El diputado venezolano Julio Borges aprovechó su entrevista en El País para lanzar un duro mensaje al gobierno socialista de Pedro Sánchez por su pasividad en la lucha contra las grandes fortunas del chavismo invertidas en el extranjero. «Nos da dolor que el paraíso de la mayoría de corruptos venezolanos sea España, ahí es donde están sus hijos, sus propiedades, sus bienes.
España ha abandonado completamente su posición privilegiada de ser el líder de toda Europa en América Latina y de ser el líder de Iberoamérica en toda Europa», afirmó durante la entrevista realizada por Javier Lafuente.
Para inicio de 2019, la Secretaría de Estado de Migraciones de España registra en 55 el número de venezolanos que obtuvo la residencia española entre 2014 y 2017, después de invertir poco más de 30 millones de euros en inmuebles a través de la llamada Golden Visa.
El Mundo logró identificar a 11 de los venezolanos que se enriquecieron a la sombra de la administración del difunto “comandante supremo” y del régimen del “hijo de Chávez”, Nicolás Maduro. Los mismos que ahora cuentan con dichos fondos en España.
Según El Mundo, no hay una cifra definida del capital que llegó a cuentas españolas a nombre de estos personajes de cuello rojo.
Los únicos datos oficiales, refiere, son cifras que apenas son una ínfima parte de las inversiones millonarias que investiga la Policía Judicial, pero sí está claro cuál es su estatus actual.
De los 11 millonarios chavomaduristas, seis son investigados en España por blanqueo de capitales, uno de ellos, recién acaba de conseguir la nacionalidad española. Dos fueron extraditados a Estados Unidos para ser enjuiciados por delitos de corrupción vinculados a sobornos y a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), dos más son parte del club de los bolichicos y otro ha logrado mantener un relativo bajo perfil y discretamente emigró a República Dominicana, aunque mantiene sus negocios en España.
El exviceministro de Hugo Chávez, Nervis Villalobos (2001-2006) es el más conocido del grupo. Reside desde 2014 en la urbanización La Moraleja, en Madrid, en una casa por la que pagó 1,7 millones de euros. Desde que salió del gobierno de Chávez se ha dedicado a asesorar a empresas para conseguirles contratos públicos en Venezuela. Dispuso de cuentas bancarias en España, Andorra y Portugal.
Sin embargo no es el único. Javier Alvarado, sucesor de Villalobos en el despacho de Energía, salió de Venezuela para montar tienda en España en 2014, año en la que registró en Madrid la empresa inmobiliaria Catalufa Inversiones. Esta sociedad fue extinguida en 2017, cuando la Audiencia Nacional abrió una investigación contra Alvarado y Villalobos por blanqueo y cohecho internacional.
La Fiscalía Anticorrupción les acusa de cobrar comisiones ilícitas por sobornar a funcionarios venezolanos para favorecer a la empresa asturiana Duro Felguera. Igualmente es investigado en Andorra. Fuentes judiciales confiaron a El Mundo que Alvarado, quien también fue presidente de la otrora Electricidad de Caracas. También se suma al listado Luis Alfredo Campos Cabello, el primo de Diosdado Cabello que cuenta con una gasolinera Repsol en el corazón industrial de Madrid, con un valor estimado entre uno y tres millones de dólares.
Claudia Díaz Guillén asumió la jefatura de la Oficina Nacional del Tesoro en las postrimerías del gobierno de Chávez y continuó con Maduro (2011-2013). Llegó a Madrid desde 2016 con su marido, Adrián Velásquez y su hijo. Al llegar adquirió una vivienda en el centro de Madrid por 1,8 millones de euros. España la investiga por el delito de blanqueo y Venezuela reclama su extradición por malversación, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluye entre el grupo de ciudadanos venezolanos afines al chavismo que están involucrados en una trama de corrupción basada en los sobornos y el cambio de moneda extranjera liderada por el empresario Raúl Gorrín, presidente del canal Globovisión.
