2021 fue un año de retrocesos para Centroamérica. Una región comúnmente relegada en el plano regional comenzó a llamar la atención de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, por la notoria falta de libertades y la consolidación del autoritarismo en países como Nicaragua y El Salvador.

RL / Idaed / El Faro

No cabe duda de que cada país tiene sus matices. Sin embargo, el hilo conductor tomó forma en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, a la separación de poderes y la lucha anticorrupción, aseguró Tiziano Breda, analista de Crisis Group para el Triángulo Norte y Nicaragua, en entrevista con PanAm Post en el marco de este resumen anual.

Cobró especial protagonismo el avance del autoritarismo en El Salvador bajo el mando del “milenial” Nayib Bukele, así como Nicaragua con la amañada reelección de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, que les aseguró su cuarto mandato consecutivo.

Honduras también fue noticia a final de año por la elección de Xiomara Castro, la esposa del exmandatario Manuel Zelaya, como nueva presidente, con ideales políticos que podrían hundir al país en un sistema similar al de sus vecinos. Sin embargo, el próximo año será determinante para medir el impacto de su elección. Bajo este paraguas se configuró el mapa político centroamericano.

El “dictador de El Salvador”

Así se autodenominó Nayib Bukele en septiembre de este año. Fue un gesto sarcástico del mandatario en su cuenta de Twitter, que la comunidad internacional vio como una amenaza real. Y es que desde la Casa Presidencial se dieron órdenes políticas y económicas que han ido debilitando el sistema democrático.

Una de las medidas más escandalosas se dio cuando la Asamblea salvadoreña instalada en mayo ordenó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal, así como la aprobación de la reelección a pesar de que la Constitución vigente lo impide.

Bukele dijo en Twitter: «Estamos limpiando la casa». Pero desde afuera fue visto como un golpe a la democracia. Este tipo de declaraciones en redes sociales también se hizo común. Al querer ser visto como un presidente «cool» y «milenial», la mayoría de los anuncios los hizo a través de esta plataforma. En resumen, gran parte de su gestión fue a través de las redes sociales. Como muestra están los “sábados de bullying” para atentar contra la prensa usando a sus seguidores cuando se publican investigaciones «incómodas» en su contra.

Esta y otras arremetidas contra la libertad de expresión provocaron que El Salvador bajara ocho peldaños en la clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021, elaborada por Reporteros Sin Fronteras. El balance incluyó el hecho de que en los últimos años varios periodistas han sido asesinados y se han registrado diversos casos de agresiones.

La economía del bitcoin

Igual de importante fue la adopción del bitcoin como moneda oficial de El Salvador. Más de cinco millones de dólares en fondos públicos se perdieron porque el 7 de septiembre el precio del bitcoin cayó cerca de 11 % en relación con el valor más alto del día anterior. A esto se suman denuncias por uso regular de datos en la Chivo Wallet con fines desconocidos. Días después salieron a la luz nexos con la compañía chavista Alba Petróleos a través de empresas de papel, según una investigación de El Faro.

Los impactos a largo plazo aún están por verse, indicó Tiziano Breda, analista de Crisis Group. Hay tres razones por las cuales Bukele adoptó el bitcoin según el experto:

• La necesidad constante del gobierno de alimentar una imagen diferente, de un presidente milenial, de vanguardia, que está al paso de los tiempos. La decisión se dio en el marco de críticas internacionales por la instalación de la Asamblea y la destitución de jueces. Fue una estrategia de rebranding.
• Tomando en cuenta que sirve a los salvadoreños en el exterior para el envío de remesas por Chivo Wallet, esto responde al interés de alimentar la imagen positiva y el apoyo fuera del país. Coincidiendo con la adopción del bitcoin se da la aprobación de la ley de votos en el exterior para aumentar el caudal de sufragios a Bukele y acrecentar las posibilidades de la continuación de su proyecto político.
• Intentar eludir la presión internacional a través de la apuesta de recaudar recursos mediante una plataforma que no está muy regulada. Se da para tratar de asegurar una fuente más cómoda de financiación o inversión en contraste con préstamos internacionales como del Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros que imponen más condiciones.

Dispuesto a todo

En puertas está una ley clonada de Nicaragua para supervisar y fiscalizar los fondos de las organizaciones no gubernamentales. Bukele la elevó al Congreso con la intención de cobrar 40 % de impuestos sobre la financiación extranjera, establecer el cierre de organizaciones por infracciones e imponer entre 2 y 5 años de prisión para quienes «atentan contra el orden público, la seguridad nacional o la soberanía».

