La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su profunda preocupación por la creciente deforestación y los recientes incendios que afectan a la región amazónica.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región de la selva amazónica abarca la selva tropical más grande del mundo y contiene aproximadamente la mitad de su biodiversidad. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las principales amenazas identificadas contra esta zona natural de gran relevancia para el mundo y el hemisferio incluyen la minería, la tala, la construcción de presas, las carreteras, expansión de tierras agrícolas y diversos proyectos de inversión.
En relación con los incendios que han afectado a la Amazonía brasileña durante las últimas semanas, el Estado ha afirmado que los meses de agosto a octubre en la Amazonía corresponden al período de sequía, cuando la humedad cae drásticamente en la región. A ello se agrega una situación de gran sequía en el norte y centro oeste del país. Asimismo, se trata del período del año cuando los agricultores preparan la tierra para plantar. Por lo tanto, es natural que los sistemas de advertencia apunten a un aumento de los brotes de fuego. Sin embargo, según lo informa el Estado, la gran mayoría de estas tierras se han utilizado durante mucho tiempo para la agricultura y no constituyen deforestación y destrucción de la selva amazónica nativa.
El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil señaló que de las 10,000 hectáreas de área que se quemaron, unas 3,000 están ubicadas en Chapada dos Guimarães, un parque nacional protegido. Agência Brasil, la agencia de comunicación estatal, informó que la mayoría de los brotes de incendios ocurren en áreas urbanas. El Ministerio del Medio Ambiente también señaló que los incendios fueron causados por el clima seco, el viento y el calor.
Según datos preliminares del Instituto Nacional de Investigación Espacial (DETER / INPE), una agencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicación en Brasil, la deforestación en junio y julio han aumentado de manera considerable en comparación con los mismos meses en 2018. La misma institución registró un récord de 72.843 incendios este año, un aumento de 80% en relación al año pasado. Por su parte, los científicos que utilizan satélites de la NASA para rastrear la actividad de incendios han confirmado un aumento en la cantidad e intensidad de incendios en la Amazonía brasileña en 2019, convirtiéndolo en el año de incendios más activo en esa región desde 2010.
De acuerdo a lo expresado por el Jefe del Laboratorio de Ciencias Biosféricas en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, la actividad de los incendios en el Amazonas varía considerablemente de un año a otro y de un mes a otro, debido a los cambios en las condiciones económicas y el clima. Agosto de 2019 se destaca porque ha traído un aumento notable en los incendios grandes, intensos y persistentes a lo largo de las carreteras principales en el Amazonas brasileño central. Según el experto, si bien la sequía ha jugado un papel importante en la exacerbación de los incendios en el pasado, el momento y la ubicación de las detecciones de incendios a principios de la temporada seca de 2019 son más consistentes con la limpieza de tierras que con la sequía regional. La herramienta principal de la NASA para la detección de incendios desde 2002 ha sido los instrumentos de espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) en los satélites Terra y Aquasa.
En este punto de la temporada de incendios, las detecciones activas de incendios MODIS en 2019 son más altas en la Amazonía brasileña que en cualquier año desde 2010. El estado de Amazonas está en camino de registrar una actividad récord de incendios en 2019. Señaló que la NASA y el INPE tienen las mismas estimaciones de cambios en la actividad reciente de incendios. Las detecciones MODIS son más altas en 2019 que en este momento del año pasado en los siete estados que comprenden la Amazonía brasileña.
Preocupa a la CIDH que el registro que da cuenta la NASA de un aumento récord de los incendios en el Amazonas el 2019 produzcan un efecto irreversible en la deforestación de la Amazonia brasileña. En efecto, el Proyecto de Control de la Deforestación en la Amazonia Legal por Satélite (Prodes), que es responsabilidad del Instituto Nacional de Pesquisas Especiales (INPE), ya en su reporte del año pasado indicó que de agosto de 2017 a julio de 2018 la deforestación alcanzó el mayor nivel de bosques destruidos en la última década, con 7.900 kilómetros cuadrados. Desde 2013, el Prodes muestra un crecimiento de la deforestación en la Amazonia.
