Concluyó su visita oficial en Venezuela, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, quién en rueda de prensa expresó sus agradeciendo y presentó algunas observaciones orientadas a la crisis política y económica de Venezuela.

Idaed / ohchr.org

Hola y gracias por venir.

En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno por su invitación. Durante mi visita de los últimos días, me reuní con el Presidente Nicolás Maduro, la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el Ministro de Defensa. También me reuní con el Presidente de la Asamblea Nacional y Jefe de la Delegación del Gobierno en el Diálogo de México- las conversaciones estuvieron orientadas a abordar las crisis política y económica del país.

También mantuve reuniones con la Presidenta del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Además, me reuní con miembros de la Delegación de la Plataforma Unitaria en el Diálogo de México. Estas reuniones me proporcionaron una perspectiva amplia y variada sobre los retos que enfrenta este país.

Durante mis misiones a los países de manera general, para mí es de fundamental importancia poder hablar con el mayor número de personas posible. Aquí en Caracas, me reuní con más de 125 miembros de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas provenientes de todo el país. Les agradezco las reuniones abiertas y francas que mantuve.  También aprecio profundamente la información que obtuve al reunirme con representantes de la Iglesia Católica Romana. 

Permítanme compartir con ustedes algunas impresiones que me llevo de mi visita:

• La situación de fragmentación y división en la sociedad venezolana y la pérdida de confianza, tanto entre sus miembros como entre diferentes grupos.
• La necesidad imperiosa y urgente, expresada por muchas de las personas que conocí, de tender puentes para intentar sanar estas divisiones.
• Los retos en materia de derechos humanos a los que enfrenta este país en los ámbitos civiles, político, económico y social.
• La necesidad de que los actores nacionales e internacionales y la ONU ayuden a Venezuela a superar su crisis.
• Y también, y de gran importancia, la oportunidad de empezar a superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos y las venezolanas. 

En todas mis interacciones, destaqué la importancia del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este año. No se trata de una mera fecha en la agenda, o de un texto de milagros, sino de una oportunidad real para abordar y avanzar en muchas cuestiones de larga data, promover el diálogo y fomentar la sanación tras décadas de ruptura.

En conversaciones francas con las autoridades, planteé cuestiones relacionadas con el espacio cívico, las condiciones de detención y los retrasos judiciales, entre otras, animándolas a dar pasos significativos hacia la reforma de los sectores de la justicia y la seguridad, y a tomar la iniciativa en el fomento de la confianza con las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, escucharlas, incluirlas de forma significativa en el diálogo y responder a su difícil situación, en particular de las víctimas.

Tras mi reunión con el presidente Maduro, expresó públicamente su disposición a trabajar para mejorar el sistema de justicia. Esta es un área clave para la reforma y ofrezco el apoyo y la experiencia de mi Oficina para llevarla a cabo.

Basándome en mis conversaciones, percibo que existe un reconocimiento general en todo el espectro político y social de la necesidad de reforma.

He escuchado relatos de personas detenidas arbitrariamente y torturadas, y de familiares asesinados en operaciones de seguridad y manifestaciones. Una mujer superada por las emociones al relatar cómo dos años atrás su hermana había sido detenida, violada y torturada. En mis reuniones con el Presidente y los ministros, pedí que se pusiera en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente. Esto forma parte de mi llamamiento global a los gobiernos para que amnistíen, indulten o simplemente pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos fundamentales.

Entre otras cuestiones que planteé estaba el amplio y prolongado uso de la prisión preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad.

Se me prometió que las denuncias de tortura se abordarían con decisión, se investigarían a fondo y los responsables serían llevados ante la justicia. Animé a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura de una vez por todas, y a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que busca tanto prevenir la tortura como mejorar las condiciones de detención. Esto estaría también en consonancia con el compromiso voluntario asumido por Venezuela durante el proceso del Examen Periódico Universal basado en Ginebra, que va hacia emprender una revisión exhaustiva del marco jurídico vigente sobre prevención de la tortura y reforzar la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura.

También les insté a ratificar la Convención contra las Desapariciones Forzadas y el Acuerdo Regional Latinoamericano y del Caribe sobre medio ambiente, Acuerdo de Escazú.

La sociedad civil ha compartido información sobre la situación, a menudo calamitosa, de las prisiones y la falta de alimentación, medicinas adecuadas y de acceso a asistencia sanitaria oportuna.  Equipo acá realiza visitas periódicas a los centros de detención, pero, como señalé a las autoridades, esto debe incluir a todos los centros de detención, incluidos los gestionados por el ejército. De mis conversaciones con las autoridades, confío en que pronto tendremos acceso sin restricciones a todos los centros de detención dentro del país.

En cuanto a otras cuestiones concretas, me ha complacido escuchar que las autoridades se han comprometido a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que las autoridades la han calificado como obsoleta. Tal medida estaría en consonancia con una de las principales demandas que escuché, de una representante de la comunidad LGBTIQ+.

