Se han producido dos nuevas sentencias de tribunales norteamericanos sobre muy importantes asuntos venezolanos que están pasando desapercibidos y que deben conocerse. Uno es sobre el caso del robo a PDVSA que he venido trabajando desde el año 2018 bajo el título “US PDVSA LITIGATION TRUST” y otro el del “Bono Pdvsa 2020”.

RL / Idaed / Elcarabobeño

En el primero de estos casos la Corte de Apelaciones del 11 Circuito de EEUU declaró sin lugar la apelación que ejercieron los representantes del gobierno de Maduro contra la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Florida que les cerró el proceso que incoaron en una pelea por el botín del robo que entre ambos ejecutaron por diez años contra PDVSA.

Este juicio fue la parte final de una infame trama que consistió en la pelea entre las dos facciones en las que se dividió la banda que operando dentro de la petrolera y en combinación con agentes externos robaron impunemente miles de millones de dólares durante 10 años, hasta que como suele ocurrir en el hamponato, se dividieron peleando por el botín y uno de los bandos utilizó el sistema judicial norteamericano para tratar de quitárselo al otro grupo.

EL CASO DEL BONO PDVSA 2020
El segundo caso de sentencia reciente trata sobre otro fraude, el del famoso “Bono PDVSA 2020” que ilegal y secretamente emitió el gobierno de Maduro echando una multimillonaria deuda sobre el país no para invertirle en algo útil sino para alimentar la corrupción repartiéndoselo entre ellos mismos y al vencimiento de dichos títulos ilícitos están pretendiendo usar, y en casos ya lo han hecho, a los tribunales norteamericanos para demandar el pago.

Esa delictiva deuda es otra de las amenazas que penden sobre CITGO que es uno de los muy pocos activos que nos quedan en el exterior y que están momentáneamente protegidos por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica protección que además de no ser definitiva está amenazada por la conducta trastabillante y por tanto irresponsable del gobierno interino.

POR AHORA VAMOS CON EL PRIMER CASO: “US PDVSA LITIGATION TRUST”.
Esta ha sido una trama muy sonora. Haciendo un muy apretado resumen explico que por ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, fue presentada una demanda contra 42 personas físicas y jurídicas, entre ellas a tres bancos, BAC Florida Banco; EFG International ASG y Banco Azul International NV,por la suma de 10 mil millones de dólares que según el alegato de los demandantes fueron robados a PDVSA por una banda que operó internamente durante diez años.

Lo que inmediatamente llamó la atención fue que la parte demandante, la que reclamaba el dinero no era la víctima del robo, no era PDVSA, sino una persona jurídica a la que funcionarios del gobierno de Maduro, su ministro de petróleo y su procurador, ilícitamente le cedieron los derechos para la recuperación de esos dineros a una empresa privada, una empresa de papel. Esta falsa empresa la crearon en un documento que registraron en New York bajo la denominación de “US Pdvsa Litigation Trust” y allí en ese papel establecieron que los dineros que recuperaran de ese robo se lo distribuirían entre ellos y a Venezuela le devolverían solo el 34% y el monto restante, el 66% se dividiría entre los abogados, el investigador y el financista de la ilícitamente creada firma Litigation Trust. En resumen idearon una forma de recuperar para robarse el producto del robo.

Esa fraudulenta cesión la firmaron dos altos funcionarios del gobierno de Maduro, el entonces ministro del petróleo, Nelson Luís Martínez y el procurador Reinaldo Muñoz Pedroza.

La parte de la banda que ejecutó el robo y que fue demandada no basó su defensa en negar los hechos que se les imputaban, no negaron el robo, sino que quien los demandaba no tenía derecho a hacerlo porque esa cesión a la empresa de papel no era válida, era ilegal.

