Venezuela es uno de los países que menos ha avanzado en materia de derechos LGBT+ en nuestra región. A diferencia de muchos países vecinos, en la patria bolivariana no rige el Matrimonio Igualitario o el reconocimiento de la identidad de género. E incluso ser abiertamente gay o lesbiana en alguna institución pública como las Fuerzas Armadas, puede implicar la cárcel o el destierro.

RL / Idaed / Infobae

Una mañana de 2013, en el Estado de Miranda, Venezuela, se reportó la ausencia de un soldado de su puesto. El informe de uno de sus compañeros detalló que se lo vio “subirse a un auto junto a otro hombre que parecía gay (sic)”.

Inmediatamente un Sargento de la fuerza intervino y tras una persecución, obligó al soldado a regresar a su puesto sometiéndolo, horas mas tarde, a todo tipo de vejamenes en búsqueda de evidencia forense que probara que había tenido relaciones sexuales con el otro hombre, el que lo había buscado en el auto.

Tras una investigación en la cual se pudieron escuchar todo tipo de insultos y descalificaciones, el soldado fue condenado a dos años de prisión y expulsión del ejército de por vida, por abandono del servicio y “actos sexuales contra natura”, tal la figura que penaliza el derecho a la libre orientación sexual en el Código militar.

Durante el proceso la fiscalía consideró sus acciones “deshonrosas”, “indecorosas” e “indignas” de los militares.

Lo que podría haber sido para el soldado una vida de servicio a su Nación se transformó, precipitadamente, en una pesadilla.

Ahora esta pesadilla podría terminar, para él y para tantas y tantos otros, si el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano atiende el recurso de inconstitucionalidad del Artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar (1998) que desde la organización Venezuela Igualitaria están promoviendo en el marco de las acciones de su defensa.

El caso de este soldado no es el primero, ni el único, en el cual el largo brazo militar bolivariano se mete en la intimidad de sus miembros para evitar que vivan abiertamente su sexualidad.

Amelia Valejillos, Yeremi Moreno y Alexander Álvarez, entre otros y otras, tuvieron que dejar la fuerza al ser “reveladas” sus orientaciones sexuales no heteronormadas. Es que para el Código Militar venezolano, ser gay o lesbiana inhabilita para servir a la Patria.

Aún a las puertas del siglo XXI (pero del lado de afuera)

Cruel paradoja la de Venezuela. Es que en la autodenominada cuna del “socialismo del siglo XXI”, justamente parece que el Siglo XXI aún no ha llegado. El país es uno de los que menos ha avanzado en materia de derechos LGBT+ en Sudamérica. Y es uno de los pocos países del continente que aún mantiene la prohibición para que las personas LGBT+ (o al menos personas abiertamente LGBT+) formen parte de las filas de sus fuerzas armadas.

Los derechos LGBT+ no están en agenda del gobierno de Maduro. Parece que el pajarito que dicta algunas de las políticas que se adoptan, sugiere adelantar la navidad y el año nuevo, pero no avanzar para reconocer los mismos derechos a todas las venezolanas y venezolanos.

Incluso hace unos meses, en septiembre pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela perdió la oportunidad de avanzar, al menos en este área específica. Una ley aprobada entonces introdujo modificaciones al Código militar prohibiendo el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares. Sin embargo, la penalización de los “actos sexuales contra natura” no fue tocada.

Si bien es cierto que desde 2010 al menos cinco leyes incluyeron cláusulas antidiscriminatorias para la población LGBT+ y una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia reconoce a las familias homo y lesboparentales con los mismos derechos que las familias heterosexuales, el ejercicio real de esos derechos choca habitualmente con la (falta de) voluntad del funcionariado político.

Según relata Giovanni Piermatei, activista de Venezuela Igualitaria y referente de la Red GayLatino en el país, “en Venezuela a pesar de tener una de las Constituciones más avanzadas de Latinoamérica, que reconoce expresamente en su texto los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e incluso a pesar de contar con otros avances significativos, el goce efectivo de estos derechos sigue siendo una batalla cotidiana frente a las instituciones del Estado cuyos funcionarios se niegan a respetarlos”.

Atribuye esas dificultades a que “los espacios de decisión están tomados por personas ultraconservadoras e incluso militantes de movimientos fundamentalistas cristiano-evangélicos quienes desde allí obstaculizan cualquier posible avance”.

Con la legalización del Matrimonio Igualitario en Chile, solo Paraguay, Perú y Venezuela mantienen en la región la segregación legal de las familias LGBT+, incumpliendo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2018 y sometiendo a todo un colectivo a la ilegalidad, la violencia y la desigualdad.

Quizá ya vaya siendo tiempo de que el gobierno de Nicolás Maduro de vuelta la página, deje atrás los resabios no sólo del Código Militar de finales de los 90, sino también de esas voces que resisten los avances, e incorpore a Venezuela en el actual contexto regional de vigencia y protección de derechos LGBT+.

Después de todo, el socialismo y el siglo XXI bien entendidos, no tienen espacio para la discriminación y la intolerancia.