Pude compartir nuestras observaciones -y preocupaciones- desde la perspectiva de los derechos humanos en relación con la propuesta de ley la cual regula las ONG. Insté encarecidamente a las autoridades a que tuvieran en cuenta nuestros comentarios.

También insté a las autoridades a revisar las muy restrictivas disposiciones legales que penalizan el aborto, que provocan la muerte de mujeres que se ven obligadas a recurrir a arriesgados procedimientos clandestinos.

Mi equipo aquí ha tenido cierto acceso a algunos expedientes judiciales y a las audiencias para poder hacer recomendaciones sobre el desarrollo de las investigaciones y los procedimientos judiciales desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto es importante y animé a las autoridades a convertirlo en práctica habitual. 

En las reuniones que mantuve con la sociedad civil, sindicalistas y jubilados, entre otras, me transmitieron con fuerza los problemas económicos a los que se enfrenta Venezuela, incluidos los relacionados con el salario mínimo y las pensiones, y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas, al restringir el disfrute de sus derechos a la alimentación, el agua, la atención sanitaria, la educación y otros derechos económicos y sociales.

Describieron cortes regulares de electricidad, falta de agua corriente, renuncian a sus puestos de trabajo, incapaces de sobrevivir con su paga mensual. Los representantes de la Iglesia me dijeron que no necesitan ver informes para saber lo que está ocurriendo; ven el sufrimiento cuando salen a la calle para ayudar a algunas de las comunidades más vulnerables. Según las estadísticas de la ONU, hay más de siete millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en el país.

Diferentes grupos de personas con los que hablé, incluidos los agentes humanitarios y las agencias de la ONU, me hablaron del impacto de las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y de los obstáculos que las sanciones crean para la recuperación y el desarrollo del país, especialmente tras la pandemia de Covid-19. Las personas que conocí describieron su lucha por conseguir productos básicos y esenciales para mantener sus medios de vida, la imposibilidad de encontrar medicinas que sus seres queridos tanto necesitan y el impacto mental, la ansiedad y la depresión en que caen al tener que endeudarse cada vez más para sobrevivir.

Si bien las raíces de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, como destaqué en mis interacciones, es evidente que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado el disfrute de los derechos humanos.

Mi Oficina ha recomendado en repetidas ocasiones a los Estados miembros que suspendan o levanten las medidas que tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos y que están agravando la situación humanitaria, un llamamiento que hacemos también con respecto a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a otros países.

Los pueblos indígenas también expresaron sus legítimas reclamos y temores por sus comunidades, que ven amenazados sus medios de vida, su cultura e incluso su propia existencia debido a las operaciones mineras, las organizaciones dedicadas al narcotráfico y los grupos armados ilegales. Es vital que cualquier decisión que les afecte se base en su consentimiento previo e informado.

Pude escuchar a las delegaciones tanto del Gobierno como de la Plataforma Unitaria en el Diálogo de México. Reiteré nuestro apoyo a los diálogos en curso y subrayé la necesidad de escuchar a las víctimas en el proceso político. Aunque no subestimo en absoluto los retos a futuro, les insté a escucharse mutuamente y a entablar un diálogo significativo para encontrar una visión común para el futuro. Habrá obstáculos en el camino, pero al igual que un río sigue fluyendo a pesar de las piedras en su camino, el compromiso y el diálogo constructivo pueden forjar una vía para sortear los obstáculos.

Todas las partes deben reflexionar sobre el futuro que desean para Venezuela, y mi Oficina está dispuesta a tender puentes entre las instituciones del Estado y las personas, a ofrecer nuestra perspectiva y experiencia en materia de derechos humanos, también en relación con el proceso electoral y a contribuir a garantizar que el discurso en torno a los derechos humanos no sea manipulado con fines políticos.

Uno de los testimonios más elocuentes que escuché fue el de un hombre al que miembros de mi equipo visitaron mientras estaba detenido y por cuya liberación trabajaron. Le dio tranquilidad saber que no había sido olvidado. De hecho, todas las personas con las que hablé apreciaron la presencia de nuestra pequeña oficina aquí en Venezuela.

En cuanto a las venezolanas y los venezolanos fuera del país, animé a las autoridades venezolanas a que continúen e intensifiquen su cooperación con los organismos de la ONU para garantizar un retorno voluntario, seguro y digno a todos aquellos que lo soliciten.

En todas mis interacciones, escuché un fuerte aprecio por el trabajo de mi Oficina a través del país, que comenzó sus activades tras la visita de mi predecesora, Michelle Bachelet. Me alienta la decisión del Gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros dos años, para que puedan continuar, y hasta fortalecer su labor en ayudar a avanzar la agenda de derechos humanos en el país.

Me comprometo a seguir involucrado en Venezuela, no sólo porque así me lo ha encomendado la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino por mi firme convicción de que es esencial para un futuro mejor. Ofrezco mi propio apoyo y el de mi equipo a todas las partes interesadas.

Muchas gracias.