2019 no fue un buen año para Venezuela; lejos de avanzar en la resolución de su grave crisis institucional y humanitaria la situación se agravó. Así lo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que corresponsabilizó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de esta situación por seguir destruyendo la democracia y vulnerando los derechos humanos, al emitir «decisiones en desmedro de la Asamblea Nacional de forma sistemática» y por continuar «avalando prórrogas irrestrictas a los estados de excepción» vigentes desde 2016.
En su informe correspondiente a su gestión durante el año pasado, la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) achacó a la falta de Estado de derecho reinante en el país la «dramática situación que vive la mayoría de los venezolanos», la cual los ha obligado a salir en masa al exterior en los últimos años.
«La ausencia de un sistema operante de pesos y contrapesos se observa en el hecho que el Poder Ejecutivo continúe ejerciendo poderes extraordinarios, y haya prorrogado el estado de excepción al menos 20 veces desde 2016, sin la aprobación de la Asamblea Nacional como exige la Constitución», se denuncia en el reporte, en el cual se afirma que esto ha facilitado la creación de «un contexto estructural de persecución a la disidencia que se caracteriza, entre otras cosas, por la militarización de la seguridad pública, las arbitrariedades, y el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones por desabastecimientos de alimentos, la interrupción de servicios públicos y la escasez de insumos básicos».
Magistrados al banquillo
Por decimoquinto año consecutivo, la CIDH mantuvo a Venezuela en su capítulo IV, considerado por los medios de comunicación y los expertos en derechos humanos como su «lista negra». En el informe se deja en claro que el comportamiento del máximo juzgado pesó en esta decisión.
A la hora de explicar por qué Venezuela figura junto a Cuba y Nicaragua en el grupo de países a los que ha decidido vigilar con especial atención, la Comisión razonó lo siguiente:
«La prolongación indefinida e irrestricta del estado de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente electa, la falta de independencia judicial, la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la ausencia de garantías para la celebración de elecciones libres y democráticas, y en general, la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil, evidencian una clara alteración del orden constitucional»,
Los decretos de estados de Excepción dictados desde enero de 2016 han sido avalados de manera irrestricta por la Sala Constitucional del TSJ, la cual simultáneamente ha dictado más de 149 sentencias contra el Parlamento. Asimismo, la CIDH se mostró alarmada por el hecho de que muchos de los fallos que el máximo juzgado ha emitido en los últimos doce meses contra el Legislativo o contra disidentes no fueron publicados en su momento sino que se anunciaron a través de notas de prensa.
Con respecto a la actuación del Poder Judicial, el organismo regional tomó nota de los estudios e investigaciones elaboradas por Acceso a la Justicia.
El remedio
En su informe, la Comisión no se limitó a formular críticas y denuncias contra el comportamiento del Gobierno y del aparato judicial, sino que realizó una serie de recomendaciones para revertir la situación. La primera de estas es el restablecimiento del orden constitucional, «garantizando la independencia y equilibrio de poderes» y permitir a la Asamblea Nacional ejercer sus funciones.
En el caso de la justicia, instó a las autoridades a:
“adoptar medidas urgentes para reducir significativamente el número de jueces provisorios y aumentar el de titulares; asegurar que, incluso teniendo carácter provisorio, los jueces solo sean removidos mediante un proceso disciplinario respetuoso de las garantías del debido proceso, y especialmente, del deber de debida motivación; y otorgar garantías para su estabilidad en el cargo”.
Organizaciones como el Bloque Constitucional sostienen que el 75% de los casi 2 mil jueces que hay en el país no son provisorios, es decir, que el TSJ los puede remover de un momento a otro sin ningún tipo de procedimiento que respete el debido proceso. «La Comisión ya ha dicho que la alta provisionalidad de jueces afecta la independencia del Poder Judicial», reiteró la instancia en su informe.
No obstante, el organismo internacional dio por hecho que sus recomendaciones caerán en saco roto, pues «el Estado no parece estar tomando acciones efectivas para remediar» la grave crisis política y humanitaria. «Por el contrario, persiste en valerse del uso excesivo de la fuerza para restringir los espacios democráticos y así debilitar la ya de por sí crítica institucionalidad del país».
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El informe de la CIDH pone de manifiesto las terribles consecuencias que acarrea para la democracia, los derechos humanos y, en último término, para los ciudadanos la actual sumisión de la justicia al Gobierno.
El control que el chavismo ejerce sobre los tribunales le ha permitido liquidar el sistema democrático vigente desde 1958 y reemplazarlo por un régimen autoritario en el que los intereses de los ciudadanos son secundarios.
El escritor español Francisco de Quevedo ya lo advertía: «Donde no hay justicia es un peligro tener la razón». Los torturados y detenidos arbitrariamente por los cuerpos policiales a lo largo de 2019 por simplemente expresar su descontento con el Gobierno, que el reporte de la CIDH visibiliza, seguramente corroborarán esto.
La falta de un Poder Judicial independiente ha permitido que la voluntad popular expresada en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 haya sido anulada, impidiéndole a la AN adoptar medidas que han podido paliar la actual crisis social y económica como la de facilitar el ingreso de ayuda humanitaria, por mencionar solo una.
Asimismo, el reporte pone de manifiesto la importancia que en las actuales circunstancias juegan las organizaciones de la sociedad, como Acceso a la Justicia, las cuales han suministrado importantes datos a la CIDH para entender lo que ocurre en el país.
Esto en vista de que las autoridades chavistas le niegan insistentemente al organismo la posibilidad de visitar el país para verificar in situ la situación.
