El aumento de denuncias vinculadas a invasiones ilegales de viviendas y establecimientos comerciales en medio de la pandemia del COVID-19 en Venezuela deja al descubierto el cada vez más amplio portafolio criminal manejado por los colectivos armados.

RL / Idaed / InSightCrime

El 9 de enero, habitantes de la Parroquia El Recreo, ubicada en el municipio Libertador de Caracas, se opusieron a la incursión ilegal de colectivos armados, cuya intención era invadir residencias localizadas en el edificio Hadamir.

Así lo confirmó en su cuenta de Twitter el periodista local y coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien en septiembre de 2020 ya había advertido en El Nacional que “esta es una nueva oleada de invasiones, la cual cuenta con la complicidad directa del gobierno de facto de Nicolás Maduro y la propia Erika Farías, quien auspicia desde su alcaldía a los colectivos dándoles apoyo gubernamental y hasta policial para cometer sus fechorías.”

Según las cifras recogidas por la organización de Rojas, durante el 2020 se registraron 53 invasiones de este tipo en el municipio Libertador, de las cuales 40 se ejecutaron durante el periodo de cuarentena por COVID-19 decretado en marzo del mismo año.

“En mayo invadieron el edificio Padrón […] Ahí funcionan cuatro industrias que tienen más de 60 empleados. ¿Qué va a pasar ahora con esos empleados? Estos locales estaban cerrados por la cuarentena, pero vinieron los colectivos y tomaron el lugar”, dijo Rojas a El Diario.

“El fenómeno de las invasiones es parte de un negocio criminal que cuenta con la complicidad de los organismos estatales. A pesar de que las ocupaciones ilegales a propiedades sean consideradas como un delito en el sistema penal venezolano, los colectivos operan de manera impune en la ocupación de bienes de corte residencial o comercial, para luego lucrarse de manera ilícita”, detalló Fermín Mármol, abogado criminalista y director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la Universidad de Santa María, en conversación con InSight Crime.

El éxodo masivo de venezolanos intensificado a partir de 2015 dejó en abandono varias residencias y almacenes comerciales, que fueron progresivamente ocupadas con la venia del gobierno nacional y el brazo ejecutor de los colectivos.

El fomento de estas prácticas por parte del régimen de Nicolás Maduro, haría parte de un plan de contraprestación estatal hacia individuos o grupos simpatizantes del chavismo, incluyendo a los colectivos armados. Así lo demuestran las declaraciones de la Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Iris Varela, quien ha respaldado públicamente la confiscación de bienes a los connacionales que salieron del país.

Y aunque se ha dicho que estas propiedades se usarían para la Gran Misión Vivienda, el programa de vivienda social del país, El Estímulo habló con residentes de Caracas, que denunciaron que sus casas se habían entregado directamente a amigos y parientes de funcionarios del gobierno.

Según investigaciones de los medios, esta práctica podría ser una forma por parte del régimen de Maduro para retribuir a sus simpatizantes, incluidos los integrantes de los colectivos.

De acuerdo con denuncias recogidas por Rojas, los colectivos estarían cobrando vacunas a los propietarios de los bienes o recibiendo cuotas por el alquiler de los mismos.

Las capacidades de los colectivos en Venezuela han trascendido más allá de ser organizaciones que defienden y mantienen los principios de la Revolución Bolivariana. Con el beneplácito estatal, los colectivos se han valido de su dominio territorial y poder de fuego para incursionar en diversas economías criminales tanto en zonas urbanas como rurales.

Colectivos con presencia en barrios populares de Caracas, han manejado un portafolio criminal que va desde el cobro de extorsiones a pequeños comerciantes, hasta la distribución y reventa de las cajas de alimentos subsidiados CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Por el momento, las incursiones ilegales a propiedades están concentradas esencialmente en el Distrito Capital. Pero la consolidación de los colectivos en otros lugares ha llevado a que se replique este fenómeno en otras partes del país, como en Lara.