La Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunidado público en el que resaltan la necesidad «imperiosa» de defender judicialmente los derechos e intereses de Venezuela en el territorio Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

IDAED / Tal Cual.

Después de que Guyana decidiera, que reclama la soberanía del territorio basada en el Laudo Arbitral de París de 1899, que resolvió el caso a favor de Gran Bretaña y estableció la frontera entre ambos territorios.

En 1949 Venezuela denunció el fallo de París ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo el argumento de que se encontraron papeles que comprometían la imparcialidad del juez ruso que falló a favor de Gran Bretaña, Friedrich Martens. A raíz de esta denuncia, Venezuela y Reino Unido firmaron un pacto conocido como «el Acuerdo de Ginebra» y se comprometieron a hallar una solución pactada.

Sin embargo, tres meses después Guyana firmó su independencia y desconoció el pacto, por lo que insistió que el territorio le pertenecía según el Laudo Arbitral de París.

A mediados de 2015, Venezuela incrementó su presión para reclamar este territorio y Guyana decidió llevar este caso ante la CIJ en 2018, instancia que el pasado 18 de diciembre se declaró competente en el asunto.

La postura asumida por el gobierno de Nicolás Maduro frente a este caso implica el desconocimiento de la CIJ para darle continuidad al juicio e insiste en que, según el Acuerdo de Ginebra, los dos países deben llegar a un acuerdo dialogado por una vía pacífica.

Sin embargo, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sostiene que Venezuela debe participar en el juicio de la CIJ para defender los derechos del país en esta instancia.

«La Academia considera que Venezuela debe participar activamente en el proceso -así sea bajo protesta o reserva-, a fin de desplegar en plenitud todos los derechos procesales que le asisten», establece la misiva.

A juicio de los académicos, Venezuela debe rechazar los argumentos del demandante, hacer valer los argumentos propios con pruebas sólidas que expongan la nulidad del Laudo Arbitral de 1899, nombrar un juez ad-hoc y estudiar si es conveniente contrademandar a Guyana.

La contrademanda tendría como finalidad intentar que Guyana «sea condenada a cumplir de buena fe sus obligaciones bajo el Acuerdo de Ginebra de negociar una solución práctica y mutuamente aceptable a la controversia».