegales”, sentenció.

A su juicio consideró que es muy interesante la visita del Alto Comisionado, luego que el Estado venezolano le extendió la invitación a conocer la realidad de Venezuela en tiempos de las criminales sanciones, las cuales deben ser erradicadas absolutamente.

Para el defensor del Pueblo, es prometedora la visión del actual Alto Comisionado, porque representa un avance o progreso en la defensa de los DD. HH., no solo en Venezuela sino en todo el mundo “lamentablemente, hay gobiernos que utilizan los DD. HH. como arma política y de guerra”.

El visitante de la ONU fue informado de lo ocurrido con CITGO, empresa venezolana en EE. UU. que fue saqueada lo cual provocó muertes de niños y adolescentes que estaban esperando intervenciones quirúrgicas, pero que fueron canceladas por falta de pago.

“Es importante la denuncia de todo ese daño de las medidas coercitivas unilaterales, porque dañan los DD. HH. y provocan asesinatos de niños y niñas en Venezuela”.

Ruíz mencionó que la visita del Alto Comisionado a Venezuela sirvió para que se firmara, además, un acuerdo de asistencia técnica por dos años para que esa alta oficina de la ONU asistiera al Estado venezolano “es una de las cosas por la que el Estado venezolano invitó al Alto Comisionado”.

“La Defensoría participa también en diversos organismos de la ONU. Tenemos convenio con la oficina de refugiados, la ONU-Sida, la Unicef para ayudar a los niños y adolescentes que han sido víctimas precisamente de las medidas coercitivas unilaterales y la consecuencia que ha obligado a familias a salir del país”.

Informó que en esta semana, su despacho ejecutará un plan de trabajo para ir avanzando y trabajando, cómo atender las emergencias provocadas por las medidas coercitivas, a la par de desarrollar a lo largo del 2023 un plan para acercar la Defensoría a las comunidades más lejanas, creando Defensorías municipales.

23 años de la Defensoría del Pueblo

Al celebrar los 23 años de creación de la Defensoría del Pueblo en Venezuela, Ruíz recordó que el 27 de Febrero es el Día Nacional de los DD. HH. en conmemoración de la masacre del Caracazo, en 1989, cuando el Estado venezolano de la época asesinó a miles de personas durante la explosión social reprimida a sangre y fuego.

“El Caracazo de 1989, que no vuelva a ocurrir esa masacre, que provocó desapariciones, asesinatos, más de tres mil personas asesinadas y sepultadas en fosas comunas”, reflexionó.

Igualmente, al celebrar que Venezuela es un país de derecho y de respeto a la vida, sentenció que cualquier violación a los DD. HH. debe ser denunciada, investigada y sancionada.

Aseveró que todas las instituciones públicas están obligadas a recibir denuncias de los ciudadanos y ciudadanas, y las leyes obligan a los funcionarios públicos que conozcan alguna tortura, maltrato o irregularidad a los derechos de los venezolanos, a canalizarla a través de los organismos competentes: el CICPC, la policía, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo “si un funcionario público tiene conocimiento de tortura y trato cruel y no lo denuncia, será sancionado”.