El viceministro de Política Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, William Castillo, señaló a Juan Guaidó y al economista Francisco Rodríguez como cabecillas de la mafia que despojó a Venezuela de Citgo, según la declaración ofrecida durante la clausura del I Seminario Antibloqueo 3R.NETS, que se realizó en la Asamblea Nacional.
Castillo dijo que el Gobierno Bolivariano ha sido solvente con sus deudas en el exterior; pero que, desde el año 2015, no pudo continuar el pago debido a la Orden Ejecutiva 13692, emitida por la administración del expresidente estadounidense Barack Obama, la cual prohibió las transacciones del Estado venezolano con los bancos.
Recordó que, desde 2008, el Estado venezolano cancelaba su deuda con la minera canadiense Crystallex, toda vez que había perdido el caso ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York; pero desde que se publicó el “Decreto Obama”, ya no pudo seguir con los pagos.
Citó Castillo, el inconveniente con Crystaller, como ejemplo de los obstáculos que el Estado venezolano ha encontrado a la hora de cancelar sus deudas. Expresó que, además del cerco financiero, se suma la instalación de la directiva ad hod de Citgo, durante el pretendido “interinato” de Guaidó. Refirió que, a semanas de haberse autoproclamado Guaidó, el 5 de enero del 2019, comenzó la operación de despojo de Citgo y asumió el control de la compañía petrolera.
Reveló que al desconocer al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y al reconocer los tribunales estadounidenses a la AN-2015, comienzan a dejar de resolver los problemas de Citgo y no asisten a las audiencias, por lo que la defensa del Estado venezolano quedó en el limbo ante la justicia norteamericana.
Debido al abandono judicial, Castillo señaló a Guaidó, junto a otros exparlamentarios, como responsables de haber perdido ante los acreedores de Citgo, propiedad de todos los venezolanos.
Expresó que Citgo es la séptima empresa petrolera más importante en Estado Unidos; posee tres refinerías, 4 mil 200 estaciones de servicio y tiene un valor de 13 mil millones de dólares.
Por su parte, la diputada Tania Díaz, señaló que se cubren con el disfraz de políticos y no lo son porque forman parte de una mafia criminal nacional conectada con otra internacional. Agregó que, “no sólo quieren robar activos en el exterior, también quieren hurtar el futuro de la juventud venezolana al propiciar las medidas coercitivas unilaterales”.
