En este grave contexto, la CIDH recibió con preocupación las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptadas los días 2, 7 y 8 de mayo, inmediatamente después de la actuación fiscal interpuesta contra varios diputados de la Asamblea Nacional, en cuya virtud se levantó la inmunidad parlamentaria de 9 diputados por supuestos delitos tales como “traición a la Patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”.
En virtud de dichas actuaciones el Vicepresidente de la Asamblea, Diputado Edgar Zambrano, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el 8 de mayo de 2019. La CIDH observa que esta acción constituye una grave injerencia sobre el Poder Legislativo dirigida a obstaculizar el ejercicio de sus funciones constitucionales.
La detención del Diputado Zambrano se suma a la del Diputado Gilber Caro, detenido el 26 de abril por funcionarios del mismo servicio de inteligencia en el estado Miranda, cuyo paradero hasta el momento se desconoce; a la del diputado Juan Requesens, detenido desde el 7 de agosto de 2018; y a la reciente detención e incomunicación de Roberto Marrero, Director del Despacho del Diputado Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como Presidente Encargado de Venezuela.
La CIDH recibió información adicional acerca de una acción aparentemente concertada en el país, y que habría resultado en amenazas por grafiti, entre ellas: “Te tenemos, vamos por ti. Colectivos”; “Raúl Pages, mamaguevo, te toca a ti”; “Vamos por ustedes, los colectivos”; “Virgilio tienes tus horas contadas”. Dichas amenazas habrían aparecido simultáneamente en las casas de al menos 15 Diputados y Diputadas de distintos estados del país.
En un contexto en que los y las integrantes de la Asamblea han sido agredidos, detenidos, incomunicados, y en que este Poder del Estado estaría funcionando además sin presupuesto, la CIDH otorgó medidas cautelares en beneficio de Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional reconocido como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela desde enero de este año. Con posterioridad las medidas fueron ampliadas a su Director de Despacho Roberto Marrero, y a Sergio Vergara, Diputado de la Asamblea Nacional.
La CIDH instó al Estado a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal y garantizar la seguridad de dichas personas.
Anteriormente, ya había otorgado otras medidas cautelares dirigidas a proteger a miembros de la Asamblea Nacional de los hostigamientos y agresiones que han enfrentado directamente, en algunos casos en el contexto de la privación de la libertad, así como en vista de las declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades que generan un clima de animadversión propicio para la afectación a sus derechos.
Entre los beneficiarios de tales medidas cautelares se encuentran Julio Borges, Tomás Guanipa, Luis Florido y José Guerra, quienes en su momento fueron, respectivamente, Presidente y Diputados de la Asamblea Nacional; Williams Dávila, en su momento Diputado por el Estado de Mérida; y Juan Carlos Requesens Martínez, del partido político “Primero Justicia” y entonces Diputado de la Asamblea Nacional.
La CIDH condena enérgicamente los ataques dirigidos a la Asamblea Nacional y a sus miembros y llama a las instituciones del Estado a abstenerse de adoptar decisiones que afecten la separación de poderes y la democracia representativa. Asimismo, hace un llamado a respetar los derechos de los Diputados y al Jefe de Despacho del Presidente Encargado que se encuentran detenidos, inclusive el de la libertad personal.
Además, la CIDH llama al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional Constituyente a cesar sus intromisiones en el trabajo de la Asamblea Nacional, elegida democráticamente; a respetar la inmunidad parlamentaria de sus miembros; y a garantizar el ejercicio de sus mandatos constitucionales.
La CIDH advierte que la grave crisis de derechos humanos en el país está enmarcada en un contexto de estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno; la detención de personas opositoras y manifestantes; y las restricciones a libertad de expresión. En la última semana de abril e inicios de mayo al menos 5 personas, entre ellas 3 adolescentes, habrían perdido sus vidas, y 273 personas, entre ellas 19 adolescentes, habrían sido detenidas en el marco de las protestas.
La CIDH insta al Estado a cesar la represión violenta de las protestas; abstenerse de utilizar cuerpos militares, policiales especiales y grupos colectivos armados para la represión; a abstenerse de detener arbitrariamente y enjuiciar a manifestantes; a liberar prontamente los presos políticos; y a proteger la vida de las personas bajo su jurisdicción. Asimismo, insta a Venezuela a realizar todas las gestiones necesarias para investigar y sancionar a los responsables de las mencionadas violaciones de derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