Por cierto que allí tenemos como dato curioso que para demostraresa defensa de la ilegalidad de la cesión de derechos del gobierno a dicha fantasmagórica empresa, los ladrones demandados entre otras actuaciones, promovieron el testimonio de varios abogados especialistas en derecho venezolano, entre ellos al Dr. José Ignacio Hernández quien después fue nombrado como procurador especial por el gobierno interino de Juan Guaidó y como tal le correspondía intervenir en el juicio debido a que la principal de las funciones que a ese cargo corresponde es la defensa de los derechos e intereses sobre los bienes patrimoniales de la república.

Por esa razón la legítima representación de Venezuela que a este procurador le correspondía ejercer nunca lo hizo, pasó de bajo perfil, se desentendió.

Por su parte el gobierno de Maduro se aseguró que su ministro del petróleo Nelson Martínez quien aparecía firmando el documento de la cesión de derechos no fuera a decir la verdad sobre el porqué lo hizo, quien lo mandó, que obviamente debió ser su jefe Nicolás Maduro, y para ello, para mantenerlo controlado le inventaron una excusa, lo hicieron preso y al calabozo le llevaron a una notaria para que firmara una declaración jurada reconociendo haber puesto su firma en aquella ilícita cesión sin agregar mas nada, no dijo quien se lo ordenó, quedó como si hubiera sido una cosa suya, no que lo hacía siguiendo instrucciones. Poco tiempo después murió estando privado de libertad.

Debo mencionar que en ese caso junto a otros venezolanos preocupados por aquel descarado fraude estuvimos trabajando duramente y solo por cuenta nuestra.Nos comunicamos con varios diputados explicándoles el caso e insistiéndoles en la necesidad de que el Órgano Legislativo interviniera en el juicio lo cual no logramos y por eso nos dispusimos a intervenir a título personal, bajo una figura permitida procesalmente denominada “Amicuscuriae” y así presentamos un escrito a la Corte denunciando que aquello constituía un fraude contra Venezuela porque se trataba de una pelea entre las dos fracciones de la banda que ejecutó aquel robo a Pdvsa.

Lo mas que entonces logramos de la Asamblea Nacional es que produjeran un Acuerdo que en sesión plenaria propuso el diputado Jorge Millán y así fue aprobado, documento que luego consigné en el expediente.

Al final la Corte del Distrito Sur de Florida rechazó la demanda mediante sentencia que básicamente estableció que el documento firmado en New York por el cual PDVSA cedía los derechos a recuperar los dineros robados no era válido por dos razones, una fue que no hizo certificar todas las 5 firmas del documento de cesión sino solo 2 de ellas. La otra razón fue que incluso si el acuerdo de fideicomiso hubiese sido autenticado y admisible, era nulo bajo la figura de champertous.La Ley Judicial de Nueva York 489 prohíbe ese tipo de convenios que se motivan únicamente en proponer una demanda.

La sentencia fue apelada por los demandantes, apelación que ha sido denegada por la Corte de Apelaciones del 11 Circuito de EEUU la cual la declaró sin lugar y rechazó la validez de la antes explicada cesión de derechos que se hizo a nombre de PDVSA.

La Corte de Apelaciones de Nueva York explicó que el “estatuto prohíbe la compra de pagarés, valores u otros instrumentos o derechos con la intención y con el propósito de entablar una demanda” y a tales efectos citó el precedente “Justiniano Capital, 65 NE3d en 1254”.

TRASCENDENTAL SENTENCIA QUE AHORA COMPROMETE AL GOBIERNO INTERINO

La citada decisión de la Corte de Apelaciones cerró definitivamente la intentona fraguada por usurpadores para hacerse de los capitales robados y deja en cabeza de la actual directiva de PDVSA Ad hoc (gobierno interino de Juan Guaidó y Asamblea Nacional) demandar a los ladrones para que devuelvan esos 10 mil millones de dólares que robaron a Venezuela.

El ahora procurador designado, Dr. Enrique Sánchez Falcón y la directiva de Pdvsa ad hoc están en el deber de ejercer esa acción.