A tres años de las sanciones comerciales que impuso el gobierno de los Estados Unidos a Petróleos de Venezuela (PDVSA), el balance en materia política es que no se ha cumplido el objetivo de propiciar la salida de Nicolás Maduro del poder y lo económico la empresa estatal ha optado por vías alternas para frenar la caída de la producción y mantener cierto nivel de las exportaciones hacia China.

RL / Idaed / Petroguia

“El crudo se ha enviado a Malasia y para nadie es un secreto que PDVSA ha tenido que hacer cambios en el tipo de embarcación para llevar el crudo hacia su destino final que es China”, señala el abogado César Mata García, experto en materia de hidrocarburos. “Para China es más barato adquirir el crudo que venezolanos en Malasia que hacer inversiones en Venezuela por dos razones: en primer lugar, por seguridad jurídica; y segundo, financiero porque no tiene garantía del retorno de la inversión”, agrega.

Recuerda que las sanciones contra la administración de Maduro se iniciaron en el gobierno de Barack Obama en el año 2015 con la Orden Ejecutiva 13.692, y posteriromentese fueron intensificando durante los cuatro años de gestión de Donald Trump: con las órdenes o decretos 13.808 de agosto de 2017, 13.827 de marzo de 2018, 13.835 de mayo de 2018, el 13.850 de noviembre de 2018 y en 2019 con las ordenes 13.857 y 13,884 que prohibieron a PDVSA exportar hacia el mercado estadounidense

Indica que junto a esas órdenes ejecutivos, se agregan licencias generales que se han emitido para otorgar determinados permisos en el marco de las restricciones adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, entre las que se encuentra la otorgada a los tenedores del bono PDV 2020 -con una limitación en la opción de ejecutar la hipoteca que los haría propiestarios de Citgo por el incumplimiento de PDVSA en sus obligaciones y la que se les otorgó a cinco empresas petroleras norteamericanas, comenzando por Chevron.

“Las renovaciones de las Licencia General 5 referida a los bonos PDV 2020 se habían venido dando por períodos de tres a seis meses pero pareciera que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro) optó por renovarla por un año y acabar con los rumores de que la licencia no se iba a extender y se iba a ejecutar la hipoteca  Citgo”, dijo Mata García.

En cuanto al caso de Chevron, el experto señala que el gobierno de Joe Biden decidió matener el status quo de que la empresa siga en Venezuela pero con lmitaciones que solo le permiten  gastos mínimos para el mantenimiento y las operaciones en detrimento de elevar la producción, hacer perforaciones y exportar crudo o diluyentes.

“Las sanciones no tuvieron la efectividad política que se previó cuando fueron dictadas y que se utilizaron como una herramienta para instaurar la democracia en Venezuela, pero si han tenido impacto económico y financiero porque no solo se ha impedido a las empresas y ciudadanos estadounidenses hacer actividades en Venezuela sino que a las empresas o ciudadanos venezolanos han visto como se le han cerrado cuentas y acceso a la banca americana”, puntualizó.

Un pastel llamado Ley Antibloqueo

Cesar Mata García argumenta que la Ley Antibloqueo utilizada por el gobierno de Maduro para captar inveresiones, incluído en el sector de los hidrocarburos, no ha sido efectiva y no ha generado los cambios que se habían anunciado.
“Cuando hablo de cambios me refiero no solo a la parte económica sino también a la operativa e incluso a la parte regulatoria. Se habló en algún momento de modificar las leyes necesarias para generar la apertura y la inversión y eso no se ha dado”, afirma el abogado.

“Si vemos ese instrumento, que no se si llamarlo jurídico, se utiliza como argumento los derechos humanos y lo que terminó siendo es un gran pastel de ideas y se convirtió más en una ley habilitante disfrazada de una ley que se llama constitucional”, añade.