Las recientes declaraciones del usurpador Nicolás Maduro Moros, el pasado 20 de mayo, de adelantar los comicios parlamentarios, vuelven a causar desconfianza entre los venezolanos, porque representan sin duda una nueva amenaza contra la Asamblea Nacional (AN), el único poder público legítimo y constitucional existente en el país y reconocido por la comunidad internacional.
Un precedente en este sentido fueron las elecciones presidenciales celebradas hace un año (20/05/2018), convocadas antes del tiempo por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin justificación alguna, lo que sirvió de maniobra política para obtener ventajismos sobre los partidos de la oposición que habían sido inhabilitados en vísperas de ese proceso tras una serie de groseras irregularidades que permitieron, bajo la complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), adjudicar ilegítimamente a Nicolás Maduro Moros la victoria electoral.
En este sentido, Acceso a la justicia considera pertinente llamar la atención sobre este nuevo anuncio, que de materializarse, significaría otro ataque más a la voluntad popular constituida a través de la AN, sobre todo cuando está comprobado que adelantar o retrasar la celebración de elecciones es un recurso que ha sido utilizado por el régimen político actual a su conveniencia según si tiene o no suficiente control social que le permita hacer elecciones fraudulentas sin mayores consecuencias, con el fin de perpetuarse en el poder y, en este caso, se quiere usar básicamente para deslegitimar y acabar con la única institución democrática que existe en la actualidad.
Desde nuestra perspectiva, la inconstitucional artimaña que el régimen usurpador de Maduro busca llevar a cabo se puede explicar en cuatro claves:
- El adelanto de las elecciones parlamentarias se traduciría en una violación del artículo 192 de la Constitución, cuyo texto establece que los diputados de la AN durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones. Por ello dado que la elección de la actual AN fue celebrada el 6 de diciembre de 2015, necesariamente la próxima votación para elegir a los nuevos diputados debería tener lugar en diciembre de 2020.
Este adelanto se opone al período constitucional del mandato de los parlamentarios; sería una maniobra para quitarle aún más autoridad a la AN, y además, un engaño intolerable que significaría el recorte del periodo legislativo 2016-2021 de los diputados electos legítimamente en diciembre de 2015 sin justificación legal alguna y sin enmienda constitucional.
- Tampoco tendría asidero constitucional, porque violaría el derecho del pueblo a elegir sus representantes mediante sufragio universal, directo y secreto (artículo 63), en este caso, expresado en los comicios parlamentarios celebrados el 6 de diciembre de 2015.
Desde el marco de la Constitución, el adelanto de la elección parlamentaria constituiría una usurpación a la soberanía del pueblo (artículo 5 de la Constitución) que es quien eligió mediante el voto a los diputados a la AN electos para la legislatura 2016-2021.
- La propuesta electoral planteada apuntaría a un claro proceso parcializado dada la composición del CNE.
No pareciera que haya pecado por inocente la oferta de Maduro al pretender adelantar las elecciones parlamentarias, teniendo en cuenta que la práctica electoral que impera en el país en los últimos años demuestra un Poder Electoral que actúa al margen de la legalidad y de los principios y valores de un modelo democrático, con el objetivo de favorecer las candidaturas oficialistas.
De hecho, es reconocida la plena actuación política deliberada y las arbitrariedades cometidas en procesos pasados por parte del CNE, así como la falta de confianza y de credibilidad respecto a los rectores y otros directivos que lo componen, designados por el TSJ y no por la AN como manda la Constitución.
Por ello, para Acceso a la justicia es innegable exigir la renovación del árbitro comicial, sobre todo si se quieren contrarrestar los fraudes que se dejaron ver especialmente en las últimas cuatro elecciones celebradas en el país, y de este modo asegurar verdaderamente la imparcialidad e independencia en el porvenir electoral del país.
- El adelanto de elecciones parlamentarias no implica una auténtica oferta electoral.
El adelanto de las parlamentarias también significaría un fraude a la Constitución y a la soberanía popular, teniendo en cuenta que casi todos los partidos políticos y líderes opositores al régimen de Maduro están anulados o inhabilitados tras una lista de decisiones inconstitucionales dictadas por la írrita ANC, así como por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Contraloría General de la República (CGR) y el CNE.
En ese contexto, no sería posible asegurar unas elecciones competitivas, pues el cuerpo electoral no tendría una verdadera libertad de elegir a sus candidatos por la ausencia de una real diversidad en la oferta electoral, tal y como ocurrió con las fraudulentas elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018.
De allí que ante la carencia de candidaturas de organizaciones políticas de la oposición, la ausencia de separación efectiva de poderes y la falta de transparencia y credibilidad en el CNE descrita en el punto anterior, entre otros aspectos, resulta claro que este nuevo proceso electoral tampoco sería democrático ni creíble, como no lo fue el de la elección presidencial el 20 de mayo de 2018.
En suma, para Acceso a la justicia, es obvio que el adelanto de las elecciones legislativas nacionales agravaría aún más la crisis institucional que ya vive Venezuela, porque, pese a que en la práctica las decisiones del órgano parlamentario no tienen fuerza jurídica para el régimen político gobernante, sus actuaciones dan una luz de esperanza sobre el deber ser a los venezolanos, y además, sirven para visibilizar las infracciones y violaciones del Gobierno de facto, porque en las sesiones de la AN se denuncian esos hechos y se informa a la comunidad nacional e internacional sobre ello.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El planteamiento de adelantar las elecciones parlamentarias es una maniobra política del gobierno usurpador de Maduro en el intento de acabar de manera definitiva con el Parlamento a la luz de su reconocimiento internacional y a fin de no tener a lo interno un órgano político que denuncie sus crímenes y violaciones, ni dé esperanza alguna sobre un posible cambio político hacia una democracia y un Estado de derecho, como lo ha hecho el órgano legislativo desde su elección en diciembre de 2015.
Hasta tanto no sea renovado el Poder Electoral, el ejercicio auténtico de la soberanía popular, así como la objetividad e imparcialidad de cualquier proceso comicial en Venezuela estarían comprometidos groseramente, lo cual haría más proclive la obtención de resultados fraudulentos.
