Puente Ayala liberado en tiempo record, éxito total de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, para combatir focos de violencia y de delitos. Seguiremos avanzando en establecer seguridad, tranquilidad y protección de nuestro país. Totalmente controlados los centros penitenciarios de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala”, anunció este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la transmisión del programa Con Maduro+.
En esta edición número 23 del programa conducido por el jefe de Estado, se pudo conocer que a partir de operaciones especiales, orquestadas desde el Internado Judicial de Aragua, Internado Judicial de Carabobo e Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, se pretendía distribuir armas a grupos delictivos para llenar de violencia el país, “si sumamos todas las armas largas que hemos conseguido, superamos las 600. Un ejército de armas largas para guarimbear”.
De igual forma, señaló que el epicentro de ataque serían ciudades claves, regiones claves, mediante acciones ejecutadas por grupos delincuenciales pagados, “bien pagados, con dólares”.
Igualmente, enfatizó que la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro fue un operativo exitoso y ejemplar, que coloca a Venezuela como una referencia de respeto y legalidad, en contraste con las terribles consecuencias de la crisis carcelaria en países de la región, “todo el accionar estuvo apegado a leyes nacionales y protocolos internacionales, respetando los derechos humanos, porque garantizamos los derechos fundamentales a todos sin distinción, y preservamos el legítimo derecho a la defensa y la justicia”.
La operación de liberación Cacique Guaicaipuro está integrada por funcionarios y efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGSIM) del Ministerio del Poder Popular para la Defensa; y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); así como un equipo multidisciplinario, conformado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público (MP), la Defensa Pública (DP), la Defensoría del Pueblo, y del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, a fin de garantizar los Derechos Humanos de los privados de libertad.
