Las medidas decretadas por varios gobiernos en Centroamérica y el de México debido al coronavirus han afectado en forma disímil la economía ilegal de la extorsión. Mientras unos grupos han recrudecido la violencia para cobrar la llamada renta, otros han decidido perdonar temporalmente los cobros.

Las pandillas en El Salvador y Guatemala y otros grupos criminales en México empezaron a ajustar sus protocolos de extorsión a medida que los gobiernos de esos países anunciaban políticas que han afectado la movilidad de sus poblaciones y, en la mayoría de casos, han puesto más policías y soldados en las calles a vigilar la cuarentena.

En El Salvador, los pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que operan en el Centro Histórico de San Salvador, la capital, anunciaron que perdonarían los pagos a vendedores informales de la zona. No aclararon cuanto duraría la medida ni cuando se reanudarían los cobros.

Miembros de la MS-13 que también operan en la capital salvadoreña dijeron al periódico El Faro en marzo que la renta se mantenía vigente en la zona.

Las dos pandillas más grandes que controlan la colonia Kennedy en la zona 18 de Ciudad de Guatemala anunciaron, a finales de marzo, que perdonarían el cobro ilegal por una semana a causa de la emergencia sanitaria que vive el país.

Este tipo de perdón contrasta con las amenazas e intimidaciones que continúan recibiendo comerciantes de Mixco, en las afueras de Ciudad de Guatemala, de redes de prestamistas colombianos que mantienen los cobros de préstamos de usura más conocidos como “gota a gota”.

En México, carteles como la Unión de Tepito advirtieron a comerciantes del centro histórico y de otras zonas de la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital, que también mantendrán sus actividades extorsivas a pesar de la pandemia.

Las medidas impuestas por las autoridades en estos países han llevado incertidumbre a los grupos criminales que cuentan a la extorsión como su principal fuente de ingresos. Por ahora, la situación ha aumentado las posibilidad de que los grupos ejerzan más presión sobre las comunidades que controlan o de que la violencia aumente para forzar el pago de renta a poblaciones cuyas economías han sido afectadas por el coronavirus.

De acuerdo con Global Initiative Against Transnational Organized Crime, se puede suponer que estas organizaciones criminales quieran asegurar que el dinero siga llegando en el menor tiempo posible, incluso cuando en algunos casos hayan perdonado los cobros.

Incluso con los cambios y las restricciones para hacer los cobros, GI asegura que es altamente probable que estos grupos comiencen a recolectar retroactivamente el dinero de las extorsiones una vez se flexibilicen las medidas de aislamiento.

Esa visión coincide con los testimonios de comerciantes y transportistas en países como El Salvador, donde según un reportaje de El Faro las víctimas aseguraron que están guardando el dinero que normalmente pagan porque saben que tarde o temprano los criminales vendrán a cobrarlo.

Maras y maquinarias extorsivas, industria criminal y cultura

José Miguel Cruz, experto salvadoreño en pandillas y violencia basado en la Universidad Internacional de Florida, cree que la situación actual tendrá repercusiones en el mediano plazo.

 “Es muy probable que la violencia suba en un contexto de caos generalizado. Si los sistemas públicos de atención llegan al límite por la emergencia sanitaria, los grupos criminales van a tener la oportunidad y el espacio para generar terror”, comentó a InSight Crime.

Cruz cree que los grupos criminales cuyo principal fuente de financiación es la extorsión podrían acomodarse a la situación llegando a arreglos con las comunidades locales que controlan para poder subsistir.

“Dependiendo de la diversidad del portafolio criminal de la organización esta suele tener una reacción más o menos benevolente frente a la población. Si no solo viven de la extorsión, sino también de negocios semiformales, entonces tendrían más opciones, pero son los grupos más pequeños los que suelen ser más extractivos”, afirmó Cruz.

El experto también apunto que en comunidades donde los pandilleros tienen raíces familiares el perdón a las extorsiones es más factible. Sin embargo, en territorios donde no existe el vínculo familiar, es posible que la presión por lo cobros aumente a medida que la situación se haga más difícil.

La presión que ejercen estos grupos criminales esta basada en el control territorial que ejercen en las comunidades, donde la vigilancia del Estado es limitada.

Insightcrime