Es un mandatario dispuesto a todo. Por ahora la alta popularidad que mantiene se lo permite. Pero no hay que olvidar que las tensiones con EE. UU. aumentaron y sus decisiones han sacado su lado más autoritario en el país de Centroamérica. A inicios de diciembre dos funcionarios de su gobierno fueron sancionados por negociar apoyo político con los líderes de las Mara Salvatrucha 13 a cambio de incentivos financieros y privilegios en las cárceles.

El caudillo de Nicaragua

Daniel Ortega logró su propósito este 2021 de permanecer en la Casa de los Pueblos por cuarto periodo consecutivo. Para hacerlo, encarceló a sus principales adversarios y logró que ninguno pudiera inscribir su candidatura ante el Consejo Supremo Electoral (CSE). Hasta el 1 de noviembre eran 39 opositores presos y un día antes de las elecciones, la dictadura sandinista sumó otros nueve.

Para disimular su autoritarismo, anunció la intención de un falso diálogo luego de los comicios. Es algo que necesita para mantenerse en el poder con el fin de «pretender algún tipo de desescalamiento» a sabiendas de que es una demanda que se está dando a nivel internacional, según expertos. Es quizás una de las maneras para recuperar algún tipo de legitimidad luego de las elecciones.

No hubo contemplación de parte de Ortega y de su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo. A los tres principales partidos opositores se les arrebató su personería jurídica —Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC)— y como resultado, solo quedaron organizaciones políticas sumisas al régimen para llevar adelante una maniobra conocida como “zancudismo”, que no es más que la participación de una oposición falsa «a cambio de prebendas o parte de los recursos públicos que el régimen de Ortega maneja».

Ahora que concretó su propósito de mantenerse en el poder, la expectativa para 2022 es que Ortega cambie su línea de acción. Tiziano Breda, de Crisis Group, explicó que la necesidad que tiene actualmente es asegurar un mínimo de gobernabilidad. “Los presos políticos van a tener un costo cada vez mayor por tenerlos en esa situación, pero dependerá mucho del cálculo de Ortega y también de cómo se configure la respuesta internacional y la oposición. Si sigue fragmentada y poco concertada, posiblemente vamos a seguir en este contexto de represión generalizada que está experimentando el país”.

Aislamiento internacional

Apenas pasaron las falsas elecciones, el régimen anunció su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría sandinista. Este tipo de decisiones ya venían generando incomodidades en la comunidad internacional.

El resultado se tradujo en un mayor cerco internacional y la prohibición de entrada a los Estados Unidos al dictador Daniel Ortega y su gabinete. La medida llegó acompañada de sanciones del Departamento del Tesoro contra el Ministerio Público tras la farsa electoral. Cuatro meses antes, EE. UU. había anunciado la cancelación de visado a 100 funcionarios sandinistas que «impulsaron el asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia».

Por su parte, la Unión Europea tomó la decisión de extender hasta el 15 de octubre de 2022 las sanciones contra altos funcionarios del régimen, entre ellos la primera dama Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega, director de una de las principales cadenas televisivas del país por “graves vulneraciones a los derechos humanos”.

Cuando el CSE anunció la victoria de Ortega, países como EE. UU, Costa Rica y Chile desconocieron el resultado. Esto sin duda avizora un aislamiento para el país centroamericano.

Freno parlamentario al socialismo en Honduras

Xiomara Castro ganó la presidencia y bajo su brazo trae un plan chavista que comprende la refundación de Honduras como nación socialista.

La buena noticia para la democracia es que el Partido Libertad y Refundación (Partido Libre), el cual impulsó la candidatura de Castro, solo obtuvo 50 curules en el Congreso, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). No alcanzó la mayoría simple (65 de 128 curules) y mucho menos los 86 escaños necesarios para designar autoridades de órganos gubernamentales como el Poder Judicial.

Esto, según el análisis de Tiziano Breda, obligará a Castro a negociar con sus adversarios del Partido Nacional (44 escaños) y del Partido Liberal (22 escaños). Así el parlamento se convertirá en contrapeso a su mandato. Uno que ayudará a “recomponer el multipartidismo y posiblemente impulse la desconcentración del poder en Honduras”.