En este sentido, la CIDH saluda el Decreto adoptado por el Ejecutivo del Estado brasileño imponiendo una prohibición de sesenta días a las quemas para fines agrícolas. Siendo una medida paliativa de carácter temporal ante esta alarmante situación, se requiere igualmente avanzar en políticas de desarrollo sustentable de largo alcance orientadas al respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el medio ambiente. Asimismo, esta medida debe ir acompañada de un fortalecimiento de los organismos responsables de la protección ambiental. Muy especialmente, resulta prioritario fortalecer el presupuesto y equipo de trabajo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), el organismo responsable por la supervisión ambiental en Brasil.
Preocupa en este sentido a la CIDH los anuncios de las autoridades del país que señalaron en junio que el gobierno continuaría reduciendo la cantidad de multas ambientales en el campo, refiriéndose a una supuesta “industria de la multa”. En agosto, el Congreso aprobó la Medida Provisional No. 881, que autoriza acciones que facilitan la deforestación automática cuando se retrasan los permisos ambientales y renuncia a la solicitud de permisos ambientales para actividades económicas de bajo riesgo. Asimismo, la CIDH y su REDESCA llaman al Estado brasileño a fortalecer institucional y presupuestariamente la Secretaría de Cambio Climático, la que sin duda juega un rol fundamental en la situación de sequía que afectaría a la Amazonía precisamente por el calentamiento global.
Por otra parte, la CIDH y su REDESCA expresan preocupación por el desarrollo de proyectos industriales y agroindustriales que tengan como consecuencia el avance de la deforestación. Por ejemplo, según información pública, el 10 de agosto, un grupo de terratenientes en el suroeste del estado de Pará realizó el “día del incendio” para coordinar la quema de pastizales y las áreas de deforestación. Según los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), en Novo Progresso, principal municipio de la región, hubo un aumento del 300% en los brotes de fuego durante ese día. Estas quemas están destruyendo ecosistemas, desplazando la vida silvestre y poniendo en peligro los medios de vida de millones de personas.
La Comisión y su REDESCA recuerdan que es indispensable que los gobiernos de los Estados miembros de la OEA tomen medidas inmediatas y con todos los recursos y medios disponibles para combatir la deforestación y garantizar el derecho a un medio ambiente saludable. Dichas acciones deben enmarcarse en el marco de los instrumentos del sistema interamericano; especialmente los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de conformidad con el artículo 26 del mismo instrumento y el artículo 11 de su Protocolo Adicional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) vinculado a la protección de un medio ambiente saludable.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló recientemente, en su Opinión Consultiva OC/23 2017, que los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos dentro y fuera de su territorio y actuar de acuerdo con el principio de precaución contra posibles daños irreversibles al medio ambiente, garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental. Además, los Estados tienen la obligación de cooperar de buena fe para protegerse contra el daño ambiental.
La CIDH y su REDESCA lamentan profundamente las consecuencias que los hechos descritos anteriormente tienen y pueden tener en la Amazonía como una región natural clave y estratégica para la existencia y conservación de un medio ambiente saludable y para la realización de otros derechos humanos, como la vida, integridad personal, salud y agua potable. También subrayan que el derecho a un medio ambiente sano tiene connotaciones colectivas en la medida en que constituye un interés universal debido a las generaciones presentes y futuras, y es un derecho fundamental para la existencia misma de la humanidad.
La CIDH advierte que los pueblos indígenas que viven en la Amazonía son los más afectados. Esto viene provocando el desplazamiento forzado de comunidades, la pérdida de tierras de subsistencia y el grave riesgo de que los pueblos indígenas aislados, como los awá del territorio indígena de Arariboia en la Amazonía de Maranhão, puedan desaparecer.
En una carta abierta de los pueblos indígenas del 22 de agosto de 2019, los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas se declararon en Emergencia Ambiental y Humanitaria, denunciando que el Gobierno, por su acción y omisión, eliminó todas las estrategias ambientales y sociales para fortalecer la gobernanza ambiental de la Amazonía, agregando que “es necesaria la acción unificada de todos los actores sociales, públicos y privados para intervenir y detener esta amenaza a la vida en todas sus formas, que pone en peligro inminente a más de 560 Pueblos Indígenas de la cuenca del Amazonas y miles de especies de flora y fauna que lo habitan debido a los 73,843 brotes de quemadas que incineraron más de 700,000 hectáreas de bosque después de casi 18 días de abandono; y que según datos preliminares hay más de 100,000 pueblos indígenas afectados”.
