Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el miércoles una visita oficial a Ecuador para analizar la situación de las personas privadas de la libertad, en medio de una las peores crisis carcelarias de la nación que acumula en este año más de 300 fallecidos por enfrentamientos violentos.

IDAED / Antilavado de Dinero.

La misión oficial está liderada por el Relator de Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, Stuardo Ralón, junto con el equipo de la Secretaría Ejecutiva del organismo.

La agenda de trabajo incluye reuniones con el presidente Guillermo Lasso, el canciller Mauricio Montalvo, autoridades del sistema de rehabilitación social, sobrevivientes de la violencia intracarcelaria, sociedad civil y asambleístas. Además, visitará las cárceles de Quito, Guayaquil y Latacunga, informó el organismo.

Ecuador ha soportado en 2021 al menos cuatro episodios sangrientos por enfrentamientos entre bandas delictivas que se disputan el control al interior de los centros penitenciarios y que, según las autoridades, está vinculadas con organizaciones criminales transnacionales, especialmente con grupos delictivos mexicanos como el Cartel de Sinaloa.

La CIDH ha reiterado su preocupación al Estado ecuatoriano y ha recordado su obligación de garantizar el derecho a la vida e integridad de los privados de libertad bajo su custodia. La Comisión ha documentado que las 316 muertes en las cárceles ocurridas en lo que va de este año multiplican casi siete veces los 46 fallecimientos reportados en 2020.

Una comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que trabajó en un informe de 600 páginas sobre la crisis carcelaria en Ecuador, entregará su estudio a la misión de la CIDH con 55 conclusiones y 77 recomendaciones.

Entre los resultados de dicho trabajo se establece la responsabilidad del Estado en la crisis penitenciaria, dijo a The Associated Press el presidente de la mesa legislativa, Ramiro Narváez. Aseguró que “hay un abandono por parte del Estado a los procesos de rehabilitación social, una violación permanentemente de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad… y la condición en la que ellos viven al interior de las cárceles genera hacinamiento y violencia”.

El complejo de centros penitenciarios en Ecuador tiene una capacidad para unos 30.000 detenidos, pero acoge a 38.186, de acuerdo con cifras oficiales.

Narváez consideró fundamental la presencia del organismo internacional, cuyas conclusiones deberá acoger el gobierno nacional e implementarlas.

A su criterio, la solución para la crisis carcelaria requerirá de una reestructuración total del sistema penitenciario, que no tiene el personal necesario. Además de un cambio en el eje de la justicia que “ha abandonado a los privados de libertad” y que ha dado un mal uso a la prisión preventiva haciendo de Ecuador uno de los países más punitivos.

También ha fallado en tramitar los beneficios penitenciarios de quienes han cumplido un 70% u 80% de su pena y podrían recuperar su libertad, haciendo de este “un proceso burocrático, lleno de extorsiones, chantajes y corrupción”, acotó.

Desde la sociedad civil Bianca Gavilánez, vocera de la Fundación Dignidad que integra el colectivo Alianza contra las prisiones, propondrá durante una reunión que mantendrá con los delegados de la CIDH un régimen de visitas periódicas del organismo internacional “hasta que realmente exista un plan coherente e integral en torno a la situación carcelaria nacional”.

Según Gavilánez, una solución viable es la fijación de una política que libere a quienes están presos por delitos contra la propiedad como robo y hurto, algunos de la cuales pagan con prisión por montos de 20 dólares, dijo. A ellos se sumarían quienes estén por cumplir sus condenas y las mujeres privadas de libertad que tengan hijos en las cárceles. De acuerdo con sus estimaciones, estas medidas despejarían la población penitenciaria con la salida de al menos 26.000 personas.

Esto debería ir de la mano de una reforma al Código Integral Penal vigente desde 2014 que, a su criterio, fortalece un aparato de control punitivo que a través de decretos de excepción ha demostrado que “no puede responder ante la crisis penitenciaria que se ha convertido en una masacre sistemática”, concluyó.

Pero la propuesta de las organizaciones civiles se contradice con el plan de seguridad planteado por el gobierno, que anunció una inversión para la repotenciación de los centros penitenciarios y la construcción de nuevas instalaciones para solucionar el hacinamiento.

Según un diagnóstico de las cárceles ecuatorianas realizado por la Universidad de las Américas y el centro de Etnografía Interdisciplinario Kaleidos, el porcentaje de hacinamiento del sistema penitenciario es del 29%. Del total de detenidos, al menos un 30% tienen entre 18 y 29 años. Entre los delitos que más se han cometido se registra que un 28% está detenido por aspectos relacionados con drogas y 26% por delitos contra la propiedad.

Las cifras divulgadas por el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad dan cuenta de unos 14.000 detenidos que no cuentan con sentencia condenatoria pero cumplen prisión preventiva.