Adrián Velásquez es el marido de Claudia Patricia Díaz. Fue jefe de la Guardia Presidencial de Hugo Chávez. España le investiga por blanqueo de capitales y Venezuela reclama su extradición por los mismos delitos que atribuye a la extesorera. Estados Unidos incluye también a Velásquez en la presunta trama gestada por Gorrín. José Roberto Rincón, es hijo del millonario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández, detenido en Estados Unidos en 2015 por sobornar a funcionarios venezolanos para beneficiar a sus empresas con contratos de Pdvsa.
José Roberto vive en Madrid en una finca valorada en 20 millones de euros. Le incluyen en el grupo de los llamados bolichicos, jóvenes que amasaron una fortuna en la época de Chávez. Su presencia oficial en España data de 2012, cuando registró en Madrid la empresa Tradequip España Inspección y Logística, según el Registro Mercantil. El Mundo detalla que, además, administra otras empresas españolas: Global Maghas, Cibaria Gourment y Producciones Cinematográficas Venezolanas Miranda. Es investigado en ese país por blanqueo de capitales procedentes de Pdvsa.
Rafael Reiter, exjefe de seguridad de Pdvsa llegó a Barcelona en 2015 con su esposa y adquirió una casa en Sant Cugat del Vallès por casi dos millones de euros. En 2017 registró la empresa Inversiones Vasamer, que después llamó Samsoys 09. Hoy, la administra su cónyuge.
Estados Unidos le reclama por presunta corrupción, por cobrar comisiones ilícitas para favorecer a proveedores de Pdvsa. España le investiga, junto a la anterior cúpula de la petrolera por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos.
Luis Carlos de León y César Rincón fueron, respectivamente, director de finanzas de la Electricidad de Caracas y gerente de Bariven, filial de Pdvsa encargada de las compras internacionales de Pdvsa. Ambos residían en España hasta que fueron extraditados a Estados Unidos en 2018 para ser juzgados por delitos de corrupción, en el marco de la misma trama de pago de sobornos para favorecer a proveedores de la estatal petrolera en el mismo caso que implica a Reiter y a Villalobos.
Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, son el non plus ultra de los bolichicos. Alejandro y Pedro son primos, propietarios de la empresa española Derwick Associates International, rebautizada con el nombre de Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Ambos gestaron una fortuna entre 2009 y 2011 vendiendo turbinas para “repotenciar” el sistema eléctrico nacional durante el gobierno de Chávez, con lo que lograron ganancias de 1.200 millones de euros.
Llegaron a España en 2011 y compraron la finca del español Gerardo Díaz Ferrán por 22,8 millones. Son socios del empresario español Alberto Cortina en la sociedad venezolana Petrozamora, donde Pdvsa tiene 60% y estos tres empresarios el 40% restante, con financiación de la entidad rusa Grazprombank. Betancourt es también socio mayoritario junto con Cortina en un grupo financiero en África en el que participan fortunas españolas y portuguesas (BDK Fnancial Group).
Betancourt, además, adquirió en 2013 Hawkers, una marca que comercializa lentes de sol y utiliza internet, principalmente, como su medio de distribución. La revista Forbes ha catologado la venta de lentes como “la envidia del emprendedor” pues pasó de facturar 300 euros a 100.000.000 de euros en solo tres años.
Y el último, pero menos cuello rojo, es Carlos Aguilera, jefe de Seguridad de Chávez y director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), renombrada como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Empezó a tener negocios en España en 2007, año desde el que administra la empresa CLAB-Consultoría inmobiliaria. Es accionista de constructora Girardot 53, que hizo obras en el Metro de Caracas durante la gestión de Hugo Chávez.
También fue director de Relaciones Presidenciales, Secretario de la Presidencia, viceministro de Gestión Comunicacional, viceministro de Gestión Administrativa y presidente de la Fundación Pueblo Soberano, cargos que le permitieron amasar una modesta fortuna de más de 100 millones de dólares, según la investigación Venezuela Leaks.