Las quemas en Brasil,su magnitud y prolongación no sólo representa un riesgo grave, claro y tangible para los diversos derechos de las poblaciones vecinas, sino que también amenazan convertirse en un factor predecible que aumenta el daño causado a toda la humanidad y tiene efectos agravados con relación a personas más vulnerables. En este contexto, la Relatora Especial, Soledad García Muñoz, subrayó que “el Estado brasileño debe continuar implementando medidas para mitigar los efectos de las quemas y evitar mayores daños al medio ambiente, así como implementar un plan para prevenir y sancionar eficazmente las conductas generadoras de incendios”.
En este sentido, para la CIDH y su REDESCA, la obligación de adoptar medidas para la protección de la Amazonía como zona vital para el derecho a un medio ambiente sano y la realización de otros derechos humanos se extiende, al menos, a otros Estados que comparten jurisdicción sobre la cuenca del Amazonas y les impone la obligación de coordinar adecuadamente sus políticas para controlar la deforestación, garantizar ciclos vitales de los ecosistemas y hacer un uso adecuado de los suelos a partir del fortaleciendo de la institucionalidad y del marco regulatorio ambiental.
La CIDH y su REDESCA subrayan el papel que desempeñan el Estado brasileño y la comunidad internacional para enfrentar las causas que han generado esta situación, así como para desarrollar estrategias de cooperación para fortalecer la protección del medio ambiente y de la Amazonía a la luz de los estándares internacionales sobre la materia. En consecuencia, la Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, enfatizó que la CIDH ya ha señalado que “la falta de regulación, regulación inapropiada, falta de supervisión o promoción de actividades que puedan crear serios problemas al medio ambiente por parte de los Estados, pueden traducirse en violaciones de derechos humanos protegidas por la Convención Americana”. En este contexto, agregó que cualquier plan o política de desarrollo debe ser implementado considerando el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, la Relatora del país y los derechos de los pueblos indígenas, Antonia Urrejola, enfatizó que “el Estado brasileño, que tiene jurisdicción sobre un vasto patrimonio natural como el Amazonas, tiene una posición privilegiada para que su población disfrute, así como un deber relacionado de formular e implementar políticas y normas de acuerdo con sus obligaciones de derechos humanos, incluidas las relacionadas con la protección del medio ambiente”. Agregó que Brasil y la comunidad internacional también deben conducir sus esfuerzos para reconocer a los derechos de los pueblos indígenas en virtud de su estrecha relación y conocimiento en el manejo de sus territorios y recursos naturales, así como el papel trascendental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en este tipo de contexto.
En este contexto, la CIDH y su REDESCA reiteran que los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a los defensores de los derechos humanos o sugieran que las organizaciones ambientales actúen de manera inadecuada o ilegal, únicamente porque realizan su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos. Los gobiernos deben dar instrucciones precisas a sus funcionarios para que se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen a estos actores sociales y deben tener extremo cuidado de que sus políticas o declaraciones públicas no fomenten prácticas que deforesten la Amazonía y la dañen.
Finalmente, la CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados Miembros de la OEA, en particular a aquellos que bordean la cuenca del Amazonas, y particularmente a Brasil, para coordinar acciones en torno a esta tragedia ambiental transfronteriza, investigar adecuadamente sus orígenes y, cuando corresponda, sancionar a los responsables, así como tomar medidas preventivas reforzadas desde una perspectiva de derechos humanos para evitar situaciones similares en el futuro. Además, las personas y los grupos que se ven particularmente afectados por tales incendios deben estar adecuadamente protegidos y tener acceso a formas de reparación. En particular, se debe prestar especial atención a los pueblos indígenas y tribales presentes en el área y los territorios afectados que tienen la presencia de pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial, con el objeto de implementar un plan de emergencia que evite daños mayores a sus derechos humanos.
La REDESCA es una Oficina de la CIDH, creada especialmente para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de sus mandatos de promover y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
