Este jueves 23 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció acerca de la situación de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, de igual manera alertó a los regímenes de ambos países a preservar la vida e integridad de estas personas.
IDAED / Tal Cual.
A través de la red social en Twitter, la CIDH formuló un “llamado urgente” al chavismo a garantizar la “vida e integridad” de los presos políticos, y a investigar “con la debida diligencia” la muerte de personas que estaban en poder del Estado.
En un comunicado, el organismo insistió en su denuncia de que en Venezuela “existe un contexto de persecución sistemática y criminalización a las personas que son percibidas como opositoras al Gobierno”.
Destacó los datos de la organización Foro Penal, según los cuales en la actualidad “hay 244 personas presas políticas” en Venezuela (230 hombres y 14 mujeres).
La Comisión afirmó haber recibido en los últimos días información sobre “el grave estado de salud” de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, calificado por Amnistía Internacional como «preso de conciencia», quien se encuentra privado en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Defensores de derechos humanos aseguran que en las últimas semanas Javier Tarazona ha presentado alteraciones cardíacas constantes, que conjugadas con su cuadro de salud, «ponen en riesgo su vida». Actualmente sus familiares piden a Nicolás Maduro su liberación inmediata tras 173 días de detención por estar acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
De igual forma, el organismo expresó su “preocupación” por otros presos políticos que han muerto en las instalaciones de Helicoide, “sin que se haya producido un verdadero esclarecimiento de las circunstancias”.
Al respecto, recordó el fallecimiento, el pasado 12 de octubre, del exministro de Defensa de Venezuela Raúl Baduel, detenido desde 2009 y quien fue un aliado del fallecido Hugo Chávez.
La CIDH reiteró su llamado a las autoridades venezolanas “a iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, orientada a determinar de la verdad y, eventualmente, a sancionar a las personas que pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad” en ese hecho.Por otro parte, el organismo también expresó su solidaridad con las más de 150 personas que permanecen privadas de la libertad arbitrariamente en Nicaragua y denunció que algunas de ellas “fueron procesadas en audiencias clandestinas, continúan en total aislamiento, y enfrentan riesgos a su vida e integridad”.
Agregó que “La CIDH urge al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, pues es una precondición para iniciar un diálogo efectivo y legítimo que permita el restablecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos en el país”.
